Publicado: 17.07.2014 00:00 |Actualizado: 17.07.2014 00:00

El PP "entierra" en pleno agosto el debate sobre el decreto 'ómnibus'

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La tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley ómnibus que fue convalidado la semana pasada por el pleno del Congreso de los Diputados con el voto contrario de todos los grupos de la oposición se realizará finalmente en la comisión de Economía por el trámite de urgencia y a lo largo del mes de agosto. Así lo ha impuesto la mayoría absoluta del PP en la Mesa de la Cámara baja tras fuertes discusiones.

La complejidad de materias que abarca esta iniciativa legislativa del Gobierno, que ha sido calificada duramente por el conjunto de la oposición (desde "chapuza" hasta "batiburrillo" antidemocrático) hizo que fuese la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de defender su convalidación en el pleno del jueves de la semana pasada. Pero la comisión parlamentaria que corresponde a su ámbito, la Constitucional, no será la encargada de los debates del proyecto de ley.

"El PP no ha atendido a las razones que, tanto formal como técnicamente, hacían que la comisión Constitucional fuese la encargada de este asunto: la vicepresidenta es la autora formal de la iniciativa y fue ella quien protagonizó el debate ante el pleno; además, se trata de un proyecto que asume contenidos que corresponden a ocho departamentos ministeriales diferentes", explican a Público fuentes socialistas conocedoras del fuerte debate que ha tenido lugar en el seno de la Mesa del Congreso. La vicepresidenta Celia Villalobos fue la encargada de imponer el criterio del PP para que fuese la comisión de Economía la que asuma el trámite "porque la comisión Constitucional únicamente se ocupa de los derechos humanos", afirmó ,  según las citadas fuentes.

Se da la circunstancia que las materias que corresponden al ministerio que dirige Luis de Guindos son las que aportan menos contenidos al decreto convertido ahora en proyecto de ley. "El ministerio de Fomento tiene hasta 30 asuntos metidos en este decreto-ley convertido ahora en proyecto legislativo y el de Trabajo aporta casi otros tantos. No tiene ningún sentido que sea la comisión de Economía la que acoja la tramitación de esta iniciativa", explican otras fuentes del grupo parlamentario socialista consultadas por este diario.

La mayoría del PP en la Mesa también ha rechazado que la comisión de Economía reciba informes elaborados por otras comisiones parlamentarias que entienden de los asuntos incluidos en este proyecto de ley tal como prevé el reglamento de la Cámara baja en su artículo 43 “con el fin de enriquecer los debates dada la complejidad de materias a tratar”, añaden las citadas fuentes.

El caso es que la mayoría parlamentaria del PP no quiere dar la más mínima trascendencia a este proceso legislativo tras conceder la semana pasada que se tramitase como proyecto de ley para rebajar las denuncias de "cacicada" lanzadas de forma unánime por la oposición. Así, el plazo de enmiendas a este proyecto de ley se inició ayer y concluirá el viernes día 25, aunque está previsto que se amplíe hasta el día 14 de agosto.

Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios serán "casadas" por la ponencia en una reunión que se celebrará el día 26 de agosto y al día siguiente el pleno de la comisión de Economía debatirá el contenido de la ley con competencia legislativa plena. Es decir, que lo que en este foro se decida no tiene que ser refrendado por el pleno de la cámara.

El grupo parlamentario socialista ha pedido la convocatoria de una Diputación permanente de la Cámara baja para solicitar la comparecencia de ocho ministros que, en opinión del PSOE, “son responsables de las numerosas materias que modifica este proyecto del Gobierno que preside Rajoy”. La mayoría absoluta del PP hace imposible que esas comparecencias se lleven a cabo.

En consecuencia, el texto que surja de los debates pasará directamente al Senado donde, también en trámite de urgencia, se dará el visto bueno, previsiblemente sin ninguna modificación adicional, en la comisión homóloga de la Cámara alta para su remisión al Boletín Oficial del Estado. Alrededor del día 8 de septiembre el real decreto-ley ómnibus, convertido ya en ley, entrará en vigor con todas sus consecuencias legales.

Serán más de 60 medidas que abarcan ocho ministerios, desde nuevas normas para la contratación de jóvenes con primas a empresarios sin exigencia de devolución en caso de despido hasta la conversión de los faros en hoteles, pasando por la privatización  de los registros civiles, nuevos horarios comerciales para ciudades turísticas, aspectos de la carrera militar o la privatización de Aena.