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Podemos pone una queja ante el CGPJ por las maniobras de la nueva juez del caso Nicolás

La sustituta de Arturo Zamarriego, María del Pilar Fernández, al frente de la causa que investiga a la ex cúpula policial por grabar al CNI y a Asuntos Internos para después distribuir la conversación manipulada a Eduardo inda y Esteban Urreztieta, cerró la acusación contra el inspector Fuentes Gago sin que pudieran recurrirlo e imputó a los investigadores en contra de la decisión de la Audiencia Provincial y de las partes acusadoras personadas, además de mantener a la asociación de Villarejo.

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Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago, durante sus comparecencias ante la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior.

En medio año ha conseguido paralizar el trabajo que no culminó durante dos su predecesor, Arturo Zamarriego, y la comisión de investigación que encabezada por el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López. María del Pilar Fernández Gamo ha llegado a imputar a quienes destaparon las siniestras operaciones de la ex cúpula de la Policía que dirigía el comisario Eugenio Pino, a las órdenes del ex ministro Jorge Fernández Díaz, y los oscuros negocios del 'agente encubierto' José Manuel Villarejo y sus "periodistas infiltrados", Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. Aunque ya ha archivado esa causa.

En concreto, la ex cúpula policial ha sido investigada por grabar ilegalmente una reunión de agentes del CNI y de Asuntos Internos, grabada por un periodista de la página digital del comisario Villarejo, Información Sensible, y que se entregó manipulada a Inda y Urreztieta para que se la facilitaran al pequeño Nicolás y cerrar la causa que involucraba a un socio y amigo del comisario Villarejo, el accionista de Indra Adrián de la Joya, ahora imputado en Lezo. 

Según la queja puesta por Podemos ante el Gonsejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre las actuaciones más graves cometidas María del Pilar Fernández, titular del juzgado de instrucción número 2 de Plaza de Castilla (Madrid), está el cierre "de una “subcarpeta” de la pieza II de las actuaciones, declarada secreta, cuya finalidad era la averiguación de los autores de la referida grabación y del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, investigando la posible participación en los hechos, de los periodistas Don Eduardo Inda y Don Esteban Urreiztieta y del inspector jefe Don José Ángel Fuentes Gago, asesor del exDAO [director Adjunto Operativo] Don Eugenio Pino, en la difusión de la grabación".

Pruebas sin realizar y borradas

El el mes de julio la juez archivó las diligencias secretas y las partes personas se enteraron de su existencia debido al auto de cierre. Solicitaron entonces las acusaciones populares copia de las actuaciones y descubrieron que no se habían tramitado "diligencias ordenadas por su predecesor tales como comisiones rogatorias a EEUU: a fin de que por la empresa “Gmail - Google” faciliten al Juzgado los datos de contenido registro de las cuentas einda1968@gmail.com y fuentesgago@gmail.com durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, cuentas de correo titularidad del Sr. Inda y del Sr. Fuentes Gago respectivamente”. 

En esa carpeta consta la declaración del jefe de gabinete del ex número dos de la Policía que reconoce que “recibe el correo con la grabación y se lo remitió a si mismo y borró la identidad de quién se lo había remitido… Que Urreiztieta fue quien le remitió la grabación”. Este hecho, que significa una evidente ocultación a los investigadores según estos exponen en varios informes, se vio agravado cuando se descubrió que se había eliminado esta prueba de los servidores centrales de la Policía en San Lorenzo del Escorial.  

De izquierda a derecha, el excomisario José Manuel Villarejo, el periodista Eduardo Inda, y el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. EFE

Expone Podemos en su queja que "dado que la destrucción de una prueba tan primordial como el correo que contenía la grabación ilegal, se ha producido durante la instrucción, quedando pendientes por practicar diligencias encaminadas al esclarecimiento de dicho delito, nos resulta sorprendente el archivo de la subcarpeta", que esta acusación popular y la Plataforma por la Honestidad han recurrido. 

Explican también al órgano encargado de sancionar a los jueces que "son numerosos los informes policiales en los que se interesan diligencias de prueba en esclarecimiento de los hechos, que son denegadas de forma total y sistemática por la jueza instructora, y salvo error u omisión por nuestra parte, no se ha accedido a la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Comisión Judicial solicitadas desde que ocupara su plaza en el Juzgado de Instrucción nº 2".

La falta de protección a los investigadores

Los investigadores de la causa también se han visto perjudicados y hasta imputados por la juez que ha dirigido su trabajo en el los últimos meses. "La Comisión Judicial ha realizado un arduo trabajo presentando extensos informes de forma continuada durante la instrucción del procedimiento", a pesar de que las defensas del comisario Villarejo, de su redactor y de Francisco Nicolás Gómez Iglesias les han recusado con el apoyo de la fiscalia. Sin embargo, la Audiencia Provincial volvió a ratificarlos en sus puestos y desechó los recursos. 

La imputación a los investigadores fue filtrada desde los juzgados de Plaza Castilla a medios que ya habían recibido informaciones bajo secreto, según el sumario

Entre junio y el 12 de julio el inspector, jefe de la investigación, entregó a la juez cuatro últimos informes en los que se pedían numerosas diligencias. Sin embargo, "dos días después de el último informe de fecha 12 de julio presentado por la Comisión al Juzgado, sin pronunciarse sobre el contenido y diligencias del mismo, el día 14 de julio de 2017 se acuerda mediante auto la disolución de la Comisión Judicial y ante el traslado de los funcionarios a sus nuevos destinos, la Comisión Judicial tuvo que poner en conocimiento del juzgado el riesgo en la custodia de los documentos obtenidos en el transcurso de la investigación". 

A excepción de Transparencia y Justicia -vinculada al comisario Villarejo y a su socio Rafael Redondo, ambos en prisión por blanqueo de capitales-, el resto de acusaciones populares han recurrido el archivo de la causa, dejando claro que comparten la opinión de la Audiencia Provincial de Madrid de que hay que seguir con las pesquisas y que el equipo estaba haciendo un trabajo riguroso. Pero María del Pilar Fernández, refleja Podemos, "antes de producirse el fallo sobre la continuidad de la Comisión se ha procedido a “incautar” toda la documentación de la Comisión Judicial trasladándola al Juzgado de Instrucción nº2 de Madrid también por orden de la jueza encargada del asunto".

Por este motivo la juez llegó a imputar a los investigadores de la comisión judicial, en otra pieza secreta. La noticia fue publicada por El Confidencial el pasado octubre y como expone la formación morada: "Este hecho nos es totalmente desconocido, según parece la Magistrada ha abierto una nueva pieza la número 7, declarando el secreto sobre la misma, si bien, su contenido ha sido filtrado a los medios (...) Se desconoce quién ha podido filtrar dicha información ya que las partes al menos Podemos, no tienen constancia alguna de lo afirmado en la noticia".