BARCELONA.- El Mobile World Congress (MWC) vuelve a celebrarse en Barcelona entre los próximos 22 y 25 de febrero, tras una década de recepción en la capital catalana y cuyo contrato se ha extendido hasta 2023. Este año se prevé que el congreso de móviles reciba a unos 95.000 congresistas y 4.000 periodistas de todo el mundo, cuya actividad reportará 460 millones de euros a la ciudad.

El congreso de telefonía móvil más grande del mundo cuenta esta edición con una alcaldesa, Ada Colau, que dedicó parte de su campaña electoral a exigir el retorno social de este tipo de macro eventos tecnológicos. Por esta razón, la alcaldesa y por defecto presidenta de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, ha asumido a lo largo de esta semana una serie de compromisos para revertir el impacto económico del MWC en beneficio de la ciudadanía, no sólo los días en los que se desarrolla sino durante todo el año. “Entendemos que la innovación tecnológica es una oportunidad para avanzar en otros ámbitos más allá de la telefonía móvil, como el social, el educativo y el medioambiental”, defendió en rueda de prensa.

Asimismo, durante esta semana se ha presentado un informe sobre la brecha digital existente en Barcelona, se han adoptado cláusulas sociales y laborales en los contratos de telefonía móvil del Ayuntamiento, y se ha prometido otro informe de los efectos del MWC sobre la ciudad tras su celebración.

Pero, este giro administrativo no ha impedido la convocatoria de diversas huelgas laborales y de transporte público durante los días en los que se celebra el congreso. Pese a los intentos negociadores del Ayuntamiento, tanto metro y autobús harán huelga durante los días del MWC —con servicios mínimos pactados— tras no aceptar las condiciones de mejoras laborales de la empresa TMB. Un primer revés al gobierno de Colau, quien se ha personado en la mediación del conflicto y que se apresuró a inaugurar la línea 9 de metro que conecta el recinto de la Feria de Barcelona con el aeropuerto para el MWC. También la operadora de Renfe, Adif, ha anunciado parones para los días 22 y 25 de febrero.

Las movilizaciones se han visto respaldadas por las jornadas alternativas al MWC (del 19 al 24 de febrero), aglutinadas bajo el lema Plantemos cara al MWC y que proponen repensar el modelo de la ciudad de los grandes acontecimientos y el uso de la tecnología libre. Durante la primera jornada del I Congreso de Soberanía Tecnológica, impulsado por la CUP, representantes de Stop Pujades, Correscales de Telefónica, las Kellys (camareras de piso) y otras plataformas de protesta se mostraron muy críticos con un MWC que precariza a la ciudadanía en favor de “la marca Barcelona”.

“El MWC se ha convertido en un punto de concentración de todas las protestas laborales”, defendió Isabel Benítez de la COS. “Lo que hace la ciudad es invisibilizar la precariedad a través de estos macro eventos”, añadió. El antropólogo Manuel Delgado llegó a acusar de “margallismo” -en referencia a Pasqual Maragall y su apuesta por el Fórum de las Culturas- al nuevo Ayuntamiento por aceptar el MWC.

El próximo lunes, coincidiendo con la inauguración del MWC, los correscales de Telefónica finalizarán los 800 km de carrera contra la precariedad laboral en las puertas de la Feria de Barcelona. “Lo que les hace daño es que manches su imagen”, explicó uno de los huelguistas de Telefónica. También Stop Pujades prevé acciones en defensa del transporte público.

La Feria de Barcelona, organizadora del MWC junto a la empresa GSMA, ha detallado que el evento generará 13.000 empleos temporales. Las plataformas críticas denuncian que se trata de contratos de obra y servicio, muy precarios y sin opción a estabilidad laboral (sobre todo para la mujer). El medio La Directa anunciaba esta semana que activistas sociales vetados para trabajar en el MWC en la edición anterior, este año sí han sido contratados. Ada Colau, en un pleno municipal, se comprometía a investigar si hay archivos políticos de trabajadores y que, si existen, no iban a contar con su complicidad.

El compromiso social del Ayuntamiento

Pese a todo, el Gobierno de Colau se ha comprometido a dar una vuelta socioeconómica al evento tecnológico con un despliegue de medidas. El Ayuntamiento presentó este jueves un exhaustivo informe sobre la brecha digital que existe en Barcelona para valorar la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. Los resultados muestran que el 84% de los barceloneses se conectan a Internet cada día, aunque el acceso varia hasta en 34 puntos entre barrios según el nivel de renta y de educación (Las Corts, 96% y Torre Baró, 62%). Gerardo Pisarello, teniente de alcalde, anunció próximas medidas para recortar la brecha digital y luchar contra la desigualdad.

También a propósito del MWC, el consistorio ha decidido que incluirá cláusulas sociales, laborales y medioambientales en los contratos de telefonía para garantizar los derechos de los trabajadores que prestan servicios a la Administración, de forma directa o indirecta. En relación a este compromiso, el Ayuntamiento se ha adherido al observatorio internacional Electronics Watch, que supervisa los procesos de producción de los productos electrónicos que usan las administraciones públicas.

Además, el Gobierno tiene la voluntad de incorporar una cláusula en los contratos que obligue a los proveedores electrónicos a informar sobre los itinerarios productivos de los productos. En los contratos de telefonía móvil, se obligará a las empresas a ofrecer teléfonos de comercio justo como los Fairphones, que garantizan que en toda su cadena productiva se respetan los derechos humanos y unas condiciones de trabajo justas. Una medida planteada gracias al encuentro con la activista del Congo, Caddy Adzuba, quien explicó a la alcaldesa las condiciones de explotación infantil en las que se realiza la extracción de los minerales que usa la industria móvil.

El Ayuntamiento también ha firmado un convenio con la Mesa del Tercer Sector en el que se compromete a brindar apoyo tecnológico de acuerdo a las necesidades de las entidades sociales de Barcelona.