Publicado: 06.12.2013 08:00 |Actualizado: 06.12.2013 08:00

El modelo territorial y el debate entre Monarquía y República, las reformas prioritarias en la Carta Magna

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Las reformas que necesita la Constitución española deben dirigirse, prioritariamente, a redefinir el modelo territorial y a zanjar el debate entre Monarquía y República. Además, habría que dar la vuelta a los cambios introducidos en 2011, en pleno acoso de los mercados, y derogar el artículo que da prioridad al pago de la deuda pública. En estos puntos coinciden las diferentes personalidades de la política, la universidad, los sindicatos, la cultura y los movimientos sociales sobre los cambios que deben introducirse en la Carta Magna, tres décadas y media después de su aprobación en referéndum.

Pulsa aquí para conocer las opiniones del mundo de la política y los sindicatos

Pulsa aquí para conocer las opiniones de los activistas y los movimientos sociales

Pulsa aquí para conocer las opiniones del mundo de la universidad y la cultura

PSOE. Juan Fernando López Aguilar

Yo apostaría, desde luego, por insertar a la Constitución española una referencia a la integración europea (Art. 10 y 93). El principal cambio sería abogar por una federalización expresa del Estado autonómico que reconociera los hechos diferenciales constitucionalmente relevantes: lengua y cultura, regímenes económicos fiscales especiales e insularidad. Eliminaría todo el Derecho transitorio (buena parte del Título VIII CE; notoriamente, los Arts. 144, 145, 146, 147, 150, 151 CE). Y eliminaría también el Derecho constitucional que se ha quedado obsoleto (la previsión constitucional de la posibilidad de la "pena de muerte" para lo que suponga la ley penal militar en tiempos de guerra (Art. 15 CE); la previsión de la "declaración de guerra" por el Rey (Art. 63 CE), la preferencia del varón en la sucesión a la Corona (Art. 57.2 CE) y la prohibición de los "Tribunales de Honor" de su Art. 26).

Lo primero es derogar la reforma del art.135 de la Constitución para garantizar que se dé prioridad absoluta a los servicios públicos en lugar de al pago de la deuda, tal y como se fijó con la reforma del artículo 135 pactada de urgencia entre PSOE y PP en agosto de 2011. Desde IU creemos que la Constitución de 1978 está agotada y apostamos por abrir un completo proceso constituyente para actualizarla y darle la voz al verdadero protagonista, que no es otro que el pueblo español, que es el auténtico soberano. Hay varios asuntos en los que habría que entrar y que fueron aprobados hace 35 años, cuando nos encontramos con otra España recién salida de una cruenta dictadura, muy distinta a la de hoy. Ahora el momento es diferente y habría que revisar muchos temas, desde la forma y el modelo de Estado, hasta la definición e inclusión de nuevos derechos fundamentales cuyo cumplimiento habría que asegurar por ley y de forma prioritaria.

Proponemos una reforma en profundidad, y para ello habría que cambiar los artículos que impiden modificar la Constitución, y adaptarla a los cambios de la realidad. Habría que hacer un cambio hacia el Estado federal, porque el modelo de autonomías es inviable. El art. 135, que reformaron Zapatero y Rajoy, también habría que cambiarlo. Además se deberían introducir nuevos derechos como el acceso a la información, que es útil para luchar contra la corrupción y hacer la democracia más abierta. Por otro lado, hacer hincapié en la división poderes y reducir el poder del Ejecutivo. Asimismo eliminar las disposiciones que blindan los derechos históricos de País vasco y Navarra.

La constitución del 78 se elaboró en un momento y en unas circunstancias de la realidad española que han cambiado, y se ha quedado en muchos aspectos obsoleta. Ha llegado el momento de abrir un nuevo proceso constituyente sobre la necesidad de una reforma profunda para poner nuestra Carta Magna al día. Es necesario que la Constitución recoja una mejora de la reforma de la ley electoral, algo que creemos profundamente imprescindible. La ley de ahora garantiza la primacía de las mayorías e impide de manera efectiva que emerjan nuevas posiciones políticas. También abogamos por la introducción mecanismos democráticos más efectivos, como referéndums, y apoyamos toda una serie de cuestiones que mejoren la democracia. El puede debe decidir si quiere una república o una monarquía.

El proceso de reforma debe articularse con un amplio y bien estructurado proceso de debate político, social, con participación de los agentes sociales, de las instituciones e intereses concernidos, para conseguir el máximo consenso.En mi opinión habría que modificar parcialmente lo que se refiere a la configuración del Estado, de reconocimiento de los derechos de los pueblos y territorios que conforman España, de distribución de competencias entre las tres administraciones públicas y del conjunto de ellas con las competencias de la Unión Europea. En segundo lugar la mejora de la calidad de las instituciones democráticas, de potenciación de la participación ciudadana, de la transparencia y la lucha contra las diversas formas de corrupción. En tercer lugar el perfeccionamiento, ampliación y universalización de los derechos sociales (educación, salud, pensiones, servicios sociales, desempleo, pobreza y exclusión social) e individuales, un más efectivo tratamiento de la igualdad de género y los derechos de las mujeres, la regulación de nuevos derechos en la sociedad de la información y de la globalización y, por último, la efectiva aconfesionalidad.

Tras más de tres décadas y una sociedad en permanente evolución, la Constitución necesita reformas. Es fundamental reforzar la democracia y establecer referéndums. Así poner en marcha una reforma que posibilite cauces de participación directa a los ciudadanos en cuestiones de especial trascendencia que permitan cambiar las leyes cuando haya motivos de envergadura. Es imprescindible una reforma que fije un suelo de gasto social con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los ciudadanos en los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y la protección social. Es necesario rescatar nuestra Constitución de los síntomas absolutistas e iniciar una reforma consensuada, sin las presiones del entorno, de forma serena, equilibrada y orientada al bien general con el objetivo de que los ciudadanos se sientan más identificados y cercanos al sistema político actual y a sus instituciones.

La Constitución Española tiene unos límites profundos, en una parte muy significativa que no recoge. No es válida porque no da derecho a los distintos pueblos del estado a decidir su futuro, desde este punto de vista es totalmente deficiente porque no recoge el derecho de decisión.La Carta Magna recoge derechos básicos pero no pueden ser cubiertos porque la política actual no los acaba garantizando. Hay una crisis de régimen profunda en el estado español, con descrédito en el ámbito político e institucional y es necesario replantear las bases del estado español para que todos los pueblos puedan decidir su futuro. Para ello deberían abrirse una serie de procesos constituyentes dentro del Estado.

Hay que realizar una serie de cambios en el sector educativo para hacer valer los estados sociales, reforzando la escuela pública frente al acelerado proceso de privatización. El art 27, que garantiza un control y gestión de los centros públicos, la ‘ley Wert’ se los carga de un plumazo, quedando la gestión de estos centros como un florero. Y suprimir el art 135, la modificación de la Constitución que prioriza el pago de la deuda. Una medida totalmente antidemocrática, realizada con nocturidad y alevosía. Otro de los aspectos importantes que debería revisar la Constitución es el modelo de Estado, que debería decidirlo todos los españoles. Algo que garantice que España es un traje cómodo y con una unión que permita la voluntariedad de permanencia en un territorio.

Para la federación en primer lugar nos parece que sería fundamental que la garantía para los derechos fundamentales se sacarán a preámbulo y se contemplarán como derechos objeto de protección jurídica concreta. Por otra parte, contemplar la necesidad de un estado laico, que es muy importante por la defensa de una escuela pública y laica, donde el conocimiento se construya desde la racionalidad y no desde las creencias, que tanto daño han hecho al colectivo LGTB. También sería interesante desarrollar el art. 14 para que se contemple expresamente la mención de orientación sexual e identidad de género, cuando se refiere a cualquier condición o circunstancia personal. Pero a pesar de que deseamos estas modificaciones, valoramos esta Constitución que ha reconocido nuestro derecho a la igualdad como individuos y que también ha reconocido a nuestras familias.

Ponemos en tela de juicio la elaboración de una Constitución que consideramos obsoleta, precipitada tras una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen dictatorial franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria y proponemos la creación de un Poder Constituyente Popular. la exigencia de concebir una Constitución flexible que cambie, cuando sea necesario, a voluntad del pueblo. Se reflejaba claramente de esa forma el poder constituyente popular sobre el ahogo al que le somete un texto constitucional, que lo sitúa por debajo, algo políticamente inconcebible. Porque el poder constituyente está muy por encima de esos textos.

En la Constitución debería aparecer la sanidad como algo intocable, esté quién esté en el Gobierno porque actualmente sólo se garantiza el acceso a la sanidad. La Constitución necesita un retoque para que sea acorde a nuestra realidad de hoy. La Constitución debe recoger explícitamente el carácter público de los servicios sociales: Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Empleo, etc- homologándolo a la misma condición que tiene la propiedad del agua, subsuelo u otros recursos básicos, asegura Más Marea Blanca Zaragoza.

El primer cambio que precisa esa Constitución es proclamar la República que tan sangrientamente nos arrebataron. Eso implica una Constitución republicana nueva. Únicamente la República Federal puede resolver el contencioso de las nacionalidades. Una constitución republicana significaría que los derechos sociales: a la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación, la protección a la mujer y a la infancia, a la discapacidad, serían derechos fundamentales como los de libertad de asociación, reunión, sindicación, etc. que ahora son los únicos que protege la constitución. Una constitución republicana impondría la Reforma Agraria que intentó la Segunda República y que fue lo que acabó con ella, acabando con los latifundios. Así mismo nacionalizaría la banca, impondría la renovación del acuerdo con la Unión Europea, estableciendo la soberanía del pueblo español para las decisiones económicas, como para la política industrial y agraria, y revocaría la pertenencia de España a la OTAN. Establecería los mecanismos de control para garantizar la independencia del Poder Judicial, y escogería a los jueces, magistrados y fiscales por sufragio popular. Y abolir la prostitución, para lo que no solo le perseguirá a los proxenetas y traficantes de personas, sino se arbitrarán los medios para la reinserción de las prostitutas en la vida civil.

No vamos a entrar en lo que tiene de bueno y de malo la constitución, es el pacto que tenemos entre ciudadanos. Los Gobiernos que tenemos ni siquiera han respetado unos mínimos, hay artículos que están muy bien, pero no se están respetando. Con que empezásemos a respetar los que tenemos se acabarían un montón de abusos. Artículo 23, participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Las cosas siempre se pueden mejorar, pero en un contexto de emergencia y de mínimos se debe respetar el pacto de ciudadano. No sólo no la respetan, sino que el PP y el PSOE la cambian dando un telefonazo con el acuerdo de la deuda, que subordina la riqueza del país al pago a los bancos.

Creemos que la constitución está quebrada desde el principio porque el derecho a la vivienda no ha sido cumplido desde la propia creación de las Constitución, hasta la fecha de hoy. Por ello en su momento pedimos un recurso de inconstitucionalidad. Además el art. 135 tiene como interés pagar los bancos, algo que está más que acreditado. Se debería hacer efectiva la declaración de los derechos humanos, y hacer todos los cambios constitucionales necesarios para su garantía.

La Constitución no debe recoger una tradición monárquica, y si se recoge, tener en cuenta la igualdad de género, ya que ese artículo es hereditario y franquista. Además se debería dar rango fundamental al empleo, es algo prioritario, y es constitucional el objetivo de conseguir un trabajo. Por otro lado, las naciones del Estado deben tener derecho a la autodeterminación.

Es necesario redactar una nueva Constitución que corresponda a los tiempos en que estamos. Debe recuperar su soberanía y cumplir los artículos honestos, como el que apunta al derecho de una vivienda digna o el artículo que hace referencia a orientar la propiedad privada al interés social. En definitiva, habría que cambiarla entera, pero si eso no se puede llevar a cabo, al menos cumplir con las cosas decentes que tiene y apoyar la protección de los ciudadanos.

La Constitución actual cumplió su objetivo como herramienta de tránsito de la dictadura a la Democracia pero, transcurridos 35 años, las cosas han cambiado y necesita ajustes. El Gobierno apenas da explicaciones de las decisiones que toma, y considero que habría que hacer cambios en el sistema electoral de manera que los ciudadanos participaran en la política. La Constitución debería añadir cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales y a la UE, ahora mismo hay una regulación muy insuficiente y requiere un cambio. Tenemos un problema provincial que en los términos que está en la Constitución actual tiene una difícil solución, las grandes fuerzas políticas deberían ponerse de acuerdo para definir la estructura territorial.

Los cambios que necesita la Constitución no son cosméticos, sino estructurales, de manera que reclamarían, cuando menos, un referéndum aprobatorio. Al ser este el caso, es más conveniente ir a un proceso constituyente donde el pueblo debata el contenido del nuevo contrato social. Por citar algunas cosas, la Constitución hace agua al establecer los derechos sociales como meros principios rectores (tendría que dotarlos de valor sustantivo), igualmente al constitucionalizar una ley electoral que anula la proporcionalidad; lo mismo al conceder al ejército la defensa de la unidad de España. El art. 2 es un disparate pues dice que la Constitución se funda sobre la indisoluble unidad de la patria, cuando una constitución debe fundarse sobre la soberanía popular. En conclusión, la Constitución necesita una reforma integral que cuente con la participación popular.

En primer lugar me gustaría que la Constitución no fuera papel mojado en derechos fundamentales como la vivienda y el trabajo, y sin embargo se tome como dogma de fe a la hora de plantear recortes de derechos o limitaciones de la libertad. Que la Constitución fuera un garante de las libertades reales: quitaría el artículo que garantiza el derecho de la nación española, lo quitaría sin más, porque no garantiza más en un servicio del pueblo soberano. ¿ Esto de ofensas a la patria y a la bandera fuera. Esto que se quiere penalizar con ley ciudadana lo dijo José Antonio en un discurso fundacional de falange Primo de rivera ley seguridad ciudadana.? Por otra parte , la Carta Magna debería tener una revisión porque se hizo en época complicada, saliendo de una dictadura tutelada por las fuerzas que estaban en activo.
La Constitución española es la única en la que participaban elementos que pertenecen a la dictadura de la que salíamos. A nadie se le ocurre que en la redacción de la Constitución alemana participaran los nazis. Se llama padre de la Constitución a gente como Fraga que luchó toda su vida en contra de esta constitución.

En la Constitución de 1978 entraron muchas reivindicaciones de la lucha obrera y se proclamó una democracia con voluntad social. Contempla muchos valores como el derecho a la vivienda, la equidad entre la riqueza y el trabajo digno, pero lo grave es que no se cumple. El Gobierno español vive de espaldas a la Constitución y cualquier cambio va a ser más reaccionario para la clase política. Apoyo un modelo de Constitución que introduzca una auditoría bancaria, unos derechos básicos, un modelo energético y también la apertura de las instituciones. Eliminaría lo introducido por el pacto entre el PP y PSOE, quitaría el valor constitucional a ese pacto, ya que se utilizó la crisis para quitarle dimensión a la Carta Magna. Reivindico que España necesita que se contemple la posibilidad de una república democrática y social. Además aprovecharía para articular los territorios españoles como un estado federal, teniendo mucho cuidado con la organización, de forma que no supusiera un abandono de la distribución de la riqueza.

Nosotras creemos que en la Constitución, el art14 que es el que recoge el tema de igualdad y mujeres, sólo se ha cumplido en la teoría, no en la práctica. Creemos que el cine sigue siendo machista y también su contenido. Se sigue invisibilizando a las mujeres, tanto en los contenido audiovisuales, como en sus cargos ocurre esa discriminación. Introduciríamos en la Constitución una ley de igualdad, que con el tema relacionado de la cultura y el mundo audiovisual, sigue siendo una asignatura pendiente.Por ello ya hemos presentado catorce cartas al Defensor del Pueblo para demostrar que no se están cumpliendo estos requisistos constitucionales.

Se necesita un perfeccionamiento de la Democracia para que de verdad sea participativa y consultar a los ciudadanos. Por ejemplo, con la última reforma de la Constitución que apuntaba a ajustar el déficit, y que debería ser eliminada, ya que ha sido elaborada sin consenso de los ciudadanos, esto es una injerencia. Además se debería insistir en una República y que la jefatura del Estado no recaiga en la figura del rey, eliminando así la parte que alude a la Monarquía Parlamentaria. Por otra parte, la Constitución debería apoyar la laicidad, como en la Constitución de la República de 1931 que en el art.3 dice que "el Estado no tiene religión oficial", creo que es un artículo muy acertado. Otra cosa que se podría añadir de esa Constitución es el art.6 "Renunciar a la guerra como instrumento político".