MADRID.- El consejero del PP ha sido el único que ha votado en contra del informe jurídico que realizará la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) sobre la venta de patrimonio a un 'fondo buitre' y que marcará "el camino a seguir" en la depuración de responsabilidades, han informado este lunes la presidenta de la sociedad municipal, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

Tras la reunión extraordinaria y urgente del consejo de administración de la EMVS, Higueras ha detallado a la prensa que con ese informe jurídico se pondrá de manifiesto "si ha habido irregularidades y cuáles han sido".

El consejo extraordinario se produce después de que la pasada semana se diera a conocer el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que apunta, entre otras cuestiones, que la EMVS vendió en los años 2012 y 2013, con un gobierno de la popular Ana Botella, 18 promociones de vivienda social, con 1.860 pisos, al grupo Fidere, una sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las instrucciones internas de contratación. No hubo pliegos de condiciones y se hizo sin establecer previamente el valor del mercado del bien enajenado.

Higueras ha reconocido que le ha "sorprendido muchísimo que el consejero del PP haya votado en contra" del informe jurídico. La justificación que han dado para ese rechazo ha sido que se trata de un anteproyecto y que pedían que se votase cuando fuera definitivo, algo que podría suceder el 27 de abril, ha apuntado la también primera teniente de alcalde.

Marta Higueras ha remarcado que no sólo cuentan con dicho informe de la Cámara de Cuentas. "Tenemos mucha más documentación, no es lo único que se va a analizar", ha apuntado, después de considerar que el "retraso" que propone el PP "no parece que tenga sentido".

Carlos Sánchez Mato ha añadido que se trata de "actuaciones concretas marcadas como irregularidades". "Ya se han revelado suficientes irregularidades administrativas, comprobadas de manera interna, para que el consejo de administración actual se quede mano sobre mano y esperando a no se sabe qué", ha argumentado.

También ha destacado que la pretensión nunca ha sido emplear el anteproyecto de la Cámara de manera judicial y que tampoco se pueden "permitir el lujo de que haya prescripciones de delitos sin que se haya analizado jurídicamente ese asunto".​