Publicado: 22.02.2014 13:57 |Actualizado: 22.02.2014 13:57

PP y PSOE se ahogan en la corrupción gallega sin asumir responsabilidades

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Centenares de imputados, decenas de ellos políticos de PP y PSOE en Galicia (PPdG y PSdG, en sus siglas autonómicas), desbordan los sumarios de las cuatro grandes operaciones anticorrupción abiertas en Galicia: Pokemon, Carioca, Campeón, Orquesta y Patos, a las que se suman sus correspondientes piezas, fruto de investigaciones que se multiplican infinitamente, como la operación Pikachu, la rama de la Pokemon relativa sólo a A Coruña.

Los líderes de los dos grandes partidos en Galicia, sin embargo, se resisten a asumir responsabilidades políticas por este goteo de corrupción interna convertido ya en un océano que tiene a los gallegos atónitos, además, en un momento de recortes y profunda crisis económica y en donde el objetivo de los presuntos corruptos siempre es el mismo: la comisión de delitos para lucrarse con dinero público.

Ante la gravedad de la situación, el fiscal anticorrupción de Galicia, Carlos Varela, se ha querido hacer eco del malestar ciudadano y ha pedido a los dos partidos que, más allá de las responsabilidades judiciales que se deriven de estos casos, obliguen a sus cargos imputados a asumir responsabilidades políticas, como la dimisión.

De los 13 concejales del PP gobernante en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, diez están imputadosVarela, sin embargo, ha pinchado en hueso ante un presidente de la Xunta (PP), Alberto Núñez Feijóo, y un secretario general del PSOE gallego, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que se limitan a condenar la corrupción de palabra ("Podemos admitir errores, sí, pero no podemos admitir delitos", dice Besteiro)  y a apuntar cambios en las listas municipales para las elecciones de 2015, pero sin hacer ningún gesto contudente ahora. Y ello a pesar de que, concretamente, tres grandes municipios como Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela son un hervidero de presunciones de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo o prevaricación en las personas de los alcaldes de Lugo y Santiago, Xosé López Orozco (PSOE) y Ángel Currás (PP); el primer teniente alcalde de A Coruña y portavoz local, Julio Flores (PP), y en las de sus colaboradores, concejales, técnicos, asesores o funcionarios, en general. Como muestra, decir que de los 13 concejales del PP del Ayuntamiento de Compostela, diez están imputados.

Tampoco la gave corrupción que infesta Galicia encuentra eco en Madrid. Fuentes jurídicas se muestran escépticas con que las cúpulas nacionales de los dos grandes partidos reaccionen ante delitos tan graves. "Más allá de El Bierzo, Galicia no existe. PP y PSOE se protegen entre sí para ignorar una situación al límite", que ha supuesto un auténtico expolio de lo público. La corrupción gallega, sin embargo, extiende sus tentáculos hasta destacados dirigentes nacionales del bipartidismo con origen gallego. Le ocurrió al exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, con el caso Campeón, y aunque finalmente quedó archivada su causa por el Tribunal Supremo, las connotaciones políticas de sus conversaciones y tratos con José Dorribo, el capo de la Campeón, dejaron tocada su imagen pública. 

  Ahora, tal y como informó Público, el número uno de Mariano Rajoy en el Senado, Xosé Manuel Barreiro —también presidente del PP de Lugo— se encuentra en el punto de mira de la justicia gallega por sus contactos y conversaciones con los líderes de la trama Pokemon y responsables de la empresa Vendex, cuyas presuntas actuaciones ilegales tenían como objetivo el prioritario de la corrupción en Galicia: lograr el máximo de concesiones públicas mediante chantaje y sobornos a responsables de la Administración. Como reacción al papel de Barreiro en la Pokemon, el PP se limita al consabido "respeto a las actuaciones judiciales", ignorando las responsabilidades políticas de implicaciones tan graves como las recogidas en los sumarios judiciales.


OPERACIÓN POKEMON: Una macroinvestigación de corrupción pública dirigida por la jueza de Lugo Pilar de Lara que, de momento, se salda con 85 imputados, de los que 14 son políticos. Los alcaldes de Lugo (PSOE), Santiago de Compostela (PP) y O Carballiño, en Ourense (PP), Argimiro Marnotes, están entre ellos, juntos a varios ediles, como el del PSOE coruñés José Nogueira. En septiembre de 2012, De Lara ordenó la detención de los alcaldes de Ourense (PSOE), Francisco Rodríguez, y Boqueixón, en A Coruña (PP), Adolfo Gacio. La derivada coruñesa de la Pokemon -con origen en Lugo- es tan amplia que se ha abierto una pieza separada conocida como operación Pikachu.

OPERACIÓN CAMPEÓN: Investigación centrada en una trama dedicada a captar subvenciones ilegales para las empresas gallegas, que tiene como número uno al empresario lucense Jorge Dorribo. En ella han sido imputados por cobrar de Dorribo presuntos sobornos de hasta 200.000 euros los diputados del PP, Pablo Cobián, y del BNG, el exconselleiro Fernando Blanco. Ambos dimitieron. Está imputado también el alcalde de Lugo (PSOE) y lo fue el exministro socialista José Blanco, aunque su causa fue archivada por el Tribunal Supremo en julio de 2013. Fueron detenidos el director general y el subdirector de Información Especializada del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), dependientes de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP. Fue investigado, asimismo, el secretario general de CDC e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, Oriol Pujol.

OPERACIÓN CARIOCA: Altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía, empresarios, responsables de Extranjería, otros funcionarios, políticos (entre ellos, el subdelegado del Gobierno de Zapatero en Lugo, Jesús Otero),... 84 imputados y 249 tomos de investigación (unos 120.000 folios) es el resultado de una de las tramas más extensas de la corrupción gallega y en la que la citada corrupción pública se entremezcla con delitos de proxenetismo, prostitución o tráfico y violación de derechos humanos, además de las acusaciones al Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba y su número dos Antonio Camacho por haber hecho la vista gorda ante la desprotección de los testigos; muchas de ellas, aterrorizadas prostitutas extranjeras a las que Interior dio con la puerta en la narices a pesar de haber denunciado la trama, según denuncian abogados y responsables judiciales.

OPERACIÓN ORQUESTA: Trama de corrupción pública en la que están implicados 26 políticos, funcionarios y empresarios de la Costa da Morte (A Coruña). De estos 26 políticos, nueve son cargos públicos, entre ellos los alcaldes de Fisterra y Mazaricos (ambos del PP), el de Corcubión (PSOE) y el exregidor independiente de Cee. Esta operación, destapada en 2009, apunta a una presunta red de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales e implica los presuntos delitos ya conocidos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

OPERACIÓN PATOS: Cinco detenidos, libres ya pero imputados; entre ellos, el concejal de Vías y Obras de Nigrán (PP), José Álvarez Valverde, que ya ha recibido el apoyo explícito del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, a pesar de las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias que pesan sobre aquél. Es el resultado de la última operación anticorrupción abierta en Galicia esta semana, que tiene a la empresa Cespa (Ferrovial) en el epicentro y que supuso el registro por parte de las autoridades judiciales de Vigo de dependencias de seis ayuntamientos gallegos: Vigo, Santiago, Ourense, Nigrán, Ponteareas y Pontevedra; en la Diputación Provincial de Pontevedra, en la delegación de la Xunta en Vigo, en el Consorcio del Casco Vello de Vigo y en la Autoridad Portuaria de Vigo.