Publicado: 11.02.2014 14:42 |Actualizado: 11.02.2014 14:42

La Policía presenta una denuncia por la grabación oculta de la declaración de la infanta

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La Policía Nacional ha denunciado este martes ante el juzgado de Instrucción número 11 de Palma, en funciones de guardia, la grabación oculta de la declaración como imputada de la infanta Cristina el pasado sábado por el caso Nóos, algo que había prohibido expresamente el juez que instruye dicha causa.

Después de que el juez del caso Nóos, José Castro, ordenara el domingo a la Policía que investigara quién tomó a escondidas la foto de la declaración de doña Cristina que publicó el diario El Mundo, las fuerzas de seguridad han puesto en conocimiento del juzgado de guardia el atestado policial abierto.

La Policía ha informado de sus actuaciones y de las diligencias que ha practicado para averiguar el origen de esa foto y de las imágenes en vídeo de la declaración de la infanta que se difundieron ayer en el portal Wouzee, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Además, la Policía solicita una serie de diligencias, que pueden ser adoptadas de forma inmediata por el juez de guardia, Manuel Penalba, si así lo estima necesario, sin que tenga que esperar a que el caso sea asignado por turno de reparto a un Juzgado de Instrucción concreto. Con esta actuación por parte de la Policía, la investigación ordenada por Castro se judicializa.

Según han informado fuentes jurídicas a Efe, dicha grabación a escondidas constituiría un delito de desobediencia porque el juez había ordenado expresamente diversas medidas para impedir que se pudiera filtrar la declaración de la infanta; además, si el autor es un letrado, podría implicar la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados al que pertenezca.

Días antes de la comparecencia, Castro dictó un auto en el que prohibía el acceso a la sala de vistas en que declaró doña Cristina -la sala F de la segunda planta del edificio judicial- de cualquier dispositivo que permitiera la toma de imágenes de la imputada. Para ello, estableció la obligación de que todas las personas que accedieron a la sala, unas cuarenta entre abogados defensores, fiscales, representantes de la acusación y funcionarios, depositaran bajo custodia policial antes de entrar sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo que pudiera grabar imágenes o sonido.

Para prevenir una posible filtración, el juez había accedido además a la solicitud de la defensa de la infanta de que la declaración sólo se grabara en audio para su posterior transcripción, pero no en vídeo como se había hecho en ocasiones precedentes. El magistrado aseguró ayer que tenía "sospechas" sobre quién pudo ser el autor de la grabación oculta, un acto que describió como "algo incalificable".

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha calificado de delito la grabación. "Había un mandamiento judicial de que no tenía que haber grabaciones y la verdad es que al final ha habido una y por eso el juez tomará las medidas que considere pertinentes y adecuadas. Al final es un delito desobedecer las instrucciones de un juez", ha asegurado.