Publicado: 10.12.2013 14:16 |Actualizado: 10.12.2013 14:16

El PP impone que los vigilantes privados puedan identificar y detener en la calle

El Congreso da el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada, entre las críticas del PSOE y la oposición de la Izquierda Plural

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El Congreso ha dado este martes el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública. Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto ha sido debatido hoy en la Comisión de Interior del Congreso, que con competencia legislativa plena y a falta de la votación esta tarde, será remitida al Senado.

Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante "ruptura" de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.

Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha puesto el énfasis en una de las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

"Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma", ha destacado Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que "el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio". Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo "de chapa y pintura" y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista ha señalado que la seguridad pública se da "por terminada".

También muy crítico con la ley se ha mostrado el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde "una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad". Considera que esta nueva norma "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público". "La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", denunció Sixto, quien mostró sus reparos a la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.

Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios. "La interacción de los intereses de todos es completa", ha asegurado el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable".

Como satisfactorio ha calificado el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también ha reclamado que el Senado mejore el texto. En concreto, ha pedido que la Cámara Alta revise "en profundidad" que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública "esté enmarcada en una subordinación". De lo contrario se corre el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y pública.

Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez, la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad. "La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional", ha enfatizado Márquez para quien el objetivo de la norma es "contribuir a hacer de España un país más seguro".

La Ley de Seguridad Privada es una de las tres reformas que en el campo de la Seguridad ha impulsado el Ministerio del Interior en esta legislatura junto a la Ley de Seguridad Vial (ya en tramitación parlamentaria) y la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, aún en fase de anteproyecto. A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.