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Pazo de Meirás El PP de Feijóo impulsa ahora una iniciativa para que el Estado presente una demanda contra los Franco por el Pazo de Meirás

Los conservadores gallegos han hecho suyas las conclusiones de la comisión de expertos nombrada, a instancias del Parlamento, por parte de la Consellería de Cultura y que fue presentado el pasado lunes.

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El Pazo de Meirás. EFE/Archivo

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha pasado a la acción y ha registrado una iniciativa urgente en la Cámara gallega para reclamar que el Estado inicie las acciones legales pertinentes con el fin de poder incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás, en posesión de los herederos de Francisco Franco.

Así, los conservadores gallegos han hecho suyas las conclusiones de la comisión de expertos nombrada, a instancias del Parlamento, por parte de la Consellería de Cultura y que fue presentado el pasado lunes. El documento recoge como posibilidad que la Administración del Estado realice una acción reivindicatoria, presentando una demanda civil, en la que argumente que se trata de un bien demanial, esto es, que por la fuerza del uso -institucional- se trata de un edificio público.

La iniciativa se ha registrado de forma urgente con el propósito de que pueda debatirse en la próxima sesión plenaria, toda vez que el mes de julio es hábil en el Parlamento gallego. En la propuesta, se insta a la Xunta a "remitir urgentemente a la Administración General del Estado el informe elaborado por la comisión de expertos", de forma que se realicen las acciones legales que recomienda el documento para que este bien pase al dominio público.

La proposición no de ley está firmada por los 41 diputados del Grupo Popular, incluido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en ella se recuerda que la comisión de expertos concluye, por unanimidad, que "es posible defender el derecho a adquisición por usucapión de la condición de bien de dominio público" de las también conocidas como Torres de Meirás.

En lo que se presentó un voto particular, por parte del Ayuntamiento de Sada, es en la parte referida a la conclusión cuarta, en la que se recoge que una vez que haya sentencia firme del Tribunal Supremo, la liquidación de la posesión, es decir, el paso de titularidad al Estado, podría implicar una indemnización por gastos -debidamente acreditados- de mantenimiento a los actuales poseedores.

Los conservadores también recuerdan en su iniciativa que el pleno aprobó el 26 de septiembre de 2017 una proposición no de ley en la que se instaba a la Xunta a "realizar un estudio jurídico en colaboración con las universidades gallegas, para analizar los mecanismos que, respetando la legalidad vigente, permitiesen incorporar al patrimonio público la propiedad de las Torres de Meirás". Sobre esta iniciativa se creó esta comisión de expertos.

El PP considera que el grupo creado fue "amplio, plural y cualificado en materias jurídicas e históricas". Ha estado presidido por el profesor de Historia Contemporánea Xosé Manoel Núñez Seixas y ha contado con profesores de las tres universidades gallegas, los colegios de registradores de la propiedad, la asesoría de la Xunta y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada.

El Grupo Popular justificaba en la iniciativa de septiembre que los trabajos de investigación histórica "demostraron documentalmente" la "falsedad" de la versión dada por las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y los posteriores 40 años" de que el Pazo de Meirás había sido una "ofrenda-donación" realizada de forma voluntaria por los gallegos al dictador.

El PPdeG también se hacía eco de la "preocupación social" por el uso que le venían dando al pazo los herederos, inclusive "incumplir" las obligaciones con un inmueble declarado Bien de interés cultural (BIC) en 2011, así como los "anuncios de que pretendían hacer con esta propiedad un espacio para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco".

Finalmente, los conservadores entienden que los hechos históricamente comprobados y las declaraciones de los actuales poseedores del pazo, que lo pusieron a la venta, y de los miembros de la Fundación Francisco Franco "constituyen una innecesaria ofensa a las víctimas de la dictadura, a sus familiares y al conjunto de la sociedad gallega".

"Una sociedad que, de forma muy mayoritaria, considera que el vigente periodo democrático constituye una feliz y pactada superación de una etapa de nuestra historia que nunca más se debería repetir: la guerra civil y la subsiguiente larga y opresiva dictadura", recoge la iniciativa.