Publicado: 13.09.2016 12:28 |Actualizado: 13.09.2016 14:08

El PP continúa procesado por destruir los ordenadores de Bárcenas, a pesar de la retirada de su extesorero

La acusación popular sigue adelante contra esta formación política, acusada de daños informáticos y encubrimiento del delito. Y, aunque el tesorero ha anunciado que se retira del caso, el proceso sigue abierto.

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El extesorero del PP Luis Barcenas asu llegada al juzgado de Madrid para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores  en el PP. REUTERS/Andrea Comas

El extesorero del PP Luis Barcenas asu llegada al juzgado de Madrid para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores en el PP. REUTERS/Andrea Comas

MADRID.- El caso abierto contra el Partido Popular por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas seguirá adelante y no se archivará, a pesar de que el extesorero haya retirado su acusación, según diversas fuentes jurídicas consultadas por Público.

Aún es pronto para conocer las verdaderas intenciones que esconde el extesorero del PP al retirarse como acusación particular en este sumario: si responde a una aproximación de pacto con la Fiscalía para rebajar sus condenas; si es un gesto de Bárcenas hacia su partido o si es debido a que carece de suficiente dinero para afrontar este proceso junto con el de la trama Gürtel, como él argumenta.



Haga lo que haga Bárcenas, este caso seguirá adelante y, con mucha probabilidad, se abrirá juicio oral contra el Partido Popular, el abogado de este partido Alberto Durán, su tesorera Carmen Navarro y el informático José Manuel Moreno por destruir los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede central del partido de la calle Génova de Madrid.

Tres razones que sentarán al PP en el banquillo

La retirada de Luis Bárcenas en esta causa es una baza en favor del PP, que puede argumentar la voluble actitud de su extesorero como perjudicado por el borrado de sus ordenadores.

Pero hay tres razones principales por las que esta causa no será archivada, a pesar de que en el entorno de Bárcenas y del PP aseguren lo contrario y a pesar de que no acuse la Fiscalía por destruir estas pruebas.

La primera de la razones es que la causa de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas ya ha sido instruida. El pasado julio la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó auto de transformación de este procedimiento abreviado donde procesa a todos ellos por delito informático y encubrimiento.

La decisión de Freire ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sección Cuarta debe resolver estas apelaciones. A partir de ahí, las partes deberán responder si piden el archivo o solicitan la apertura de juicio oral.

La segunda razón es que la acusación popular continúa adelante en esta causa abierta precisamente con una denuncia del Observatori Desc a la que después se sumó Bárcenas.

El equipo jurídico que agrupa a la acusación popular, donde figura Izquierda Unida y Los Verdes, ha confirmado a Público que pedirá la apertura de juicio oral y que siguen adelante. Y hay testigos y pruebas periciales que han confirmado en la instrucción el borrado de los ordenadores.

Delito público

La tercera razón es que los delitos de esta causa son de interés público, ya que la juez procesó al PP por delito informático -la destrucción de los discos duros- pero tambíen por el delito de encubrimiento, que afecta a la sociedad.

Fuentes jurídicas consultadas explican que el encubrimiento es un delito semipúblico, y no privado "de modo que aunque se exige la denuncia del perjudicado para iniciar el procedimiento, una vez iniciado el delito se convierte en público y ya no dependen de la posición del perjudicado". De esta manera, el resto de las acusaciones personadas pueden seguir con el procedimiento.

Se podría aplicar la 'doctrina Atutxa'

El Tribunal Supremo establece que cabe la acusación popular, aunque no acusen los perjudicados directos ni del ministerio público, en el caso de que exista interés público o sean delitos que afecten a la sociedad. Es la famosa doctrina Botín, matizada después por la doctrina Atutxa.

El Supremo archivó en 2007 el caso de las cesiones de crédito abierto contra el banquero Emilio Botín porque los accionistas particulares del banco -los perjudicados- no habían actuado contra su presidente ni tampoco la Fiscalía.

Un año después reinterpretó su doctrina cuando condenó al expresidente del Parlamento vasco Juan Mari Atutxa por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak.. El Supremo estableció entonces que cabe la acusación popular sin que acuse la Fiscalía ni los perjudicados en el caso de que el delito suponga interés público.