Publicado: 18.02.2014 13:34 |Actualizado: 18.02.2014 13:34

El PP acaba con la justicia universal con el mismo método con el que se modificó la Constitución

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En menos de 15 días el PP acabará con la justicia universal que compete a los jueces españoles a investigar delitos contra la humanidad cometidos en otros países, lo que supondrá el sobreseímiento automático de casos como el del asesinato de José Couso en Irak o el genocidio perpetrado en el Tibet. Como ya hicieran junto al PSOE en agosto de 2011, los conservadores han propuesto tramitar su proposición de ley por la vía de urgencia durante le Junta de Portavoces que se ha celebrado este martes en la Cámara Baja, procedimiento que será avalado este mismo jueves durante un pleno extraordinario convocado ad hoc para este asunto.

Los portavoces de los distintos grupos de la oposición han arremetido contra este proceder del grupo mayoritario que ha recibido el beneplácito del presidente del Congreso, Jesús Posada. Y es que la vía de urgencia supondrá que una vez aprobada en el mencionado pleno del jueves, se abra un plazo de enmiendas de apenas una semana antes de la aprobación por lectura única el jueves siguiente, día 27 de febrero.

Se trata de la primera proposición de ley que presenta el PP como grupo parlamentario desde que gobierna, y el objetivo no parece ser otro que acelerar su tramitación. Si lo hubiera hecho el Gobierno habría requerido más tiempo para contar con los informes preceptivos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Fiscales. 

Ante estas prisas de los conservadores, la máxima representante del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha considerado que con su aval a este procedimiento la Mesa del Congreso "bordea la legalidad del reglamento" de la cámara, y lo "pisotea" para imponer su mayoría parlamentaria. "Es una aberración", ha proseguido la representante socialista en rueda de prensa, en la que ha anunciado que su grupo ha reclamado un informe a los servicios jurídicos para conocer si el método exigido por el PP cumple con la legalidad.

"El PP está dispuesto a todo, incluso a cargarse el Estado de Derecho", argumentaba en la misma línea el portavoz adjunto de la Izquierda Plural —grupo que aglutina a IU, ICV y Cha—, Joan Coscubiela. La petición que ha realizado este martes en el Congreso el Grupo Popular es, en su opinión, todo un ejercicio de "oscurantismo y desprecio parlamentario", que además ha contado "con la connivencia del presidente de la cámara". "El Gobierno encargó el atajo al PP y éste se lo pretende ventilar en 15 días", ha lamentado.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha tachado de "vergonzoso e inaceptable" el método planteado por el PP, y ha denunciado que el objetivo del partido mayoritario sea no pactar "absolutamente nada". "Se ve claramente que el objetivo no es negociar. Es cargarse la justicia universal. Si ya se habían plegado y se habían agachado ante los poderes internacionales y económicos, pues ahora un doble pliego. Es verdaderamente vergonzoso lo que está haciendo el PP", ha remachado.

Desde el PP trataban de restar importancia a estas críticas. Y su portavoz, Alfonso Alonso, justificaba la rapidez del procedimiento porque según él la regulación vigente de la justicia universal "está generando conflictos que afectan" al "interés general de los españoles". "Tenemos que cortar cuanto antes lo que son fuentes de conflicto que ponen en riesgo la posición internacional de España y que pueden hacer un daño a nuestro país", ha añadido. Alonso ni ha precisado cuáles son los intereses que se verían afectados ni ha reconocido que España haya recibido presiones por parte de ningún otro Estado.