Publicado: 22.08.2016 13:35 |Actualizado: 22.08.2016 13:35

Policías y militares heridos en acto de servicio llevan al Gobierno a Estrasburgo por "discriminación" 

Más de 300 miembros de los cuerpos de seguridad denuncian que sus compañeros, víctimas de atentados terroristas, reciben una pensión más alta de retiro o jubilación, lo que consideran "agravio comparativo".

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional/EFE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional/EFE

MADRID.- Más de 300 policías, guardias civiles y militares heridos en acto de servicio han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, situado en Estrasburgo, por supuesta "discriminación" por parte del Gobierno en sus pensiones en comparación con sus compañeros víctimas de atentados terroristas, según informa el bufete del abogado Fernando Osuna que lleva la causa.

Los agentes y militares entienden que se han vulnerado sus derechos debido a la limitación del tope de sus pensiones extraordinarias de retiro o jubilación. Todos ellos padecen una incapacitación acaecida durante el desempeño de sus funciones.

"No es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad que los últimos fueron víctimas de atentados terroristas", dice el despacho en una nota.

Los demandantes proceden de distintos puntos de España como Alicante, Murcia, Asturias, Valencia, Badajoz,, Huesca, Cádiz, Valladolid, Cantabria, Tenerife, A Coruña, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba y Zaragoza.

Reclaman cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones" y han acudido a Estrasburgo tras varios años de recursos en los tribunales españoles que han dado una "respuesta negativa" a sus demandas.

Límite desde 1984

Sus pensiones se limitaron a un máximo de 187.950 pesetas (1.129 euros) mensuales desde los Presupuestos Generales de 1984 que impusieron ese tope. Los demandantes consideran que "no había justificación para dicho límite" y recuerdan que se trató de una medida provisional que, no obstante, se ha ido manteniendo.

A partir de ese momento, las Leyes de Presupuestos Generales establecen anualmente un límite máximo de percepción y únicamente están excluídas las pensiones derivadas de actos de terrorismo.