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Los países con prohibición de comprar armamento recurren al mercado negro español

La Policía investiga la vinculación con el régimen de Ahmadineyad de los tres iraníes que intentaron adquirir helicópteros de guerra

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¿Quién es en realidad el señor Kalili? Es la pregunta que se repiten desde hace una semana los miembros de la Brigada de Contraproliferación y Material de Doble Uso de la Policía. El iraní Ahmed Kalili, en la cincuentena, fue detenido en una nave de Navas del Rey (Madrid) el 25 de mayo cuando cerraba la compra de tres helicópteros de guerra a unos empresarios españoles. Lo acompañaban dos compatriotas, un supuesto hombre de negocios, Ali Reza Valkhdani, y un técnico empleado de este, Hoseinali Ramanian. De la ocupación de Ahmed Kalili nada se sabe hasta ahora.

En la Policía española, la Brigada dedicada a combatir la contraproliferación está enmarcada en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), también dedicada a la lucha contra el terrorismo islamista. En la actualidad, aseguran fuentes policiales, mantiene varias líneas de investigación abiertas por presunto tráfico de material de guerra y de doble uso.

Los empresarios en prisión pertenecen a la élite de la burguesía gaditana

Sobre Irán pesan varias resoluciones del Consejo General de Naciones Unidas que le impiden la compra de material militar. El régimen de Mahmud Ahmadineyad tiene que articular subterfugios para alimentar su maquinaria de guerra en el mercado negro. Y eso es lo que los investigadores creen que hacían los tres iraníes en su fugaz visita a Madrid. La titular del Juzgado número 5 de Navalcarnero los acusa de un delito de contrabando, por lo que les ha impuesto altas fianzas y la retirada del pasaporte.

Todo comenzó en octubre de 2010, cuando la Policía española supo de la ocultación de helicópteros de guerra en el local de Navas del Rey. Eran aparatos Bell-212, helicópteros militares de fabricación estadounidense y por tanto, material de guerra que la ley somete a un estricto control. Arrancó entonces la operación Nam, llamada así porque ese modelo fue popularizado en la guerra de Vietnam.

El local que escondía los helicópteros es de Guadaira Aircraft Maintenance, que ofrece piezas de Bell-212 para uso civil. La empresa pertenece al Club de Inversores del Guadaira, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que diversifica su actividad con la construcción y negocios inmobiliarios y la exportación e importación de alimentos y bebidas. El negocio de piezas de helicópteros opera también en Catalunya. Es allí donde tiene un socio conocido por la Justicia, Pedro María Sáenz de Maturana. El 14 de junio de 2002 fallecieron ocho operarios que revisaban la línea eléctrica a bordo de un helicóptero en Torallona (Lleida).

Sáenz de Maturana está pendiente de juicio, acusado de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional. El empresario catalán había comprado el aparato por 3.450 euros y lo había vendido por 30.000. 'Los acusados montaron un helicóptero de lo que no era nada más que chatarra', afirma el escrito de la Fiscalía, que pide para cada uno cinco años y nueve meses de cárcel.

Los agentes de la Comisaría General de Información descubrieron que Sáenz de Maturana había viajado a Israel para adquirir los Bell-212 en subasta. Eran aparatos utilizados hasta los años noventa por el Ejército israelí para el transporte de tropas y material de guerra. Para que la venta fuera legal, Israel solicitó permiso a Estados Unidos por ser el fabricante, según obliga la legislación internacional, y este la concedió porque el español alegaba que iban a ser destinados a apagar incendios.

En España, la Ley 53/2007 es clara: cualquier operación mercantil con material de defensa y de doble uso debe ser supervisada por las autoridades, concretamente por una Junta Interministerial creada a tal efecto. Los helicópteros llegaron a España por piezas, probablemente en avión vía Suecia, y por el puerto de Valencia. Según sospecha la Policía, cuando Maturana compró los helicópteros, él y sus socios ya tenían información sobre sus compradores. Se la había suministrado un abogado de Barcelona, español de origen iraní, también detenido en el operativo de Navas del Rey.

La 'operación Nam' ha tenido un amplio eco en los medios de Israel

El día 25, la Policía irrumpió en el local mientras los tres iraníes, este abogado y dos empresarios españoles, cerraban el trato. Los españoles son Pedro Francisco Torres Gallego, del consejo de administración del Club de Inversores del Guadaira, y Jaime Bedia García, consejero delegado, ambos conocidos empresarios de la provincia de Cádiz.

No en vano, Torres Gallego es, junto a su hermano, titular de una ganadería, mientras que Bedia dirige el Club de Inversores junto a Francisco Borja Domecq Solís, presidente del mismo y cuñado del exministro del PP Miguel Arias Cañete. Contra Torres Gallego y Jaime Bedia dictó la jueza prisión provisional sin fianza por contrabando y depósito de armas de guerra. Ahora están encerrados en la cárcel de Navalcarnero.

En sus declaraciones, los empresarios españoles negaron las evidencias sobre la venta de los helicópteros que, según fuentes policiales, se han encontrado en los registros de Jerez, Madrid y Barcelona. Los iraníes, por su parte, alegaron haber viajado a España en visita privada y desconocer lo que ocurría en la reunión interrumpida por los agentes.

Lo cierto es que ya habían adelantado una cantidad por los tres helicópteros que se guardaban en Navas del Rey, informaron a Público fuentes de la investigación. Su siguiente parada iba a ser en Terrassa (Barcelona) para dar el visto bueno y cerrar el trato de otros seis aparatos. Para el día 28 tenían billete de regreso a Teherán. La Policía calcula que los empresarios iban a vender cada aparato por más de un millón de euros, pero que sus negocios ilegales, que incluyen exportaciones a Venezuela, pueden superar los cien millones en beneficios.

Un juez de Barcelona ha dictado libertad con cargos contra Sáenz de Maturana y otro de los empresarios catalanes presuntamente implicados, Josep Creus Mata, ambos detenidos en un operativo simultáneo al de Madrid. La jueza de Navalcarnero optó, sin embargo, por encarcelar a los empresarios andaluces con los mismos cargos e imponer fianzas a los iraníes, la más alta de medio millón de euros.

No es la primera vez que España se ve envuelta en venta de material prohibido a Irán. En 2008, la Guardia Civil desarticuló una red de exportación ilegal de repuestos de helicópteros y aviones de combate al país persa y detuvo a seis españoles. Los Servicios de Información occidentales colaboran en materia de contraproliferación y material de doble uso. Se trata de evitar que armas de guerra o material cuyo destino habitual puede ser derivado hacia la fabricación de explosivo de ahí el término 'de doble uso' llegue a países con embargo u organizaciones terroristas.

La operación Nam tuvo un amplio eco la semana pasada en Israel, país frontalmente enfrentado a Irán. El diario The Jerusalem Post informaba de que el Ministerio de Defensa israelí había abierto una investigación a raíz de la llamada del vicepresidente y ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuando los policías españoles entraron en las naves, encontraron los aparatos aún por montar y la estrella de David tachada con espray de su carcasa.