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Pederastas y etarras serán vigilados al salir de prisión

El Gobierno anuncia una reforma del Código Penal que permitirá controlar durante 20 años a los agresores sexuales de niños y a los terroristas que muestren «mal pronóstico» de reinserción

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El Gobierno cree saber cómo evitar en el futuro nuevos casos Mari Luz y De Juana: el endurecimiento de las penas que contempla el Código Penal para pederastas y terroristas que incluirá, entre otras nuevas medidas, la pena accesoria de libertad vigilada durante 20 años a todos aquellos que muestren “mal pronóstico” de reinserción una vez hayan cumplido sus condenas. Así lo anunciaron ayer los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Fernández Bermejo, en una comparecencia que coincidió con la notificación de la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no haber ejecutado una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense. Sanción que el propio Bermejo criticó por “benigna” y que auguró será recurrida por la Fiscalía.


La mano dura del Gobierno ya había sido anunciada la semana pasada por el propio ministro de Justicia, pero no estaba incluida en el programa electoral del PSOE para el 9-M, en el que sólo se hablaba de impulsar “las reformas necesarias del Código Penal para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y dispensar una adecuada tutela a las víctimas del delito”. Sin embargo, la polémica social provocada por ambos casos ha llevado al Gobierno a lanzar ahora un paquete de medidas que no se limitará al control de estos delincuentes.


Así, Rubalcaba y Bermejo confirmaron también la creación de un registro de pederastas para el primer trimestre de 2009, que intentará evitar, entre otras cosas, que un pederasta condenado pueda trabajar con menores una vez haya abandonado la prisión. También se incluirá la posibilidad de someterlos a la llamada castración química, siempre y cuando éstos la acepten. Fernández Bermejo insistió en que el objetivo final es mejorar la protección de los menores, para lo cual anunció como novedad un “agravamiento” de las penas para aquellos que capten a menores para “espectáculos pornográficos” y a los que ofrezcan material de carácter sexual en el que hayan participado menores.


En el caso de los terroristas, el endurecimiento también va más allá de la libertad vigilada para los reincidentes que no den muestras de reinserción. Así, de salir adelante el proyecto de reforma, los tribunales deberán imponer obligatoriamente a éstos medidas de alejamiento de sus víctimas directas una vez que salgan a la calle. Hasta ahora, esta medida quedaba a discreción de los magistrados. Además, los delitos más graves cometidos por los terroristas –“los que atentan contra la vida de las personas”, especificó Rubalcaba– no prescribirán y, por tanto, sus autores podrán ser enjuiciados sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.


Contra bandas organizadas


Las reforma también prevé modificaciones para facilitar la lucha contra el crimen organizado y, en concreto, contra “los grupos transitorios de delincuentes”, palabras que ayer utilizó el ministro Fernández Bermejo para referirse a l conjunto de personas que se coordinan para la comisión de actos delictivos concretos y que, hasta ahora, no podían ser condenados por integración en banda organizada, como sí lo son los terroristas o los integrantes de los carteles del narcotráfico. Para ello, el Gobierno echará mano de la legislación francesa y, en concreto, de la figura de “asociación de malhechores”, lo que permitirá que estos delincuentes vean agravadas sus penas como miembros de una organización aunque ésta no sea duradera en el tiempo.


Los que también verán sus penas agravadas serán los patronos de los cayucos y pateras que introducen sin papeles en nuestro país. Hasta ahora, la legislación preveía penas de entre 6 y 8 años de cárcel para ellos. Ahora, si entre los pasajeros de sus embarcaciones van menores, la pena se incrementará automáticamente y podrá ascender hasta los 12 años de prisión.


La reforma del Código Penal, que el Gobierno tiene previsto tener ultimada este próximo otoño para su remisión al Congreso, tendrá el camino expedito en la Cámara Baja, ya que, como apuntaron ayer los titulares de Justicia e Interior, ya ha sido consensuada con el PP.

 

Aplauso unánime de las asociaciones de jueces

“Era un clamor social” (Jueces para la Democracia, JpD); “Lo que teníamos no bastaba” (Asociación Profesional de la Magistratura, APM); “Había una laguna legal” (Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, AJFV)... Fue al poco tiempo de hacerla pública los ministros de Justicia e Interior cuando, ayer, las asociaciones judiciales dieron la bienvenida al unísono a la propuesta del Gobierno de reformar el Código Penal con medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes.


La acogida, sin embargo, vino matizada por los portavoces de las tres asociaciones, que coincidieron al pedir prudencia a la hora de abordar el proyecto del Ejecutivo. “Estas medidas, extraordinariamente positivas, completarán el sistema de justicia del que hoy disponemos y configurarán un marco legal más refinado y perfecto —sostiene el portavoz de la APM, Antonio García—. Pero habrá que ajustarse escrupulosamente a la Constitución y los derechos fundamentales; recoger todo aquello razonable, sereno y prudente que reclama la ciudadanía”, pues García reconoce que, en ocasiones, la tragedia y el dolor provocados por delitos como el terrorismo o la pederastia derivan en reclamaciones sociales imposibles de asumir por un “Estado de Derecho maduro”. “Necesitamos un Derecho Penal proporcional a la gravedad de los hechos”, concluye.
Mucha cautela


Desde JpD, Ignacio Espinosa entiende la necesidad de poner coto a los “fallos del sistema” judicial que se han ido evidenciando desde la última reforma del Código Penal. “Son medidas positivas que tratarán de llenar la laguna legal existente para delitos tan graves”, explica Espinosa refiriéndose a las llamadas “medidas postdelictuales’’ (impuestas después del cumplimiento de la condena cuando existe riesgo de reincidencia).
El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados confía en la “suma cautela” de los responsables de aplicar las propuestas concretas de la reforma prevista por el Ejecutivo, como la polémica castración química, aunque subraya que ésta es “voluntaria” y eso la exime de cualquier atisbo de autoritarismo.


Precisamente, en la individualidad de la aplicación de estas medidas, es decir, “el caso de cada persona es diferente y así debe ser estudiado”, insiste el portavoz de la AJFV. Lorenzo del Río cree que la iniciativa del Gobierno es, “en principio, razonable, aunque dependerá de cómo se regule”. Del Río cree que la legislación deber ir acompañada de los medios, “memoria económica incluida, y la pendiente modernización de la justicia”.