La mayoría del Congreso han dado hoy el visto bueno a un recorte del 20% de las subvenciones para envíos de propaganda electoral que reciben los partidos, que se suma a la reducción del 40% de las ayudas públicas para las formaciones aplicada en los últimos años.

Así lo ha avanzado el secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, a la salida de la quinta y última reunión de la ponencia de la ley de control financiero de los partidos políticos, cuyo dictamen se aprobará el próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso.

Además de este recorte adicional de los gastos electorales, la nueva ley prohibirá las donaciones de empresas a los partidos políticos y deja en 50.000 euros -la mitad que ahora- la donación máxima de personas físicas.

"Se trata de separar para siempre el mundo de la políticia del de los negocios"

Se trata, según ha explicado Bermúdez de Castro, de separar para siempre "el mundo de la política, del mundo de los negocios".

Además de este nuevo recorte de las subvenciones, la nueva ley establecerá que las ayudas públicas a los partidos no vayan aparejadas a las subidas del IPC u otros indicadores económicos sino a los Presupuestos Generales del Estado y, en concreto, al gasto social, que nunca podrá superar.

El dirigente conservador confía en que los flecos de la ley que han quedado pendientes hasta la comisión del miércoles no sean una "excusa" para que algunos partidos, en referencia al PSOE, no apoyen la norma en la que, ha destacado, se han incluido de una forma u otra el 50% de las propuestas de la oposición. "Hemos hecho una ley que espero que sea de todos, de autoexigencia de todos los partidos", ha asegurado.

Antonio Prada, el portavoz socialista en la ponencia, se ha mostrado optimista sobre los pasos que se están dando porque, según ha dicho, se están incorporando "gran parte" de las enmiendas de su grupo, aunque hay cuestiones que siguen pendientes y que se decidirán en la comisión.

Como ha explicado, está muy avanzado ese acuerdo para recortar en un 20% las subvenciones a los envíos de propaganda electoral y que en la pasada campaña de las europeas ascendieron a 17,4 millones de euros.

También Aitor Esteban, del PNV, ha hecho una lectura positiva de los resultados de las negociaciones que permitirá que los partidos se conviertan quizás la institución más controlada del país.

Sin embargo, le queda un "sabor agridulce" porque cree que no se ha concretado en su totalidad el problema de la financiación de los partidos y, por ello, en el caso de que el PNV vote a favor de la ley el miércoles, será un voto "crítico".

Si bien el ponente de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha valorado los avances de la ley, ha lamentado que no se hayan aceptado muchas de sus enmiendas y el PP no haya querido abordar una reforma de la ley electoral para hacerla más justa y proporcional. De aquí al miércoles, IU pensará su voto, que en ningún caso será favorable.

Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán de UPyD ve algunos progresos aunque insuficientes y ha lamentado los avances que se están produciendo para que la financiación de los partidos sea pública casi "al cien por cien" al entender que se debe permitir la autofinanciación y no poner tantas restricciones a las donaciones.

UPyD: "Queremos haya más transparencia pero más financiación privada"

"Lo que queremos es que haya más transparencia pero más financiación privada", ha sostenido el "número dos" del grupo magenta, que también considera esta medida una "trampa" para cerrar el paso a los partidos nuevos.

Si la financiación es eminentemente pública, ha argumentado, aquellos que no tengan representación parlamentaria "difícilmente van a poder tener acceso a la actividad política", ha dicho.

También se ha mostrado contrariado por el rechazo a la propuesta de UPyD para que la contabilidad de los partidos consolidada no se limite exclusivamente a la organización central y deje en un "aparte" a las locales y autonómicas. Si la formación magenta puede hacerlo, "lo puede hacer todo el mundo", ha dicho, ya que favorece la transparencia y el rigor.