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El PP agita la bandera del español para frenar a UPyD

Lleva al Congreso una iniciativa en defensa del castellano

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Asediado por los problemas internos y la competencia electoral de la UPyD de Rosa Díez (que ha triplicado su intención de voto desde las generales), el PP recupera uno de sus temas clásicos para tensionar a su núcleo duro de votantes: la defensa del castellano en las comunidades bilingües.  Su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó el martes en el Congreso una Proposición de Ley de reforma de la LOE con el objetivo de 'garantizar la libertad de los españoles a la hora de elegir la lengua en que se educa a sus hijos'.

En la práctica la libertad a que se refiere el PP se circunscribe al derecho de los castellanohablantes a no tener que recibir la educación en otra lengua, independientemente de su lugar de residencia. En el texto, que rezuma un cierto nacionalismo lingüístico, se defiende que constitucionalmente sólo es exigible el conocimiento del castellano (en contra de lo que recoge el Estatut) y se afirma que 'como país nos tenemos que sentir orgullosos de tener una lengua común que compartimos con 400 millones de personas'.

La Proposición está pensada básicamente para Catalunya, donde la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán. Pero al mismo tiempo el PP catalán ha logrado introducir un matiz, ya que al contrario de lo que pasa por ejemplo en el País Valenciano, se pide que los alumnos 'no sean separados en centros distintos por razón de su lengua habitual'. En Catalunya hay un consenso social muy grande en el sentido de que no haya diferentes líneas de enseñanza, e incluso el PP no se atreve a cuestionarlo.

Precisamente, el conseller de Educación, Ernest Maragall, se mostró ayer muy tranquilo ante la iniciativa del PP: 'Tenemos una normativa vigente que nos ampara y nos otorga todo tipo de seguridad en este terreno'.

La inmersión lingüística que se aplica en Catalunya es un sistema avalado por el Tribunal Constitucional y elogiado por el Consejo de Europa. Además nunca fue cuestionado durante los gobiernos de José María Aznar.

Aún así, en la futura ley educativa que ahora se discute en el Parlament se estudia blindar aún más la enseñanza en catalán.