Publicado: 22.09.2016 17:27 |Actualizado: 22.09.2016 17:27

El PP insiste y vuelve a pedir la recusación de la juez de los ordenadores de Bárcenas 

Los conservadores se muestran indignados por la insinuación de la juez de que los conservadores se habían comportado de una manera machista y asegura que esta afirmación muestra la "enemistad manifiesta" de la magistrada. 

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Dos agentes de Policía salen de la sede del PP en la madrileña calle de Génova, tras el registro realizado en diciembre de 2013 durante 14 horas en busca de documentación sobre el pago en B de las obras del edificio, en . REUTERS/Paul Hanna

Dos agentes de Policía salen de la sede del PP en la madrileña calle de Génova, tras el registro realizado en diciembre de 2013 durante 14 horas en busca de documentación sobre el pago en B de las obras del edificio, en . REUTERS/Paul Hanna

MADRID.- El Partido Popular ha recurrido este jueves la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, de rechazar apartarse de la causa que instruye por el borrado de los discos duros del ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que la misma insinuara en un auto que la formación popular actuó de forma machista. En su recurso, el PP añade que se trata de una acusación "absolutamente gratuita" e "innecesaria".

La defensa del Partido Popular basa este nuevo escrito de recusación en las afirmaciones vertidas por la magistrada, quien se preguntaba irónicamente en su respuesta: "Significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas". Según el PP esto supone una "predisposición peyorativa".



En esta nueva recusación, en la que incluye algunos titulares de los medios sobre esta noticia, el partido alega enemistad manifiesta de la magistrada hacia la formación política debido a las manifestaciones vertidas por la misma en el auto por el que rechazó apartarse de la causa. La juez Freiré, que procesó al partido en julio por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento, negó en el auto de este miércoles que actuara como un instrumento del PSOE.

"Prejuicio inaceptable"

La defensa del PP añade que la argumentación sobre el posible machismo de la causa de recusación es "absolutamente gratuita" y además "innecesaria". "Que la instructora insinúe en una resolución judicial que el Partido Popular alega, realmente, como causa de recusación, que se halla sometida a 'mentes masculinas' es una afirmación con un contenido evidentemente ideológico y supone un prejuicio inaceptable", reza el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Añaden que "todas y cada una" de las manifestaciones expuestas en el primer escrito de recusación -presentado el pasado 14 de septiembre- se hicieron "desde el máximo respeto" a la magistrada Freire. En concreto, la formación defendió que existía un "interés directo o indirecto" en el pleito y que era "significativo" que la recusada dirigiera "por primera vez en España" una acción penal contra un partido político, algo que a su juicio produce un "rédito político indiscutible para el PSOE".

Ante ello, la juez Freire respondió que no iba a entrar "en cada una de las acusaciones de falta de imparcialidad" suscritas por el partido procesado porque lo que tocaba era determinar si la formación popular tenía o no conocimiento previo de todas estas cuestiones y la respuesta, a su juicio, no podía ser otra que sí.

"Ataque injusto y desproporcionado"

"Resulta incuestionable que existen, cuanto menos, apariencias de parcialidad, y, en concreto, que se puede inferir que la señora instructora tiene una manifiesta confrontación (ideológica, política o del tipo que sea) con el Partido Popular", añade el escrito que termina aclarando que no hay "nada" en el primer escrito de recusación que justifique un ataque a su juicio, "tan injusto y desproporcionado".

Además, la defensa del PP recurre al artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para defender que el órgano competente para decidir sobre la admisión o inadmisión del incidente de recusación sería el instructor del mismo -y no la propia recusada-, y le acusa de saltarse el procedimiento establecido inadmitiendo de plano su propia recusación.

Respuesta al primer escrito de recusación

En el primer escrito de recusación, el PP argumentó que la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid fue propuesta por el exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, para sustituir a Javier Gómez Bermúdez en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y que existía una "evidente relación" entre ambos dos, ya que "coinciden regularmente en distintos eventos y ponencias".

La magistrada respondió que no era momento de negar la existencia de vinculación alguna con el vocal del CGPJ y sobre la acusación de que éste la propuso para sustituir a Gómez Bermúdez, dijo que "una comisión de servicio de tres meses en un Juzgado Central de Instrucción es una modesta aspiración para un juez".

Añadió que de estos argumentos se podía derivar que el PP esperó a conocer el resultado de la resolución que resolviese su solicitud de sobreseimiento para hacer valer, en caso de que no fuese favorable a sus pretensiones, "otras estrategias derivadas de la información pública y accesible" de la instructora, que ya disponían.

La instrucción se concluyó en julio

Rosa María Freire concluyó el pasado mes de julio la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". El procesamiento fue recurrido por el PP y la Fiscalía en reforma a principios de verano.

Por su parte, Bárcenas dio instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para apartarse de este procedimiento, alegando motivos económicos para justificar su retirada de la acusación. En la actualidad tiene una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. El extesorero solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.