Público
Público

Las cloacas del Estado La nueva jueza del 'caso Nicolás' archiva parte de la investigación que culpa a Villarejo de una grabación al CNI

Asegura que "no existe base real suficiente" para imputar al inspector jefe Fuentes Gago y a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. Deniega también la personación de Marcelino Martín Blas como perjudicado.

Publicidad
Media: 3.50
Votos: 2
Comentarios:

El comisario Villarejo durante la entrevista en 'Salvados'.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, María del Pilar Martínez Gamo, ha archivado parte de la investigación que se llevó a cabo en una pieza separada del 'caso Nicolás' para investigar la grabación y difusión de la reunión mantenida el 20 de octubre de 2014 entre agentes de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se trata de uno de los episodios encuadrados en la conocida como 'guerra de comisarios' que investigó el anterior titular de este juzgado, Arturo Zamarriego, quien colocó al frente de la comisión judicial a uno de los policías afectados por la grabación, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, a quien también se le deniega su personación como perjudicado.

En un auto fechado el 8 de julio, la jueza archiva las diligencias secretas ordenadas para conocer, dentro de la Pieza Segunda, al autor o autores de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por este motivo, se reclamó el volcado de los correos electrónicos del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, por entonces 'mano derecha' del director adjunto operativo (DAO), el ya jubilado Eugenio Pino. También se solicitó que se hiciera lo propio con los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Martínez Gamo ordena que se levante el secreto de las actuaciones tras recordar que "no existe base real suficiente" que permita imputar un delito a estas tres personas. Las diligencias ordenadas por su predecesor en Plaza de Castilla incluían comisiones rogatorias a EEUU para que Google informara del contenido de sus cuentas de correo de Gmail.

Deniega la personación de Martín Blas

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 denegó tres días antes del auto de archivo de esta pieza separada la petición de personación de Marcelino Martín Blas en el procedimiento por no tener la condición de perjudicado. En este auto, la magistrada señala que permitir a alguien forma parte del proceso le capacita para acceder a todo el contenido, el estado de las actuaciones, así como aquellos actos procesales que fueron practicados con anterioridad.

En el caso de Martín Blas, la juez instructora subraya que éste ha estado al frente de la denominada Comisión Judicial durante más de dos años y que por delegación del anterior titular del juzgado de instrucción ha dirigido "una extensa y profusa investigación en relación a unos presuntos hechos delictivos respecto de los cuales está fácticamente vinculado".

En este sentido, rechaza su personación, y da la razón al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado, que se opusieron a esta solicitud, porque entiende que Martín Blas ha tenido un "conocimiento previo y coetáneo" tanto "procesal como extraprocesal" de los hechos y que, por tanto, se provocaría un "desequilibrio de las partes y una merma de las garantías de los investigados", quedando estos en una "indudable inferioridad procesal y material".

La magistrada Martínez Gamo destaca que debido a su cargo como jefe de Asuntos Internos en la Policía Nacional cuando tuvo lugar los hechos no tiene condición de perjudicado o víctima porque el secreto que ha sido violentado es el contenido de dicha reunión y no su intimidad personal o familiar, citando para ello el reglamento de funcionamiento del CNI.

La antigua titular de lo Social número 2 de Toledo ha heredado todas las piezas que afectan a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', que incluye su viaje a Ribadeo, la falsificación del DNI para presentarse al examen de selectividad y hacerse pasar por una alta personalidad del Estado para, en connivencia con policías locales de Madrid y guardias civiles, estafar a terceros ofreciéndoles su ayuda.