Un magistrado conservador, conocido y experimentado como candidato a situarse al frente del órgano de gobierno de los jueces; un nuevo responsable de juzgar el Procès catalán, y una lista de flamantes candidatos; un armazón construido sobre los cimientos de un pacto PSOE-PP que obvia al resto de fuerzas políticas y designa directamente al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se conozcan sus veinte integrantes, que son quienes deben votarlo. Todo, entre críticas de las asociaciones judiciales.

El acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido de Pablo Casado, la bandera blanca que marca el cese de hostilidades entre Gobierno y PP, algo más de dos semanas después de que Casado llamase golpista al presidente del Gobierno, llega en un momento convulso y difícil para el poder judicial; la polémica por la criticada gestión del impuesto de las hipotecas desde el Tribunal Supremo -con la banca como ganadora frente a los consumidores, y después de las disculpas de Carlos Lesmes, su presidente-, ha sido la gota que ha desbordado el vaso de una Justicia que se ha visto frente al espejo en un año más que complicado.

De hecho, y lejos de perder fuerza, la ola podría seguir cobrando altura cuando Manuel Marchena, todavía presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, reemplace a Lesmes al frente del Alto Tribunal y del Consejo, lo que directamente implicará un segundo relevo, en este caso para ocupar el sillón que dejará el magistrado conservador que presidirá el CGPJ.

Previsiblemente lo ocupará el juez Andrés Martínez Arrieta, más progresista que su antecesor. No obstante, estos cambios no han sentado bien a los partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso de los Diputados: para el PDeCAT, la "promoción" de Marchena es parte de una estrategia contra los nacionalistas, mientras para ERC "es un premio y un pago a los servicios prestados" por "la represión contra el independentismo catalán".

Todo ello, además, es el fruto de la discretísima negociación entre el exministro de Justicia de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, y su sucesora, Dolores Delgado. El primero fue reprobado con los votos a favor del PSOE en el Congreso de los Diputados, cuando aún estaba en el cargo.

La segunda ha sido reprobada por duplicado, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, y el PP no ha dejado de pedir su dimisión por sus grabaciones con el excomisario José Manuel Villarejo Pérez, vinculado a las Cloacas de Interior y en prisión provisional. Las conversaciones de Villarejo con la ya exdiputada María Dolores de Cospedal, que datan de cuando Cospedal era número dos del PP, han llevado a la retirada de la exsecretaria general de los conservadores de los escasos espacios políticos que le quedaban, pero hoy la petición de la cabeza de Delgado por parte del PP no parece sonar con tanta fuerza.

La crítica de las asociaciones de jueces 

Además, las asociaciones de jueces han criticado este lunes el pacto entre PP y PSOE, que marca la designación de Marchena antes incluso de que los vocales sean designados por las Cortes Generales. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son estos 20 vocales los encargados de elegir al presidente del CGPJ, aunque en este caso se hayan adelantado escenarios.

Así, la Asociación Francisco de Vitoria ha calificado el acuerdo de "aberrante", mientras que el minoritario Foro Judicial Independiente lo ha tachado de "vergonzoso", tal y como recoge EFE.

Por su parte, el portavoz de Jueces y Juezas para la democracia, Ignacio González, ha afirmado que este es "un mal comienzo para este nuevo Consejo". Como recoge Europa Press, González ha incidido en que este pacto PSOE-PP "transmite una mala imagen de la justicia". Pese a todo, ambos partidos siguen decididos a vender las bondades de su acuerdo, impermeables a las críticas.