Público
Público

PP, Ciudadanos y Aznar, tras los 50.000 votos del 'facherío' regionalista valenciano

A un año vista de las elecciones locales y autonómicas la derecha institucional quiere recuperar los 50.000 votos sociológicos huérfanos que se atribuye el regionalismo valenciano, ultraconservador, españolista y anti catalanista, que mantuvo al PP en el poder durante 24 años.

Publicidad
Media: 4.17
Votos: 12

PP, Ciudadanos y Aznar, tras los 50.000 votos del 'facherío' regionalista valenciano.

Cuando el 9 de octubre de 2017 miles de personas fueron testigos, por diversos medios de comunicación, de cómo la ultraderecha valenciana y sus aliados salían a las calles a dar palizas a sus rivales políticos durante la manifestación de la Diada del País Valencià -calificada gratuitamente como “catalanista”-, la derecha institucional en declive no vio en esas imágenes solo violencia fascista; detectó también una oportunidad política a la que aferrarse y explorar de cara al futuro inmediato.

En concreto, aprovecharon la oportunidad de gestionar este potencial político, que estaba técnicamente olvidado y que representa el regionalismo instalado en València, atribuyendo a la Generalitat una deriva independentista. Un discurso que funciona al menos entre los menos instruidos, que llegan al extremo de salir a la calle a partirse la cara por la “unidad nacional”.

Para la derecha institucional es estratégico mantener los favores electorales del regionalismo valenciano

Por ello, para la derecha institucional es estratégico mantener los favores electorales del regionalismo valenciano. El Partido Popular de Isabel Bonig, casi en caída libre por la corrupción, aspira a no perder ese electorado desencantado. Desde 1991 los regionalistas del llamado “bunker barraqueta” son votantes tradicionales y piezas fundamentales del PP, gracias a las artes negociadoras de Rita Barberá. Y por su parte, Ciudadanos necesita también atraer hasta el último voto disidente del PP para poder lograr el sorpasso.

Aznar y FAES alentando el caos

La expansión del conflicto catalán a nivel europeo, con la existencia de presos políticos, la salida hacia Europa de varios dirigentes nacionalistas catalanes y ex miembros del gobierno de Catalunya para evitar la acción de la justicia española, es directamente proporcional a la presión política interna ejercida por parte de la derecha institucional.

Uno de los elementos más movilizadores han sido las negativas de los estamentos judiciales europeos a aceptar y ejecutar a ciegas las órdenes de detención cursadas por la justicia española contra los líderes independentistas exiliados.

Por eso, uno de los primeros en movilizarse para extender el miedo sobre la fractura de España, pretendiendo así movilizar a la ciudadanía ante los comicios de 2019, fue José María Aznar y su Fundación FAES, ya desligada del Partido Popular, y que no pocos analistas políticos sitúan al servicio de Albert Rivera y Ciudadanos.

No pocos analistas políticos sitúan [a Aznar y FAES] al servicio de Albert Rivera y Ciudadanos

En su intervención en el Hotel Silken Palace de València, el pasado 4 de abril, Aznar habló siempre en presente al referirse al proceso independentista en Catalunya. Es decir, cuatro meses después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, seis meses después del referéndum del 1 de octubre y con el artículo 155 de la Constitución plenamente activo. El presidente de FAES insistía en que la situación política en Catalunya “es una rebelión en toda regla, una crisis que pone a prueba el edificio constitucional que ha dado muestras de solidez en sus cimientos, aunque muchos apunten a la necesidad de reformarlo”.

Sus palabras ante el foro valenciano tenían ese tono apocalíptico habitual en el expresidente del Gobierno. "El nacionalismo catalán está actuando como catalizador de una estrategia de desestabilización para destruir la Constitución de todos", aseguraba. Y en esa estrategia, "el designio expansionista del independentismo catalán" no es un elemento menor ni secundario y apunta claramente a la Comunidad Valenciana y Baleares, que ahora corren el riesgo de "someterse a los independentistas y revisionistas" de la Constitución, que acaban "por destruirlo todo".

Aznar ya no habla catalán en la intimidad como antes, pero sus palabras siguen recordando mucho a aquellas de febrero de 2003 cuando dijo “créanme, el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva”, que fue el engaño que desencadenó la guerra de Irak y todo el drama mundial que generó después y que aún perdura.

Da la casualidad de que mientras José María Aznar intervenía en València recreando las tinieblas de Dante en el estado español por la “deriva independentista”, la Justicia alemana analizaba el futuro de Carles Puigdemont, al que mantenía preso provisionalmente en la cárcel de Neumünster. Al día siguiente, el tribunal alemán resolvió y decretó la libertad del ex president de la Generalitat de Catalunya, poniendo al gobierno español al borde de la histeria.

Ciudadanos contra las cuerdas

Precisamente, el líder regional de Ciudadanos en València, Fernando Giner, también ha estado alimentando el discurso del odio hacia todo lo que huela a independentismo catalán. Incluso se ha hecho eco de supuestos planes independentistas del gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig que, políticamente, no sólo está muy lejos de esos postulados, sino que incluso los rechaza abiertamente.

Así, en un artículo de opinión titulado Parar el procès a la valenciana, Giner llega afirmar que “Compromís es el brazo político del independentismo en València al servicio de los mismos que diseñaron el documento de la conciencia nacional catalana. Es una coalición de varios partidos con el objetivo común de hacer una Comunidad Valenciana a medida de su procés. Los principales socios son Els Verds, el Bloc Nacionalista -mayoritario- e Iniciativa del Poblé Valencià, el partido de Mónica Oltra”.

La contradicción de Ciudadanos en València reside en cómo acercarse a los regionalistas valencianos sin faltar a los principios del partido

La contradicción de Ciudadanos en València reside precisamente en cómo acercarse a los regionalistas valencianos sin faltar a los principios del partido que especifican que “Ciudadanos construye la nación española contra los nacionalismos periféricos”.

En noviembre del pasado año Giner, concejal del Ayuntamiento de València, se reunió con conocidos elementos históricos de la extrema derecha, como el falangista Juan García Sentandreu, y aceptó inicialmente sumarse a una manifestación regionalista identitaria promovida por la Coordinadora de Entidades del Reino de Valencia bajo el lema “Som Valencians, somos españoles. No als paisos catalans”.

Pocos días antes de la manifestación, Ciudadanos decidió no acudir formalmente “porque los organizadores han rechazado la presencia de partidos políticos”. Además, tal y como recogió Valencia Plaza, “la formación naranja da libertad a sus cargos y militantes para que acudan a título personal”. La víspera de la celebración de la citada marcha identitaria Ciudadanos reculó de nuevo, anunciando que nadie de la formación iría a la manifestación regionalista de Sentandreu.

Rita Barberá y González Lizondo

En la ciudad de València la derecha siempre se acuerda de Rita Barberá cuando las cosas le van mal, porque recuerdan que fue ella quien, tras las elecciones municipales de 1991, dio un giro al Partido Popular alcanzando la alcaldía, haciendo uso de sus artes negociadoras.

Barberá no ganó las elecciones, pero sólo necesitó convencer a su rival, el líder de Unión Valenciana, Vicente González Lizondo, para que sumara sus 8 concejales a sus 9 regidores para arrebatar la vara de mando a la socialista Clementina Ródenas, que contaba con 13 concejales y que no sumaba mayoría con los 3 regidores de Esquerra Unida. Así Rita Barberá se hizo con la alcaldía por unos eternos 24 años.

Y lo que en un primer momento pareció una apuesta de futuro para el regionalismo valenciano se convirtió, de facto, en el principio de una lenta muerte política.

El acuerdo de gobierno entre el PP y Unión Valenciana pareció una apuesta de futuro para el regionalismo pero se convirtió en el principio de una lenta muerte política

Unión Valenciana, que había sido la organización “pacificadora” de la violenta y peligrosa ultraderecha regionalista de los años 70, con organizaciones tan temidas como el GAV (Grup d’Acció Valencianista), inició un inevitable declive. Sus líderes fueron fagocitados por el PP, previo pago de su importe. A Barberá no le importó tener que mercadear con los principales dirigentes de Unión Valenciana antes que llegar a acuerdos con González Lizondo. Así que muchos eran fichados por el PP para cargos diversos en las instituciones, para disgusto de su líder, que siempre se mantuvo fiel y que lloraba por las esquinas las traiciones.

Desde entonces, el regionalismo social ha sobrevivido básicamente en sectores muy identificados del mundo de las Fallas de la ciudad de València. Actúa como un lobby de presión político folclórico radicalizado, que odia a la izquierda que actualmente gobierna el Ayuntamiento de València, poco amigo del estado de las autonomías, visceralmente españolista y anti catalanista y fácil de movilizar por cuestiones identitarias, pero inmóvil ante las reivindicaciones sociales. Algo que agradece el poder conservador, al que le gusta muy poco las pancartas, salvo cuando las sacan sus acólitos.

Por otra parte, existe un amplio espectro de organizaciones diversas, con sus pequeños reyes de taifas, inmersos en eternas luchas por los tronos califales. Han perdurado en el tiempo gracias a las subvenciones emanadas de las instituciones valencianas controladas por el Partido Popular, sabedor de que las ayudas con dinero público son una magnífica forma de gestionar y controlar voluntades.

En 1991, Unión Valenciana obtuvo 80.500 votos redondos, el 21,76 por ciento del voto emitido en la ciudad de València. 26 años después, los partidos regionalistas y de la derecha institucional creen que esa cifra rondará hoy entre los 40.000 y los 50.000 potenciales votantes, lo que sin duda es clave ante los próximos comicios, ya que representan en torno al 6’5 por ciento del censo electoral de la capital valenciana.