Los tres grupos parlamentarios de Asamblea de Madrid han solicitado este miércoles la comparecencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el Parlamento regional para que valore la imputación de su esposa, Lourdes Cavero, por la compra del ático que tiene la pareja en Marbella. Es más, portavoces del PSOE, IU y UPyD se han decicido ya ha pedir su dimisión.

'Ignacio González sabe mucho más además de lo que hemos conocido y ésto le inhabilita para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Debe dejar su responsabilidad al frente del Gobierno y si no lo hace el señor Rajoy está obligado a pedirle su cargo', ha defendido el secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, ha considerado que se trata de 'un caso de extrema gravedad del que solamente' se ve 'la punta del iceberg', y ha apuntado que aunque los socialistas van a exigir que el presidente autonómico dé explicaciones en la Cámara, 'a estas alturas las explicaciones, aunque son necesarias, no son suficientes'.

Mientras, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha recordado que, cuando González relevó a Esperanza Aguirre, la oposición ya avisó de que era un presidente 'con los pies de barro', y ahora, tras la imputación de Lourdes Cavero, tiene 'los pies en cemento'. A su juicio, la imputación de la esposa toca muy personalmente a González, a quien compara con el dimitido Francisco Camps: 'Es una de las primeras imputaciones después de aquella y por un hecho que tiene bastante que ver con la corrupción', ha añadido. Además, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha apostillado que González está 'en una situación muy complicada' y ha señalado que, si la imputación tiene continuidad y acaba en juicio, Ignacio González 'se debería plantear la dimisión'. 

Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha defendido en el Congreso que no sólo González, sino también su esposa y el propio PP, deberían dar explicaciones sobre este caso, y ha apuntado que si bien tienen derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en el momento que se forma parte de una institución, lo aconsejable sería 'irse de ella para defenderse desde fuera y no perjudicarla'. Considera que éste es 'un escándalo más' que se suma a los 'muchos' que hay en España sobre corrupción política y que exigen, a su juicio, una 'necesaria' reforma de la Ley de Indulto, 'que el PP se niega a revisar pese que esa medida de gracia suele terminar cerrando el círculo de la impunidad', y una justicia 'independiente'.

González se ha defendido también públicamente. Antes de su visita a la Fundación Juan XXIII, en Vicálvaro, el presidente regional ha afirmado que después de un año de actuaciones judiciales al respecto, 'no se ha acreditado absolutamente nada y no se ha puesto encima de la mesa ninguna prueba ni dato de ninguna comisión de ningún delito de nada que tenga en estos momentos ningún tipo de rasgo penal'. Según ha explicado, la resolución concluye 'con una imputación sobre la base y con la única razón de evitar la posible indefensión' de su mujer, y ha precisado que la propia juez se califica de 'incompetente en este caso' y que, por eso, deriva el asunto a la Audiencia Nacional.