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El PP admite que las lenguas no están en su agenda para reformar el Reglamento del Congreso

Tampoco apoya publicar las nóminas de los diputados porque el sueldo neto depende de "datos personales protegidos por la ley"

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El PP no tiene en su agenda para la reforma del Reglamento del Congreso la regulación del uso las lenguas cooficiales, el asunto que hace dos legislaturas bloqueó el último intento de actualizar las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara Baja desde 1982. Al margen de lo que pueda plantear algún grupo parlamentario, los populares no consideran que la inclusión la utilización de gallego, catalán y euskera sea una prioridad.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado que el PP acude 'con mentalidad abierta' al debate sobre la modificación reglamentaria que se comenzará a estudiar a partir del próximo mes de abril y que es consecuencia de una resolución aprobada en el marco del Debate sobre el estado de la Nación y de una moción aprobada a finales de 2012. Eso sí, ha avanzado que no contempla a priori abordar las lenguas cooficiales, una 'vieja' demanda de los nacionalistas que ha impedido la reforma pendiente de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara, que datan de 1982, ante la falta de acuerdo. 'Ésa no es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos', ha dicho.

Tampoco Izquierda Unida contempla esa posibilidad porque, según ha subrayado su portavoz, José Luis Centella, lo fundamental ahora es lograr un acuerdo lo más amplio posible para 'desencorsetar' el Parlamento y acercarlo a los ciudadanos.

Ello no impedirá, sin embargo, que los grupos minoritarios, singularmente nacionalistas, vuelvan a poner encima de la mesa su conocida reivindicación para que tanto en los escritos como las intervenciones parlamentarias se pueda hacer uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En todo caso, el PP está empeñado en alcanzar una proposición de ley a través de la cual se mejore el trabajo de la Cámara, se 'acerque' la función representativa a los ciudadanos, se den cauces de participación a la sociedad civil para la función legislativa, se regulen los lobbies y se active la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, cuya puesta en marcha está pendiente desde la anterior legislatura pese a que está aprobada la ley que la regula.

'Vamos a buscar cuáles son los cauces oportunos que mejoren el procedimiento legislativo y la vida de la Cámara pero, eso sí, desde la defensa de la democracia representativa frente a los intentos de deslegitimación de la soberanía nacional, algo que no es bueno', ha proclamado el número dos del PP en el Congreso.

Bermúdez de Castro ha asegurado que, pese a que el PP ha fijado ya sus prioridades, está repasando la amplia reforma que llegaron a pactar con el PSOE en julio de 2005, pero que finalmente no salió adelante porque la negociación encalló en el tema de las lenguas. Entonces, los dos partidos mayoritarios acordaron, entre otros puntos, sustituir temporalmente a diputados, convocar debates de actualidad, incluir preguntas al presidente del Gobierno el día anterior a la sesión de control e interpelar al jefe del Ejecutivo en debates de media hora de duración.

'Es evidente que antecedentes existen y son conocidos por todos, todo eso se tendrá que valorar se llegue luego o no a un mayor grado de acuerdo, pero todo lo que mejore el funcionamiento del Congreso, el PP va a estar dispuesto a ponerlo sobre la mesa', ha subrayado Bermúdez de Castro. Ahora bien, ha dejado claro que la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, como la Constitución, forma parte de las reglas de juego del sistema democrático y que, por tanto, es 'muy importante' el consenso. 'Vamos a ver si podemos lograrlo', ha dicho.

Otra de las prioridades del PP para la reforma del Reglamento del Congreso pasa por aplicar a los diputados las normas de transparencia, con especial atención a la publicidad de actividades, bienes y declaraciones tributarias. Sin embargo, Bermúdez de Castro ha apuntado que su partido no contempla publicar las nóminas en la página institucional del Congreso, como viene reclamando UPyD y han dado a conocer incluso algunos diputados socialistas en sus blogs.

Según explica, el sueldo neto recoge aspectos que están protegidos por la ley dado su carácter personal (estado civil, hijos, etcétera). El PP recuerda que en la web de la Cámara ya aparece el bruto que ganan los diputados, aunque es verdad que la Cámara tiene pendiente una revisión de la información para aclarar conceptos.