La operación policial de este miércoles en que ocho personas vinculadas al aparato de enlace y defensa de los presos de ETA ha sido criticada por prácticamente todas las fuerzas políticas de Euskadi, así como por los sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, y CCOO. PNV, la izquierda abertzale, IU, Equo y los sindicatos coinciden en que llega en el peor momento. Mientras, el PSE PSE ve 'penosa' la actuación de Interior al informar de antemano de la operación, pero dice respetar las decisiones judiciales que han motivado las detenciones. 

Este momento es justo después del comunicado de los sucesivos comunicados de los presos y los expresos asumiendo el daño causado, reconociendo las condenas y apostando por la reinserción individual, y tres días antes de la manifestación de este sábado en Bilbao por los derechos de los encarcelados y el fin de la dispersión. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la prohibición de la manifestación al considerar que detrás de la convocatoria se encuentra Herrira, que en octubre pasado fue suspendida de actividades por su subordinación a la organización terrorista.

El PNV ha mostrado su 'alarma y preocupación' por el 'tenor y el momento' de la operación de la Guardia Civil, que ha tachado de 'sospechosa, oportunista y contraria a la dirección correcta'. En un nota de prensa, los nacionalistas vascos han opinado que el operativo 'parece constituir una provocación política'. Así, valora que tipo de actuaciones 'evidencian una falta de inteligencia política y una falta de sintonía con los deseos de paz y convivencia de la sociedad vasca' y 'alimentan a los sectores más duros y radicales de uno y otro extremo'. El PNV traslada así mismo su respaldo 'a quienes están dispuestos a seguir dando pasos para cerrar de forma definitiva la brecha de la violencia y alcanzar una paz duradera en Euskadi'

Mientras, representantes de los partidos que integran EH Bildu y de sindicatos como ELA, LAB y CCOO han ratificado hoy su 'compromiso' con la defensa de los derechos de los presos de ETA y han considerado 'evidente' que el Gobierno 'está empeñado' en 'impedir' que el 'proceso de paz' avance. Integrantes de estos colectivos, entre los que se encontraban los dirigentes de Sortu Pernando Barrena y Asier Harraiz; el secretario general de EA, Pello Urizar, y la máxima responsable de LAB, Ainhoa Etxaide, han comparecido en San Sebastián para criticar la operación policial desarrollada ayer contra el grupo de enlace con los presos de ETA y convocar distintas movilizaciones.

Han recalcado que 'el empecinamiento en obstaculizar los avances objetivos que se están dando sólo puede ser interpretado como un signo de extrema debilidad política' ya que, a su juicio, 'el Estado y sus aparatos padecen haber interiorizado que no tienen nada que ganar en una agenda de diálogo y soluciones para Euskal Herria'. Han hecho, por último, un llamamiento a la ciudadanía a participar en las concentraciones que se celebrarán esta tarde en diferentes localidades vascas y las que tendrán lugar mañana a mediodía frente a los ayuntamientos de las capitales vascas.

Por su parte, Batzarre, Equo Euskadi, Equo Navarra-Nafarroa, Ezker Anitza-IU e Iratzarri-EKI han emitido un comunicado conjunto exigiendo al gobierno del PP el respeto al conjunto de derechos de las personas encarceladas, e instan al colectivo de presos vinculados a ETA al reconocimiento de lo injusto e inútil del dolor causado.

Los únicos que no han criticado las detenciones han sido los socialistas. El PSE sí ha tildado de 'penosa e injustificable' la actuación del Ministerio del Interior al informar de antemano de la operación llevada cabo por la Guardia Civil contra el grupo de enlace con los presos de ETA y ha confiado en que esta actuación esté 'plenamente justificada'. Subrayan que 'es cierto que el momento en que se ha producido esta operación y la forma en que se ha instrumentado han causado zozobra y controversia'. No obstante, los socialistas vascos expresan su respeto a las decisiones judiciales y su confianza en que en que los resultados de la indagación judicial confirmen que 'la intervención estuvo plenamente justificada'.