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El Movimiento contra la Intolerancia inspiró la 'ley mordaza' de Cifuentes

Su presidente se reunió con los dos partidos mayoritarios, que presentaron proyectos similares ante la Asamblea de Madrid. El proyecto incluye multas administrativas de hasta 45.000 euros para las noticias y mensajes en redes sociales discriminatorios cuando no sean delito

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante su intervención hoy en la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/Emilio Naranjo

MADRID.- El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, es uno de los principales inspiradores del proyecto de ley de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, donde la administración se aroga la competencia de vigilar la libertad de expresión con multas de hasta 45.000 euros por noticias y mensajes que inciten al odio y a la discriminación o insulten en redes sociales.

El Movimiento contra la Intolerancia presentó sus reflexiones y trabajos en la Asamblea de Madrid a comienzo de año, en una labor de sensibilización que despliegan desde hace 25 años entre los partidos políticos. Estos documentos los entregaron al PP y al PSOE en reuniones mantenidas con ellos.

Esta labor culminó la pasada semana con la aprobación de un anteproyecto de ley remitido a la cámara autonómica por parte del equipo de Cifuentes sobre la Igualdad de Trato y la protección contra las acciones de incitación al Odio, la Intolerancia y la Discriminación. Por su parte, la diputada socialista Mónica Silvana tramitó la proposición del PSOE sobre Igualdad de Trato y Protección Integral Contra las Conductas Relativas a los Delitos de Odio.

El proyecto de Cifuentes "administrativiza" el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De prosperar, sería una 'ley mordaza' ya que prevé sanciones a “los medios de comunicación, Internet y las redes sociales”, así como “la publicidad comercial o institucional” que contengan noticias o mensajes que inciten a alguna forma de discriminación, racismo o intolerancia.

Ambas iniciativas del PP y del PSOE chocan con la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión o la intimidad, que según la Constitución sólo pueden ser regulados por las Cortes Generales por medio de mayorías reforzadas y bajo control judicial.

A preguntas de Público, Ibarra reconoce que los trabajos del Movimiento contra la Intolerancia sirvieron de base para elaborar ambas iniciativas, aunque cada partido redactó sus propios textos. La elaboración de esta ley autonómica contaría a su vez con el apoyo de Ciudadanos y Podemos.

Esteban Ibarra defiende la libertad de expresión, y "estamos hasta el gorro de la libertad de agresión. Se agrede mucho a las víctimas, a las asociaciones... estamos hartos", destaca el presidente de Movimiento contra la Intolerancia para quien no es suficiente que el Código Penal sancione los delitos de odio desde el año 2015.

"Lo que me niego es a la impunidad con la que las víctimas han tenido que vivir hasta ahora", agrega mientras considera que en el trámite autonómico se irán puliendo aquellos aspectos más polémicos o difusos, al tiempo que defiende el espíritu del respeto a la dignidad humana y el derecho a la igualdad que se busca con estas iniciativas.

El problema reside en que esta normativa de Madrid vigila y sanciona derechos fundamentales, cuya regulación sólo corresponde a las Cortes Generales ya que son las encargadas de garantizar la igualdad de todos los españoles en ejercicio de sus derechos constitucionales. La sanción es competencia únicamente de los Juzgados y Tribunales.

Informe demoledor

El informe de la Abogacía general de la Comunidad de Madrid emitido sobre este proyecto de ley es demoledor, por cuanto considera superfluas -por reiterativas- algunas de sus disposiciones, invade las competencias estatales y no define siquiera las conductas a sancionar por lo que incumple "las exigencias mínimas" del principio de tipicidad.

Esteban Ibarra asemeja la iniciativa de Cifuentes y del PSOE con la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que fue aprobada por las Cortes Generales en el año 2007.

Defiende también como precedentes las normas autonómicas contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad en Madrid el pasado julio, y que existe también en Catalunya, Extremadura, Murcia y Galicia.

La ley integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género prevé que la Comunidad de Madrid fomente el respeto a la diversidad sexual y la eliminación de toda forma de discriminación en aquellos medios de comunicación "de titularidad autonómica" o que reciban subvenciones.

Esta norma autonómica fue aprobada el pasado 22 de julio y es similar al proyecto 'mordaza' de Cifuentes ya que prevé sanciones administrativas a quienes utilicen expresiones vejatorias o tenga comportamientos agresivos y discriminatorios en la prestación de servicios públicos, "en cualquier medio de comunicación", en discursos, intervenciones públicas o "en redes sociales".

Los activistas en la defensa de los derechos de las víctimas de actos racistas, xenófobos, homófobos y discriminatorios llevan décadas demandando una ley que las proteja. Pero las Cortes llevan un año paralizadas, entre elecciones y elecciones, de tal manera que han impulsado iniciativas autonómicas como la de Cifuentes.

Por ello, el Movimiento contra la Intolerancia salió en apoyo de las iniciativas del Gobierno de Cifuentes y del PSOE cuando se conocieron la semana pasada. En un comunicado, reclamaron "la unidad y consenso" entre las fuerzas políticas. "Desde antes del asesinato racista de Lucrecia Pérez (1992) reclamábamos una legislación específica que acometiera vejaciones, insultos, injurias, amenazas y otros comportamientos racistas, xenófobos, antisemitas, homófobos y de otras formas de intolerancia, sufriendo su impunidad y sin conseguir avance alguno. Situación inconcebible para las víctimas".

Cuando no haya delito

El Código Penal prevé desde su última reforma el delito de incitación al odio (artículo 510). Esto es, un perjudicado, un particular, la Fiscalía, la Policía o el propio Gobierno de Madrid pueden denunciar en caso de que se produzca este delito.

Pero las iniciativas de Cifuentes y del PSOE pretenden sancionar conductas que no sean delito o cuando los tribunales archiven las causas que se abran.

Esteban Ibarra desmiente que el Observatorio que se vaya a crear como consecuencia de esta ley en ciernes se convierta en un suerte de Gran Hermano que vaya a vigilar el ejercicio de la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el proyecto de Cifuentes sostiene que dicho Observatorio "proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos acaecidos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas".

El Observatorio asumirá las funciones del vigente Observatorio contra el racismo y la intolerancia del que Ibarra es miembro, aunque el proyecto deja para el futuro su definición y responsabilidades.

No se destina dinero alguno

Se da la circunstancia de que el proyecto de ley sostiene que "no tendrá impacto presupuestario". Esto es, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no destinará dinero alguno a las medidas e iniciativas que pretende defender para evitar la discriminación y eliminar los espacios de impunidad.