Público
Público

Memoria histórica Un laberinto legal cortocircuita las exhumaciones del Valle de los Caídos

Pura Lapeña, nieta y sobrina de los hermanos Lapeña, mantiene su lucha por ejecutar la sentencia que avala la recuperación de los restos de sus familiares entre trabas del Estado, mientras afronta la incertidumbre de que el abandono del complejo funerario convierta en papel mojado la orden judicial de exhumación.

Publicidad
Media: 3.89
Votos: 9

El Valle de los Caídos alberga los restos de más de 34.000 víctimas de la guerra civil y la posterior represión franquista. REUTERS

“El prior y los abades del Valle de los Caídos no han cumplido con su deber de cuidar los restos” de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, denuncia Pura Lapeña, nieta y sobrina-nieta de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), asesinados sin juicio en los primeros días del sangriento verano de 1936 por su militancia anarquista. Sus exhumaciones del complejo funerario han sido las primeras ordenadas por un juzgado.

Sin embargo, en el horizonte de lo que iba a ser un hito histórico para el memorialismo comienzan a aparecer nubarrones con forma de laberinto legal: Patrimonio del Estado, propietario del complejo funerario, ha puesto sobre la mesa una serie de condicionantes técnicos y legales relacionados con el deterioro de los enterramientos que amenazan con frustrar esas exhumaciones, ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de El Escorial.

Los restos de los hermanos Lapeña están enterrados en el Valle de los Caídos, donde reposan los de otras 33.813 personas, entre ellas las del dictador Francisco Franco y el fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera. También las de Pedro Gil y Juan González, un joven soriano y otro malagueño que murieron alistados en las tropas sublevadas y cuyas familias también intentan recuperarlos.

Parientes de los cuatro permanecieron el pasado 23 de abril en la entrada del Valle de los Caídos mientras un equipo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja inspeccionaba, acompañado por arqueólogos y por técnicos de Patrimonio del Estado, el subterráneo en el que se encuentran los restos de todos ellos, en el tercer piso de la llamada Cripta del Sepulcro.

Era un paso previo a las exhumaciones que, sin embargo, ha acabado por añadir más incertidumbre a las familias.

¿Un nuevo pleito interminable?

"No nos dejaron entrar, como tampoco han dejado acceder al antropólogo Francisco Etxeberría, y al salir ni siquiera se pararon a hablar con nosotros; ni siquiera un momento", recuerda, con amargura, Lapeña. "La excusa que nos dieron era que no debíamos estorbar", añade.

Con todo, lo peor vendría unas horas después. "Antes de llegar a Zaragoza nos enteramos de que Patrimonio se plantea no tocar los huesos de quienes no quieren ser sacados de allí por sus familias", recuerda.

Los planes de Patrimonio, que comienzan por esperar y continúan por pedir dictámenes, plantean la incertidumbre de tener que emprender un nuevo pleito, de larga y compleja tramitación y de incierto resultado, para poder recuperar los restos de sus familiares.

Dos informes pendientes tras otro que condiciona la decisión

El primer hito, previsto para finales de mayo, consiste en recibir un informe del Instituto Torroja sobre la situación de las sepulturas y las opciones de acceder a ellas, de cuyo contenido depende, según otro dictamen de la Abogacía del Estado, que la sentencia que ordena la exhumación pueda acabar convirtiéndose en papel mojado.

Si los técnicos concluyen “que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña Altabás se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas en el mismo piso de la cripta”, la familia se vería abocada a interponer una nueva demanda civil al haber “derechos de terceros afectados” en una eventual exhumación, informa Patrimonio.

Pura Lapeña, segunda por la derecha, al lado del abogado Eduardo Ranz, el pasado 23 de abril. EFE

Ese proceso incluye un enorme obstáculo formal: incluir a los familiares de todas las personas sepultadas en esa zona del complejo funerario, de muchas de las cuales únicamente se conoce la procedencia de los restos, en la demanda o en el posterior proceso judicial, ya que los tribunales deberían tener en cuenta su criterio.

Junto con eso, Patrimonio advierte de que "no se producirá ninguna actuación para la exhumación de restos" sin otro informe previo del Consejo Médico Forense sobre "el procedimiento aplicable a la localización, identificación y exhumación de los restos cadavéricos de los señores Lapeña, así como la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN".

Es decir, que si los restos de los sepultados se han mezclado por el deterioro de los columbarios y el derrumbe de tabiques, la exhumación corre serio riesgo de quedar en el aire, incluso sin fecha, por motivos técnicos, por causas científicas y por cuestiones jurídicas.

"Solo han cuidado las tumbas de Franco y de José Antonio"

"Solo están cuidadas las tumbas de Franco y de José Antonio. El resto no les han importado. Están todas igual de deterioradas", indica Lapeña, cuando solo faltan unos meses para que el complejo funerario lleve seis décadas abierto al público.

"Si les hubiera importado algo se habrían preocupado, las habrían cuidado”, anota, al tiempo que recuerda cómo tras la inspección que en 2010 constató oficialmente por primera vez el deterioro de los columbarios "no se ha hecho nada ¿Por qué han permitido que hayan seguido deteriorándose ocho años y que la humedad los dañe?"

"Oficialmente, no nos han comunicado nada", apunta Lapeña, para quien la situación "es desesperante" tras años de pleitos para recuperar los restos de sus familiares.

No obstante, su determinación es lograr la exhumación: “vamos a intentar llegar. Tenemos una sentencia firme, aunque nos están poniendo muchas trabas”.