Publicado: 02.12.2013 08:21 |Actualizado: 02.12.2013 08:21

Matas será juzgado hoy por exigir un cohecho de 42.000 euros a un hotelero

El expresidente balear está acusado de presionar a un empresario mallorquín para que simulase la contratación de su mujer con el objetivo de encubrir el pago ilícito que recibió del hotelero como prebenda.

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El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, quien se encuentra a la espera de conocer si debe ingresar en prisión por los nueve meses de cárcel que pesan sobre él por una de las piezas del caso Palma Arena, volverá este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado, en esta ocasión, por presuntamente haber presionado a un hotelero mallorquín para que simulase la contratación de su mujer con el único objetivo de encubrir la dádiva de 42.111 euros que el empresario habría entregado al exministro como prebenda.

Se trata de unos hechos por los que la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal (cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que solicita para él una pena de 9.000 euros de multa así como el comiso de los 42.111 euros cobrados de forma supuestamente ilícita.

Circunstancias, además, similares a las que se dieron en su día en el caso del enjuiciamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien fue acusado de un delito de cohecho pasivo impropio por considerar que, en virtud de su cargo, recibió de la trama Gürtel regalos en forma de trajes. Tanto Camps como el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa resultaron absueltos en el marco de ese procedimiento judicial.

El juicio contra Matas, correspondiente a la pieza seis del caso Palma Arena, tendrá lugar ante un tribunal del jurado, que comenzará a constituirse a partir de las 10.00 horas, tras lo cual arrancará la vista oral con la lectura de los escritos del Ministerio Público y de la defensa de Matas así como con el interrogatorio del acusado.

En concreto, los hechos se remontan a finales de 2006. Con la finalidad de incrementar sus recursos económicos, Matas contactó con el administrador de Hotel Valparaíso, Miquel Ramis, para solicitarle que le entregase 3.000 euros al mes aprovechando su posición como presidente del Ejecutivo balear. No obstante, a efectos de cubrir las apariencias, el entonces alto cargo pidió al hotelero que fingiese un contrato de trabajo de un año de duración para su esposa, Maite Areal, con el que simular que se trataba de ingresos legítimos. Unas pretensiones a las que accedió Ramis, en cuyo establecimiento hotelero había organizado actos y mítines del PP, al sentirse "comprometido y presionado" ante la "ascendencia" que el exministro le otorgaba y la capacidad de influencia que le presuponía por los cargos que ocupaba, según sostiene la Fiscalía.

Sin embargo, el empresario, postula la acusación pública, era consciente en todo momento de que Areal no iba a desarrollar labor alguna para su establecimiento —pese a que el contrato contemplaba la realización de funciones de relaciones públicas— y que el monto mensual que iba a pagar al matrimonio "no era más que una simple prebenda o dádiva". Así, dada de alta en la Seguridad Social y siéndole abonados en concepto de nómina 2.938 euros netos mensuales durante todo 2007, más dos pagas extraordinarias en junio y diciembre, Areal acabó percibiendo hasta un total de 42.111 euros.

La Fiscalía recalca que la mujer de Matas, tal y como había exigido su marido, no desarrolló trabajo alguno y ni siquiera acudió a la sede del hotel Valparaíso durante el año que duró la simulación laboral. Así las cosas, Ramis ordenó finalmente la rescisión del contrato ante el coste económico que para su negocio representaba abonar una nómina mensual sin contraprestación alguna. Cabe recordar que, en el marco de este procedimiento judicial, la defensa de Matas alegó que el delito de cohecho del que se le acusa habría prescrito y que le había sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, si bien ambas cuestiones fueron desestimadas.