Los grupos parlamentarios comenzarán a partir de este lunes a trabajar sobre la reforma del Reglamento del Congreso, que data de 1982, en una reunión en la que ya se pondrán encima de la mesa las diferentes propuestas que han registrado en el Congreso para tratar de mejorarlo y adaptarlo al siglo XXI. Tras meses hibernando, el debate para la mejora de las normas parlamentarias se relanzó el pasado 12 de febrero en una reunión de la Comisión del Reglamento donde se constataron las buenas intenciones de todas las fuerzas políticas, hasta el punto de garantizarse que esta vez no habrá líneas rojas.

En aquella cita presidida por Jesús Posada se definieron los bloques en los que se dividirán los futuros debates. Entre esos ejes figura el estatuto del diputado y la relación del diputado con su grupo, la modificación del procedimiento legislativo, la actualización de reglas que llevan años inamovibles y la revisión de los procedimientos del control al Gobierno. En la cita de este lunes se prevé, sin embargo, que los grupos avancen ya en el calendario de los debates y en el contenido de la reforma reglamentario, puesto que pondrán en común las diferentes propuestas que han venido planteando con la intención de comprobar en qué asuntos hay más consenso.

En la primera legislatura socialista, el PSOE y el PP llegaron a definir los principios generales de una reforma del Reglamento del Congreso que finalmente fracasó ante su negativa a permitir el uso de las lenguas cooficiales que demandaban los nacionalistas e independentistas. Una vieja reivindicación que de nuevo volverán a poner encima de la mesa, pese a que son conscientes de que tanto los grupos mayoritarios como la Izquierda Plural y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) no van a permitir que este asunto bloquee de nuevo la necesidad de reformar las normas que rigen el funcionamiento del Congreso.

En caso de que esta vez sí fructifique la reforma, ésta se enfoca para la próxima legislatura, aunque queda abierta la posibilidad de que algunos puntos, si tienen suficiente consenso, se puedan ir aplicando antes.

Los socialistas, que ya han venido planteando en el Pleno sin éxito reformas puntuales del Reglamento, pedirán que la mejora del funcionamiento del Congreso pase, entre otras medidas, por forzar las comparecencias del presidente del Gobierno siempre que lo reclamen todos los grupos de la oposición, por que éste pueda también ser interpelado y por que esté obligado a convocar anualmente un Debate sobre el estado de la Nación. Asimismo, abogan por que no haya que registrar con anterioridad las preguntas de control al Gobierno de tal forma que cualquier diputado pueda levantarse y plantear una cuestión sin aviso previo, es decir, a la inglesa; por fomentar la participación de los eurodiputados en los debates de política comunitaria, y por convertir la Comisión de Peticiones del Congreso en la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana.

Además, ven esencial que el Ejecutivo acabe con los vetos a preguntas o a iniciativas de control y con el abuso de los decretos-ley, que se flexibilice la creación de comisiones de investigación parlamentarias, que se cree un organismo en las Cortes para fiscalizar el grado de cumplimiento de iniciativas legislativas y que se ponga en marcha una Oficina del Ciudadano en las Cortes Generales (el llamado diputado 351).

De la misma forma, también quieren otorgar más relevancia a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) o de las comunidades autónomas, aumentar el calendario de plenos, facilitar la actuación individual de los parlamentarios en relación con su circunscripción y crear la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para que el Congreso no dependa del Gobierno.

Por su parte, las propuesta de la Izquierda Plural incluyen ampliar el número de preguntas que se dirigen al presidente del Gobierno en las sesiones de control, reorientar la Comisión de Peticiones para que deje de ser 'un mero buzón' de sugerencias, fomentar el papel individual de cada diputado, ampliar el número de iniciativas que puede presentar cada grupo parlamentario y regular los Debates sobre el estado de la Nación. De la misma forma, el grupo de izquierdas es partidario de crear un sistema de control de asistencia de los diputados, de adecuar el salario de los diputados al de un director general, de reforzar el régimen de incompatibilidades de sus señorías o de regular la posibilidad de reprobar o cesar al presidente del Congreso, entre otras muchas propuestas.

Desde UPyD también plantean que se estudie la posibilidad de que sus señorías tengan que fichar, pero también que se permita a los grupos realizar preguntas 'sorpresa' de control al Gobierno, que se regulen las preguntas orales al presidente, que se fije anualmente el Debate sobre el estado de la Nación, que se amplíen los periodos de sesiones habilitando los lunes, que se supriman las proposiciones no de ley y que se refuerce la transparencia de las nóminas y la agenda de los parlamentarios, así como los acuerdos de la Mesa del Congreso, entre otros.

Aunque vuelvan a insistir con el tema de las lenguas cooficiales, el PNV y ERC han registrado otras propuestas para adecuar el Congreso a las necesidades actuales. Así, los nacionalistas vascos quieren que 'en ningún caso' un único grupo parlamentario, aunque tenga mayoría absoluta como ahora el PP, pueda vetar la inclusión de una iniciativa en el orden del día del Pleno siempre que los demás quieran debatirlo. Esta idea ya se planteó en el Pleno del Congreso pero el PP impidió tramitarla alegando precisamente que había que esperar a la Reforma del Reglamento. También sugieren habilitar la moción de censura de los ministros, obligar a los ministros a comparecer en sus correspondientes comisiones parlamentarias al menos una vez en cada periodo de sesiones y que el presidente del Gobierno acuda anualmente al Congreso para 'auditar' el grado de cumplimiento de los mandatos de la Cámara al Ejecutivo.

Además, el grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban también plantea la posibilidad de que preguntar por la agenda ministerial en las sesiones de control, de agilizar los debates de las Cumbres Europeas y de que la delegación legislativa en comisión requiera de unanimidad en la Mesa y la Junta de Portavoces.

De su lado, ERC aboga por 'abrir' de verdad el Parlamento a la ciudadanía, facilitando que el debate 'de la calle' se traslade al Congreso y posibilitando la discusión inmediata que las ILP, por reforzar las incompatibilidades y los 'privilegios' de los diputados respecto del resto de trabajadores. Asimismo, los republicanos catalanes son partidarios de cambiar el funcionamiento de las sesiones de control, apostando por las preguntas 'sorpresa' al Gobierno, por flexibilizar la creación de comisiones de investigación, por facilitar el voto secreto y por evitar el veto de que un grupo parlamentario no esté representado en según qué comisiones.

Singularmente, se refiere a la Comisión de Secretos, en la que el Grupo Mixto no tiene presencia desde el inicio de la legislatura debido a que el PP se opuso a que Esquerra, aliada de la coalición abertzale de Amaiur, estuviera al tanto de los asuntos de Estado que se abordan en esas reuniones.