Publicado: 09.03.2016 18:00 |Actualizado: 09.03.2016 18:00

Políticos de PP y de PSOE con tarjetas black se quejan ante la Audiencia del trato "peyorativo" de la prensa

Antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid han pedido su absolución amparándose en que desconocían que esta práctica fuera ilícita y "desleal".

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Rodrigo Rato y Miguel Blesa

Lonsejeros de Caja Madrid afirman que actuaron "sin ningún atisbo de oscuridad" en una práctica generalizada durante las presidencias de Rato y Blesa.

MADRID.- Antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid con 'tarjetas black' han pedido a la Audiencia Nacional su absolución amparándose en que desconocían que esta práctica fuera ilícita y "desleal" para la entidad, al tiempo que han denunciado haber sido tratados "peyorativa e insistentemente por los medios de comunicación", que los han presentado ante la opinión pública, a su juicio, como si ya hubieren sido condenados.

La ausencia de "dolo" o intencionalidad para cometer los delitos de apropiación indebida o administración desleal que se les atribuye figura en los escritos de defensa, a los que ha tenido acceso Europa Press, que han presentado antiguos representantes de la caja madrileña como Miguel Ángel Abejón, Carmen Cafranga (PP), Darío Fernández-Yruegas (PP), Miguel Ángel Araujo (PP), Beltrán Gutiérrez (PP), Jorge Gómez (PSOE), José María de la Riva (PSOE) o Virgilio Zapatero (PSOE).

El exmiembro de la Comisión de Control Miguel Ángel Abejón -que gastó 109.182 euros con su 'black'- critica el trato que han recibido de los medios de comunicación y recuerda que recibió entre enero de 2003 a diciembre de 2011 una tarjeta "instituida" por los presidentes de la caja Miguel Blesa y Rodrigo Rato para "gastos de libre disposición", que incluían los de carácter personal. Los gastos eran contabilizados en la cuenta 619202 conocida por Hacienda y, por ello, "nunca dudó de que esta práctica de incentivos era lícita y procedente".



"En la conducta de mi representado, no hubo en ningún momento conciencia o intención de infringir su deber de lealtad con la entidad a cuyo Consejo de Administración pertenecía y, menos aún, de apropiarse indebidamente la cantidad alguna", recoge también la defensa del exconsejero Darío Fernández-Yruegas, a quien se atribuye un desembolso de 69.802 euros.

En este sentido, señala que actuó en todo momento de una manera "abierta y sin el menor atisbo de clandestinidad" al comprobar que se trataba de una práctica generalizada, nadie le habló sobre una posible ilegalidad y mantenerse de forma "escrupulosa" en los márgenes de su utilización.

Devolución del dinero para rebajar penas

"¿Cómo podría el imputado imaginar siquiera que su actuación con la tarjeta podría ser constitutiva de una eventual infracción penal?", se preguntan otros, que también piden anular como prueba el listado de gastos aportado por Bankia al haberse obtenido, en su opinión, "por medios ilícitos", "cuya cadena de custodia es más que dudosa" y no haberse podido someter a contradicción.

"La asignación y entrega podrá tratarse en su caso de una responsabilidad de sus administradores, pero en ningún caso puede ser atribuida ninguna responsabilidad a quienes se han limitado a aceptar la retribución asignada en el límite y condiciones asignadas, por su esfuerzo y servicios prestados a Caja Madrid", exponen Alejandro Couceiro (70.160), Juan Gómez (128.000) o Fernando Serrano (78.592).

Con todo, muchos han procedido a devolver las cantidades que se les atribuyen en la cuenta de consignaciones del Juzgado Central de Instrucción número 4 para conseguir que su eventual condena se pueda rebajar con la aplicación de la atenuante de reparación del daño.

Apertura de juicio oral

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el pasado 1 de febrero el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exresponsable de Bankia Rodrigo Rato y otros 64 antiguos representantes de ambas entidades que utilizaron las 'tarjetas black' opacas al fisco para cubrir "gastos personales".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.