Publicado: 24.10.2014 12:34 |Actualizado: 24.10.2014 12:34

El PP subió el precio del contrato de basuras de Toledo dos días antes de las municipales de 2007

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El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la adjudicación del contrato de recogida de basuras de Toledo en 2007 por parte del entonces alcalde de la ciudad, el conservador José Manuel Molina, confirma que el PP subió irregularmente el precio de dicho contrato dos días antes de las elecciones municipales de 2007, según ha revelado la cadena Ser.

Molina, al que el juez Pablo Ruz imputa por conceder el contrato a la empresa SUFI, filial de Sacyr, a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal —algo que ya denunció el extesorero del PP, Luis Bárcenas—, tendrá que declarar por este asunto en la Audiencia Nacional el próximo 24 de noviembre. 

Molina era alcalde de Toledo cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales. 

Según la Ser, el informe de la UDEF, que servirá de base para el interrogatorio del juez a Molina, asegura que SUFI se llevó el concurso de la recogida de basuras con la oferta más barata ya que no incluyó en su oferta el aumento de los salarios de los trabajadores.

Ruz, que investiga en una pieza separada del caso Gürtel la supuesta contabilidad B del PP, cita como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado nacional Sebastián González (PP) y al entonces entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.

La investigación está abierta por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudación del servicio de recogida de limpieza y recogida de basuras a favor de la empresa Sufi,S.A., actual Valoriza, Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr. El juez investiga si en esta supuesta 'mordida' participaron aforados, como la propia Dolores de Cospedal, secretaria general del PP o el diputado Sebastián González, dirigente de esta formación política.