Publicado: 25.06.2014 12:31 |Actualizado: 25.06.2014 12:31

Dos nuevos detenidos en la operación por presuntas facturas falsas de UGT-A

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La Guardia Civil ha detenido hoy en Agost (Alicante) a otras dos personas en la operación que se desarrolla sobre presuntas facturas falsas presentadas por la UGT-A para justificar los fondos de formación recibidos por la Junta de Andalucía, por lo que el total de arrestados asciende a dieciséis.

Según han informado fuentes de la investigación, estas dos personas han sido detenidas a raíz de un registro en una empresa de la localidad alicantina y por el momento se desconoce si habrá nuevos arrestos.

Los dos arrestos se suman a las catorce personas que fueron detenidas ayer , entre ellas el exvicesecretario de Administración de UGT en Andalucía Federico Fresneda.

Durante la jornada de ayer se practicaron seis registros, cuatro de ellos en tres empresas de Sevilla y en el domicilio particular de Fresneda, quien fue detenido en Tenerife, donde estaba de vacaciones, además de en la empresa madrileña Siosa.

Los restantes detenidos son empleados y extrabajadores de la UGT pero fuentes de la investigación descartan que entre ellos figuren otros ex altos cargos del sindicato además de Fresneda.

En la operación también fueron arrestados varios empresarios, acusados de hacer facturas falsas para que la UGT justificase los fondos que recibía de la Junta destinados a cursos de formación.

La operación está coordinada por el juez de instrucción 9 de Sevilla, a quien correspondió la denuncia de la Fiscalía Superior andaluza sobre los fondos de formación, con los que presuntamente la UGT pagó gastos como invitaciones en la Feria de Abril de Sevilla o unos bolsos falsificados en China, copiados de marcas españolas, que regaló a los asistentes a su congreso.

Por otra partes, el juez de instrucción 9 de Sevilla ha dejado hoy en libertad a los cinco primeros empresarios que han sido puestos a disposición judicial, tras ser detenidos ayer.

El juez ha dejado libres al dueño de la empresa Chavsa, a un empleado suyo, al administrador de Viajes Macarena, al propietario de Lienzo Gráfico y al dueño de una imprenta sevillana.

El fiscal anticorrupción no pidió medidas personales ni de responsabilidad civil para ellos y el juez les imputó delitos de falsedad, contra la hacienda pública y fraude en subvenciones.

Los empresarios declararon al juez que creyeron estar actuando legalmente y que siempre lo hicieron según las indicaciones del sindicato.