Publicado: 01.12.2016 21:56 |Actualizado: 02.12.2016 14:23

Maza planea no renovar al fiscal jefe de Murcia, que persigue al presidente de la autonomía por corrupción

Manuel López Bernal está en el punto de mira del nuevo Fiscal General del Estado, al igual que Juan Calparsoro, del País Vasco. Más de 30 altos cargos del ministerio público van a ser renovados.

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El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza (izda.), y el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza (izda.), y el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.

MADRID.- El nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, baraja no renovar a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, cuyo titular debe ahora barajar si envía el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde está aforado el político del PP.

La querella de la Fiscalía contra el presidente de Murcia se centra en cinco de los grandes delitos de corrupción política: prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación y administración desleal que podría haber cometido cuando era alcalde de Puerto Lumbreras al permitir “multiplicidad” de irregularidades en la construcción del auditorio de la localidad. En este sumario, conocido como caso Auditorio, son investigadas más de veinte personas.



Muy caro va a salir a López Bernal el haberse convertido en el azote de la corrupción en Murcia -donde ha abierto varias investigaciones que salpican a dirigentes populares-, de prosperar la decisión política de cesarlo.

Al tiempo que López Bernal cercaba la corrupción, se sucedieron noticias de una supuesta vinculación con grupos de izquierda, como Podemos. Por si fuera poco, un grupo llamado Asociación Justicia y Libertad presentó el pasado marzo dos querellas contra el fiscal superior partir de unos dossieres que circulaban contra él por la construcción de su vivienda familiar en una pedanía y por la contratación de su hija por parte de la Comunidad Autónoma. Los delitos que se investigan son contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Ahora llega su caída, aseguran las mismas fuentes. López Bernal fue nombrado en el cargo en el año 2006 por cinco años, y fue renovado por Consuelo Madrigal, la antecesora de Maza.

Caería Calparsoro, el fiscal del País Vasco

Otro de los fiscales en el punto de mira del nuevo responsable del ministerio público es el superior del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro Damián, quien fue nombrado en el año 2010 y lleva un año en funciones.

Calparsoro aspira a continuar en el puesto, aunque la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha quejado ante la FGE por sus críticas a la juez que investiga la muerte del joven Iñigo Cavacas, fallecido en 2012 de un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza.

El Gobierno aprobará en los próximos meses más de 30 nombramientos claves de la Fiscalía, que serán propuestos por José Manuel Maza.

La renovación afecta a toda una generación de máximos responsables que alcanzó el poder en la etapa de Cándido Conde-Pumpido, nombrado por el Gobierno socialista y cuyos cargos fueron renovados por Eduardo Torres-Dulce y después por Consuelo Madrigal.

Madrigal se plantó: quería a Luzón en Anticorrupción

Otro de los nombramientos ‘calientes’ es el del Fiscal Anticorrupción, puesto vacante tras la jubilación de Antonio Salinas por motivos personales.

“Consuelo Madrigal se negó a realizar nombramientos teledirigidos”, explican fuentes fiscales, que sitúan su caída en un pulso que mantuvo con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en torno al próximo Fiscal Anticorrupción, entre otros cargos. Madrigal no fue nombrada tras la formación del actual Ejecutivo y cesó con sólo dos años al frente de la Fiscalía General del Estado.

Luzón era partidario de la mano dura contra los responsables del fiasco de Bankia o las tarjetas Blacks

Madrigal quería nombrar en Anticorrupción a su estrecho colaborador Alejandro Luzón, pero este fiscal no era del agrado del Gobierno. Luzón es partidario de la mano dura en casos como el escándalo de la salida a bolsa de Bankia o las tarjetas black, donde están imputados

El máximo responsable de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada coordina en toda España los procesos de especial trascendencia, tanto de delitos económicos como los cometidos por funcionarios y gobernantes. Es un puesto clave y sus investigaciones han creado multitud de quebraderos de cabeza tanto al PP como al PSOE, PNV o la antigua CiU: Gürtel, Palma Arena y caso Nóos, ERES, Pujol, Bankia, Blacks, Campeón, Emperador, ICBC, Púnica, ‘caso Petrov’… Todos ellos son investigados por los fiscales especializados.

Maza baraja para Anticorrupción a un fiscal ajeno a este departamento, en vista de las tensiones internas, según fuentes jurídicas

Todo apunta a que Luzón, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de Anticorrupción, no saldrá propuesto por José Manuel Maza. Al parecer, el nuevo Fiscal General del Estado baraja para el cargo a alguien ajeno al ámbito de Anticorrupción, en vista de las tensiones internas que existen en dicho departamento.

Otras fuentes avanzan como posibles nombres el del conservador Javier Muñoz, fiscal del Supremo y ex fiscal superior de Navarra, así como Luis Rodríguez Sol, inspector fiscal.

Zaragoza sigue en la Audiencia Nacional... por ahora

El destino se presenta favorable para Javier Zaragoza, fiscal jefe en la Audiencia Nacional, por ahora, según las fuentes consultadas. Era otro de los motivos de las tensiones entre Madrigal y Catalá.

Uno de los máximos cuidados que debe mantener el Fiscal General es la apariencia de imparcialidad en sus decisiones, en especial en los nombramientos: los 2.500 fiscales observan sus pasos. Y como el diario ABC adelantó que Javier Zaragoza iba a ser cesado, las fuentes apuntan a que Maza ha optado por confirmarlo en el cargo para no dar pábulo a malos entendidos.

En total, Maza debe afrontar en las próximas semanas la confirmación o nuevo nombramiento de once fiscales de Sala, cinco fiscales superiores de comunidades autónomas, seis tenientes fiscales, nueve fiscales jefes de distintas Audiencias provinciales  y los fiscales jefes especializados de Anticorrupción, Antidroga, Medio Ambiente, Cooperación Internacional, Criminalidad Informática y Extranjería.

Pero los nombramientos ‘calientes’ y objeto de tensión son los de los fiscales jefes de Murcia y País Vasco, así como el máximo responsable de la lucha contra la Anticorrupción y el de la menguante Audiencia Nacional.

El fiscal jefe de Canarias está en el aire

Hay otro fiscal jefe en entredicho: el de Canarias, Guillermo García-Panasco, quien cuenta con el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales, no en vano fue su portavoz.

La actuación de García-Parnasco ha sido muy cuestionada en el escándalo que se sucede en Canarias y que tiene como epicentro las grabaciones del magistrado Salvador Alba a sus compañeros de tribunal y su pulso con la también magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, y su pareja, Carlos Sosa.

García-Parnasco arremetió contra Rosell cuando la juez anunció que será candidata por Podemos en las elecciones generales y abrió una investigación disciplinaria al conocerse que la pareja de la juez había vendido una licencia de radio a un imputado. Su irregular actuación sólo finalizó cuando el Tribunal Superior de Justicia de la autonomía dictó una medida cautelarísima para proteger los derechos fundamentales de la entonces candidata y para recordar que las sanciones disciplinarias son competencia del Consejo General del Poder Judicial y no de la Fiscalía.

La convocatoria de cada cargo saldrá publicada con el fin de dar 15 días de plazo a los candidatos que soliciten el puesto. Posteriormente, el Fiscal General del Estado eleva su propuesta al Gobierno, una vez oída la opinión del Consejo Fiscal, órgano asesor del máximo responsable del ministerio público.