VALENCIA.- La operación desplegada este martes por la Guardia Civil a raíz de la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a través de la empresa pública Imelsa pasa a engordar la lista de casos de corrupción que en los últimos años han salpicado al PP valenciano.

En la redada llevada a cabo hoy hay cursadas un total de 24 órdenes de detención y entre los arrestos destacan nombres significativos de la antigua cúpula de los 'populares' de Valencia, entre ellos el expresidente provincial y de la Diputación, Alfonso Rus, o la exconcejala de Cultura María José Alcón, entre otros.

La Valenciana es una de las comunidades autónomas en los que se han destapado más tramas, como la del caso Gürtel, una red con ramificaciones nacionales que ha puesto en el punto de mira a varios exdirigentes del PP valenciano. La expresidenta de las Corts Valencianes Milagrosa Martínez; las exconselleras Angélica Such y Alicia de Miguel, el exvicepresidente del gobierno autonómico Vicente Rambla y el exdiputado David Serra son algunos de ellos.

Hay que recordar que por una pieza relacionada con Gürtel, la del caso de los trajes, llegaron a ser juzgados el exjefe del Consell Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Serra por un delito de cohecho impropio, del que finalmente fueron declarados por un jurado popular no culpables.

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Fórmula 1

En la actualidad, Camps está siendo investigado por otro asunto de posible corrupción, el llamado caso Valmor, relacionado con las irregularidades en la contratación y gestión del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia y la compra de la empresa Valmor.

Otro asunto que marcó durante años al PPCV, esta vez en Castellón, fue el caso Naranjax, por el que el expresidente del PP en esta provincia y de la Diputación Carlos Fabra cumple condena en prisión por delito fiscal.

Alicante también ha sido escenario de sonadas investigaciones, como la del denominado caso Brugal -donde se investigan presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana- que aún se está instruyendo y en la que está imputada la que fuera primera edil de la capital, Sonia Castedo.

Otro caso con repercusión nacional es Nóos, que se juzgará en Palma de Mallorca. Este asunto llegó a Valencia a raíz de la contratación de varias ediciones de los Valencia Summit con el instituto que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Este proceso llevará al banquillo de los acusados al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau --actual esposo de María José Alcón, una de las detenidas por Imelsa-- y al ex secretario autonómico de Turismo con el PP Luis Lobón.

Agujero de 25 millones de euros

Entre los asuntos que implican una mayor cuantía económica destaca el caso Emarsa, donde se investiga un posible agujero de 25 millones de euros en la gestión de agua de al depuradora de Pinedo (Valencia). Por este asunto, ya está acusado formalmente el que fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises Enrique Crespo.

Ya en la cárcel se encuentra el exconseller de Solidaridad y exparlamentario valenciano Rafael Blasco por la pieza principal del caso Cooperación, por la que fue condenado al desviar dinero público que iba destinado a diferentes proyectos de ayuda humanitaria en el Tercer Mundo. Todavía quedan por instruirse os piezas en las que está imputado.

Agentes de la Guardia Civil registran esta mañana las dependencias del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), dependiente de la Generalitat. EFE/Kai Foersterling

Precisamente, su mujer, la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, ha sido recientemente imputada por sobrecostes en la compra de obras de arte y publicaciones durante su etapa al frente del museo. Se da la circunstancia de que esta causa está en manos del mismo juzgado y fiscal que se encargó de la de Rafael Blasco.

Otro de los últimos casos destapados, también con repercusión nacional, es por el que resultó detenido el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller durante varios gobiernos 'populares', Serafín Castellano. Aquí se trata de dirimir si benefició a una empresa con contratos de extinción de incendios con cuyo jefe coincidía en cacerías.

Ayer mismo, la presidente del PPCV, Isabel Bonig, decía a preguntas de los medios que no le "preocupaba" que nuevos casos judiciales afectaran a dirigentes del partido y subrayaba que los miembros de esta formación política son "los primeros interesados en que se esclarezca absolutamente todo".