Publicado: 12.07.2016 22:45 |Actualizado: 13.07.2016 07:00

PP y Convergència se unen para burlar una sentencia judicial

El Ministerio de Cultura respalda la propuesta de la Generalitat para eludir el cumplimiento de una sentencia que obliga a entregar a un monasterio oscense un centenar de obras de arte medieval que expone el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y que sus monjas vendieron de manera ilegal

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Palacio de la Moncloa.- REUTERS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Palacio de la Moncloa.- REUTERS

ZARAGOZA.- El PP y Convergència se alían para intentar burlar una orden judicial: la sentencia que ordena entregar a un monasterio oscense un centenar de obras de arte medieval que sus monjas vendieron de manera ilegal a la Generalitat y que desde mediados de los años 80 expone el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) barcelonés.

La Generalitat compró entre 1983 y 1994 a las monjas de la orden de San Juan de Jerusalén un total de 96 piezas, en tres lotes y por 105 millones de pesetas pagados en dinero y en terrenos, cuando estas se trasladaron del cenobio oscense Villanueva de Sijena a otro en la localidad catalana de Valdoreix.



En abril, del año pasado, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca declaró ilegal esa transacción al entender que la venta supuso trocear un monumento nacional. Y poco después, a instancias del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ordenó la ejecución provisional de la sentencia y puso fecha límite para la entrega: el 25 de julio.

La Generalitat compró entre 1983 y 1994 a las monjas de la orden de San Juan de Jerusalén un total de 96 piezas, en tres lotes y por 105 millones de pesetas

Sin embargo, el patronato del MNAC, en el que comparten asiento representantes de la Generalitat como el conseller de Cultura Santi Vila (Convergència) con otros del Ministerio de Cultura como el secretario de Estado del ramo, José María Lasalle (PP) –ausente pero que delegó el voto en su director general de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio-, aprobaron este lunes por unanimidad un acuerdo en el que califican la fecha fijada por la juez de “excesivamente corta para poder llevar a cabo los trámites legalmente necesarios de acuerdo con la legislación aplicable” y plantean varias vías para retrasar su cumplimiento.

“Los trámites administrativos pertinentes”

Los patronos piden al director del museo que explique por carta a la juez, como el propio Vila ya hizo hace unos días, las dificultades, tanto materiales como legales, que existen para cumplir su orden. Las segundas incluyen la necesidad de tramitar un expediente en el que la consejería de Hacienda declare la desafección de esos bienes del patrimonio de la comunidad, y también el visto bueno de la Junta de Museos autonómica, que se reúne la semana que viene.

Los miembros del patronato muestran en su acuerdo “la voluntad de cumplimiento de la resolución judicial”, aunque matizan que esa decisión “no le exime del cumplimiento de los trámites administrativos pertinentes” al MNAC.

Los miembros del patronato muestran en su acuerdo “la voluntad de cumplimiento de la resolución judicial”

Paralelamente, el patronato acuerda recurrir otra sentencia de otro juzgado oscense que hace unos días ordenó la devolución de varias pinturas murales del MNAC al monasterio y, al mismo tiempo, solicitar a los restauradores que elaboren, “con carácter urgente”, un “estudio sobre los riesgos que podría originar el traslado de las pinturas murales” cuyo resultado va implícito en el encargo: moverlos podría “amenazar su integridad y debida conservación”, sostienen los patronos.

El limbo que creó el Supremo

En la práctica, la Generalitat trata de aprovechar, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el limbo en el que situó las obras el Tribunal de Conflictos del Supremo cuando, en enero, avaló la potestad del juzgado oscense para ejecutar provisionalmente su sentencia: dictaminó que llevarla a cabo “incide de manera directa” en las competencias catalanas en materia de Cultura, eludió pronunciarse sobre el alcance de estas y, al mismo tiempo, admitió que el traslado debería “atender a las obligaciones de singular protección y tutela que impone el interés público, para evitar daños o deterioro”, aunque sin determinar quién debe marcar esas condiciones.

“Esta decisión de su Gobierno supone una intolerable complicidad con la estrategia de los que promueven la independencia de Catalunya”, dice Lambán

Fuentes del MNAC destacaron, en esa línea, que el traslado entraña graves riesgos para la integridad de las piezas y que la sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Huesca, que todavía no se ha pronunciado. Fuentes jurídicas apuntaron que, por la valoración de las piezas, superior a 600.000 euros, el caso es susceptible de un último recurso ante el Supremo que dilataría más todavía la decisión definitiva. La decisión del patronato del MNAC y la postura que tuvo en la reunión la representación del Ministerio de Cultura provocó ayer una ayer una airada reacción del Gobierno de Aragón.

Lambán: la complicidad de Rajoy con el independentismo

El presidente del ejecutivo autonómico, Javier Lambán, remitió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una carta en la que le acusa de “alentar las artimañas que persiguen únicamente el retraso y, en último término, paralización de lo que es de justicia hacer: que los bienes vuelvan al lugar de donde nunca debieron salir”.

“Esta decisión de su Gobierno supone una intolerable complicidad con la estrategia de los que promueven la independencia de Catalunya”, le afea Lambán, que califica el posicionamiento de Cultura como “una agresión a la dignidad del pueblo aragonés” y que le exige “que ordene la inmediata rectificación”.

Su consejera de Cultura, Mayte Pérez, calificó de “insultante” el apoyo del ministerio a las tesis de la Generalitat para eludir el cumplimiento de la sentencia. “Rajoy ha tomado partido por los intereses de Catalunya, y con esa posición se ha situado al margen de la ley y de la justicia para dilatar la entrega”, dijo.

Con ese posicionamiento, el ministerio “ha dado carta de naturaleza y ha entregado una bombona de oxígeno” a la Generalitat en su “intento de no cumplir las sentencias”, añadió Pérez, que exigió al presidente del Gobierno “respeto a la legalidad y a la legitimidad de los intereses de Aragón. Nunca nos han apoyado, pero esto es insoportable”.