Se aproximaba la hora de comer, pero en las oficinas de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia los ojos no se separaban de la retransmisión del Consejo de Ministros, en Madrid. Y no era para menos, porque instantes antes la alcaldesa Rita Barberá había anunciado un acuerdo con el Ministerio de Cultura para continuar el derribo parcial del barrio del Cabanyal, tras años de enfrentamientos que parecían haberse inclinado judicialmente a favor de los vecinos, y en contra de los intereses de la edil del PP.

El Ayuntamiento quiere derribar parte del barrio y levantar una avenida con nuevas construcciones 

Una palabra de Soraya Sáenz de Santamaría ratificando el sorprendente anuncio de Barberá habría sido demoledora para los defensores del barrio y los simpatizantes de su causa, pero esa palabra no llegó. ¿Qué anunció entonces la alcaldesa? ¿Era un avance sólido en algún sentido o se trataba de un acuerdo vacío como el anunciado meses atrás para permitir a Barberá seguir especulando con el futuro del barrio?

Tras el desconcierto mediático inicial, el silencio gubernamental, las aclaraciones de las asociaciones vecinales y los antecedentes comenzaron a decantar la balanza en este sentido. Cabe recordar que, tras casi una década y media de enfrentamientos judiciales desde la puesta en marcha de un plan para derribar parte del barrio histórico del Cabanyal y levantar sobre sus escombros una avenida bordeada de nuevas construcciones, la situación parecía también a punto de resolverse definitivamente a favor de la protección del enclave marinero. Especialmente desde que el Ministerio de Cultura de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero dictaminara, tras atender los preceptivos informes de expertos, que el plan de Barberá constituía el expolio de un Bien de Interés Cultural.

'Barberá quiere tiempo; tiempo y no reconocer que ha perdido, que su plan ha sido y es ilegal', aseguran los vecinos Tras esta decisión, el Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron judicialmente esa orden en la Audiencia Nacional, pero esta ratificó la orden, y ambas administraciones acudieron a la última puerta abierta: la del Supremo. Si este giraba las tornas, Barberá tendría vía libre para continuar con los derribos, pero si no, habría llegado a un callejón sin salida.

Fue en circunstancias similares cuando la alcaldesa y el Consejo de Ministros anunciaron en noviembre del 2013 la retirada de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010 del 31 de marzo , aprobada con el fin de dejar sin efecto la orden ministerial que paralizaba el derribo del Cabanyal, a cambio de que la Generalitat Valenciana derogara esa orden. El motivo: estaban en vísperas de una resolución judicial apuntando la inconstitucionalidad de la norma de la Generalitat.

Y es en las circunstancias actuales, cuando el Supremo está a punto de señalar definitivamente si el plan de Barberá en el barrio constituye un expolio, como dictaminó en su día el Ministerio, cuando la alcaldesa ha anunciado que 'modifica el plan'.

Sin más aviso que la filtración de la noticia a un diario afín, Barberá utilizó su habitual rueda de prensa de los viernes para dar a conocer públicamente una adaptación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal que, según definió en reiteradas ocasiones, es el resultado de un 'acuerdo con el Ministerio' para 'desbloquear el plan del Cabanyal'.

La modificación que vende Barberá sólo afectaría a un 4% del actual proyecto

La modificación (aún no aprobada en pleno municipal) sólo supondría el cambio de un 4% del proyecto original, y mantendría la prolongación -sobre los escombros del antiguo barrio- de una avenida de 48 metros de ancho como estaba previsto, aunque ligeros cambios en el diseño conseguirían reducir el número de inmuebles expoliados en un 35 por ciento. Del mismo modo, las nuevas construcciones al borde de la avenida -el plan siempre conllevó la construcción de nuevas viviendas- verían reducida su edificabilidad de cinco a tres alturas en la zona anexa a los inmuebles supervivientes al derribo.

Incluso se apunta que la Lonja del Pescado, un edificio centenario ubicado en primera línea del paseo marítimo y cuyo traslado piedra a piedra venía recogido en la primera versión del plan de Barberá, sobreviviría en el proyecto 'modificado', aunque la alcaldesa se reservó apuntar la solución que el plan da a ese núcleo de viviendas.

'Era necesario adaptar el plan para proteger la trama histórica y se ha conseguido a través de alineación de edificios', dijo la alcaldesa, introduciendo el reconocimiento de que su antiguo proyecto no la protegía. 'Me parece un acuerdo realmente importante, nosotros hemos movido alguna pieza y el Ministerio lo ha aceptado. Por tanto, desbloqueamos el tema', aseguró Barberá. No obstante, pese a todos los 'acuerdos' y 'desbloqueos', la alcaldesa no pudo dejar de reconocer que, aún aprobada la modificación del proyecto en el pleno, aún quedaría un obstáculo: el levantamiento de la orden ministerial.

Las asociaciones vecinales, creen que la inminencia de la resolución  es lo que ha llevado a dar este paso a Barberá Así pues, el anuncio de modificación sólo pretende esquivar la orden ministerial justo en vísperas de la resolución del Supremo al respecto. Y según las asociaciones vecinales, es la inminencia de esa resolución la que ha llevado a la alcaldesa a dar este paso. 'Al parecer la Sala del Supremo, reunida la semana pasada para dictar sentencia sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento, podría haber marcado el desenlace final del recorrido judicial', asegura la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar. Según la asociación Salvem El Cabanyal, esta sentencia confirmará 'que la Orden Ministerial es legal y que el Plan del Ayuntamiento para el Cabanyal supone expolio y es ilegal'.

Desde Salvem El Cabanyal añadían este viernes que el 'acuerdo' anunciado por Barberá con el Ministerio para continuar con los derribos con ligeras modificaciones es imposible. 'En caso de existir ese pacto por escrito, en documento oficial, quienes lo hayan firmado podrán ser culpables de un clarísimo delito de prevaricación', aseguraban, porque a su juicio lo anunciado por la alcaldesa 'vulnera la orden ministerial', y un nuevo plan que mantenga los derribos y la prolongación de la avenida deberá ser puesto en conocimiento de todos aquellos organismos que emitieron sus dictámenes para redactar la orden. 'Y a la vista de lo que dijeron entonces, volverían a declarar ilegal un proyecto que mantuviera la prolongación', añadían.

Finalmente, en declaraciones a la Cadena Ser, fuentes ministeriales daban la razón a los vecinos: lo anunciado por Barberá sería a lo sumo 'un principio de acuerdo', sujeto todavía a informes de los técnicos y de entidades independientes, que habría que ver 'si encaja dentro de la orden ministerial que, entre otras cosas, exige la preservación del patrimonio histórico'. En definitiva, la orden prevalece; el acuerdo es humo.

'Barberá quiere tiempo. Tiempo y no reconocer que ha perdido, que su plan ha sido y es ilegal, y que ha hecho y hace sufrir al barrio por su sola decisión',  aseguran desde Salvem El Cabanyal. 'Cada vez se hace más patente la necesidad de un cambio en esta ciudad que ponga fin a esa forma de gobernar y entender la política que la señora Barberá representa como nadie, que no conoce la transparencia y que utiliza de todo tipo de subterfugios, para salirse con la suya', concluyen.