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El PP ignora casi 200.000 firmas contra la corrupción

Una organización internacional solicita un cambio en el Código Penal para que se reconozca como delito específico "el enriquecimiento ilícito de los políticos"

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La organización civil internacional Avaaz ha realizado este martes en el Congreso una entrega simbólica de más de 176.000 firmas recogidas en su campaña Corruptos entre Rejas para pedir una reforma del Código Penal que contemple la incorporación del delito específico de financiación ilegal de los partidos y de enriquecimiento ilícito de los políticos.

La portavoz de la citada organización, Patricia Martín, se ha reunido con la portavoz socialista de Hacienda y Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y con los diputados Ignacio Sánchez Amor y José de Francisco para exponerles la necesidad de que tanto el PSOE como el PP apoyen la introducción por primera vez de esos dos delitos en el Código Penal.

Esta reivindicación ya está incluida en la propuesta de resolución con medidas anticorrupción que el Pleno del Congreso aprobó tras el Debate sobre el estado de la Nación, una iniciativa en la que el PSOE optó por la abstención.

Pese a que la campaña va dirigida a los dos partidos mayoritarios, Martín ha lamentado que el PP no haya querido recibir a Avaaz para conocer la campaña que iniciaron hace unas semanas y que ha logrado reunir hasta el momento 176.065 rúbricas en favor de esa modificación del Código Penal, puesto que consideran que a corto y medio plazo estas medidas pueden resultar 'efectivas' para frenar los escándalos de corrupción.

Precisamente, el Pleno de la Cámara debate esta tarde una moción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que es consecuencia de la interpelación que su portavoz, Rosa Díez, dirigió hace dos semanas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La formación magenta quiere que tipifique como delito con sanción penal la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, así como la omisión o falseamiento de las declaraciones de bienes de los cargos públicos electivos.