Publicado: 14.07.2016 20:18 |Actualizado: 14.07.2016 22:01

Podemos se persona como acusación en la causa contra la cúpula policial y sus periodistas afines

Se trata de la pieza separada del caso Nicolas, que investiga la grabación ilegal hecha por altos mandos de la Policía contra el CNI y Asuntos Internos y que fue entregada al pequeño Nicolás por Inda y Urreiztieta. Ya está imputado un redactor de una página digital, el comisario Villarejo y la Fiscalía acaba de pedir que se actúe contra su mujer, Gema Alcalá.

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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el periodista Eduardo Inda, en uno de sus cara a cara en el programa 'La Sexta Noche'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el periodista Eduardo Inda, en uno de sus cara a cara en el programa 'La Sexta Noche'

@patricialopezl

MADRID.- Podemos se ha personado como acusación popular en la causa que sigue el juzgado de instrucción número 2 de Madrid contra los autores y difusores de una grabación ilegal hecha a miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a los investigadores de Asuntos Internos de la Policía encargados de las pesquisas al presunto estafador, Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

Las más de 500 páginas presentadas ante el juez Arturo Zamarriego por la comisión judicial, que tuvo que crear para proteger a los investigadores de los mandos de la cúpula policial presuntamente involucrados, explican cómo se instaló un programa espía en el teléfono del comisario Marcelino Martín Blas por parte de sus compañeros, que se activó con una llamada de un periodista al servicio de la mujer del comisario José Manuel Villarejo y que después fue entregada a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta para que se la hicieran llegar al pequeño Nicolás y que pudiera cerrar la causa contra él. De todo esto estaba puntualmente informado el secretario de Estado de Interior y mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez.

Señala Podemos en su escrito que su interés legítimo para ser parte de la acusación es "la defensa de los intereses generales" ante aquellos que realizan "actividades prohibidas" y "que en realidad obedecen a intereses totalmente alejados de los ciudadanos”

Las sospechas de dicha operación ilegal caen sobre los comisarios José Manuel Villarejo Pérez —que ya está imputado—, el ex director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino Sánchez; el comisario Enrique García Castaño y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, además de contra los periodistas Eduardo Inda Arriaga, Esteban Urreiztieta, Carlos Mier y otros, “por los presuntos delitos, entre otros, de blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”.

Según señala Podemos en su escrito, el interés legítimo para ser parte de la acusación popular es “la defensa de los intereses generales que se ven afectados por la realización de actividades prohibidas por funcionarios públicos, especialmente graves por cuanto se realizan por quienes deben ser los garantes del Estado Social y de Derecho, y que en realidad obedecen a intereses totalmente alejados de los ciudadanos”.



La policía política y sus periodistas

Alega Podemos en su escrito que “fruto de esta colaboración” entre los mismos mandos policiales y periodistas “se produce la elaboración y difusión del “secreto” informe policial dirigido contra los representantes de la organización política que represento que compite electoralmente por la Presidencia del Gobierno, Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que nunca fue puesto a disposición de la Fiscalía, y que sin embargo fue usado por organizaciones hoy investigadas como Manos Limpias en la interposición de una querella”.

Todas las acciones contra los representantes de Podemos, tanto ante la Fiscalía como ante el Tribunal Supremo, terminaron archivándose

Todas las acciones contra los representantes de la formación morada, tanto ante la Fiscalía como ante el Tribunal Supremo, terminaron archivándose “por carecer de elementos acreditativos iniciales mínimos” y basarse —precisamente— “en recortes de prensa cuya veracidad no está acreditada”.

Además de contra los ya imputados —el comisario Villarejo, el periodista Carlos Mier y, en breve, la mujer del policía, Gema Alcalá—, Podemos también pide que se actúe contra “Eugenio Pino, el comisario que dirigía la Dirección Adjunta Operativa desde la que han salido los informes contra políticos favorables al proceso independentista en Cataluña y, recientemente, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. A éstos se añaden el Inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, y el comisario de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño”.

También destacan que “la conexión directa de los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta con el comisario Villarejo ha sido reconocida por éste en la declaración que como Investigado prestó ante ese Juzgado el pasado 6 de julio de 2016”, y son estos periodistas quienes publicaron “tres informaciones 'tóxicas' contra rivales políticos y policiales del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los tres meses siguientes a las reuniones grabadas y cuyos audios han sido difundidos por el diario Público”.

Todas esas informaciones “han sido luego desmentidas judicialmente: la supuesta cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el informe contra Podemos que se denominó PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y una grabación que supuestamente probaría que el CNI y el comisario Martín-Blas estaban manipulando pruebas en contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias”.

Interés legítimo

Las fuentes consultadas de la organización morada explican que “el motivo fundamental de la personación de Podemos es colaborar en la averiguación de las posibles actividades delictivas de lo que parece ser un grupo incontrolado de la Policía, actuando como policía política para crear una suerte de imputaciones extrajudiciales ante la opinión pública, utilizando torticeramente el buen nombre y prestigio de la Policía para, sirviéndose de unos periodistas dispuestos a utilizar también el prestigio de la profesión para calumniar a los opositores políticos, crear un entramado delictivo que, unido finalmente a la actividad presuntamente delictiva del pseudo sindicato Manos Limpias crearía una línea argumental para, sirviéndose de las instituciones (la Policía, la prensa, los juzgados, el tribunal de cuentas) instalar en la opinión pública una suerte de imputación sostenida en el tiempo de hechos falsos sin necesidad de ningún soporte fáctico”.

En concreto, la organización ultraderechista dirigida por Miguel Bernard ha estado relacionada con la mayoría de los montajes contra rivales políticos organizados por esta cúpula policial que actúa a las órdenes el ministro Jorge Fernández Díaz y no bajo las de un juez: tras ser filtrado el informe Pujol por el comisario Villarejo a Inda y Urreiztieta, Manos Limpias acudió a querellarse aunque el ministerio del Interior no se hacía responsable de la investigación; el dossier PISA sobre Podemos, también desvelado por Inda y utilizado por el sindicato ultra; y la operación del pequeño Nicolás, con quien también se reunía Bernard y donde intentó personarse como acusación pero fue expulsado por el juez al existir muchas posibilidades de que también acabe imputado en este procedimiento.

Desde Podemos destacan que “los hechos que se investigan guardan una perfecta concordancia tanto en cuanto a las personas implicadas como al modus operandi de esta trama, debemos investigar si dicha actividad permanece en la actualidad, contra qué otros opositores políticos se ha utilizado y qué responsabilidades penales se podrían derivar de estos actos”.