Los miembros del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados están conformes con mantener al dictador Franco en su actual tumba en el Valle de los Caídos, donde permanece desde noviembre de 1975. La bancada popular no ha respaldado esta mañana la proposición no de ley (PNL) del grupo socialista en la que, entre otras cosas, se insta al Gobierno a que exhume los restos del dictador y se trasladen fuera de ese recinto.

La iniciativa socialista, que como todas las PNL no tiene fuerza jurídica, “insta” al Gobierno a “revitalizar” el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007. En concreto, se plantean un total de 16 medidas, entre las que se encuentra la de “redefinir” el Valle de los Caídos “para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional católica y reconvertirlo en un espacio para la reconciliación de la memoria colectiva democrática y de dignificación de las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura”.

Esta PNL aprobada este jueves por el pleno de La Cámara baja se suma a otra aprobada hace unos meses en el seno de la comisión Constitucional de la cámara. En esta ocasión ha recibido el apoyo de 194 votos – PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, PNV y otros minoritarios como Compromís -, aunque ha contado con la abstención de otros 140, los de la bancada popular y la de ERC. La portavoz popular, Alicia Sánchez-Camacho, alegó el pasado martes que no existe “el suficiente consenso” para cambiar el actual status del Valle de los Caídos.

El respaldo a la iniciativa socialista ha sido polémico ya que el grupo proponente no ha querido aceptar ninguna de las enmiendas que presentaban otros cuatro grupos que pedían ir “más allá” de la PNL. Con todo, ha habido un apoyo generalizado. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha justificado el voto positivo de su grupo “por responsabilidad, aunque hubiéramos preferido profundizar más”.

El grupo parlamentario de ERC se ha abstenido por no querer “legitimar” una ley, la de 2007, que no repara los sufrimientos de quienes padecieron la Guerra Civil ni la dictadura franquista. De hecho, su enmienda exigía al Gobierno la promulgación de una nueva ley de memoria histórica que, entre otras medidas, se reconozcan jurídicamente la condición de víctimas del franquismo.