Los grupos de la oposición en el Senado tienen bloqueadas desde hace casi dos meses casi 7.000 preguntas escritas dirigidas al Gobierno para su contestación. No se trata de un problema burocrático o de saturación de los sistemas administrativos de la Cámara alta. Es mucho más sencillo y, a la vez, más preocupante: las preguntas de la oposición no han sido tramitadas porque el presidente de la cámara, el popular Pío García Escudero, ha estado 50 días sin convocar la Mesa de la institución parlamentaria.

El órgano de gobierno del Senado, con mayoría absoluta del PP, es el encargado de calificar y remitir al Gobierno las preguntas escritas que formulan los senadores para recibir una contestación, también por escrito. Es un trámite meramente mecánico y apenas un número insignificante de preguntas son devueltas a sus autores para su reformulación.

Como norma, para el correcto funcionamiento de la institución parlamentaria, la Mesa debería reunirse una vez a la semana. Entre sus funciones se encuentra decidir el calendario de reuniones plenarias, establecer el orden del día de cada pleno, calificar las iniciativas legislativas y las preguntas escritas redactadas por los senadores y supervisar el funcionamiento administrativo de la institución.

'Es inexplicable la actitud del presidente de la cámara', explican a Público fuentes parlamentarias de la oposición que no encuentran justificaciones a la parálisis que sufre la Mesa del Senado cuya última reunión se celebró el pasado 16 de diciembre. Hasta este martes, cuando el presidente la ha convocado tras las vacaciones parlamentarias: 50 días de inactividad.

En concreto, en estos momentos hay 6.948 preguntas formuladas por los senadores de la oposición que están sin calificar y, en consecuencia, sin ser trasladadas al Gobierno. 'Si se tiene en cuenta que el reglamento establece que el Gobierno tiene, a su vez, un plazo de un mes para remitir su contestación al senador hay que concluir que la labor de control al Ejecutivo por parte de la oposición queda seriamente alterada, muy desvirtuada. Es decir, con esta práctica pueden pasar tres o cuatro meses sin que el senador reciba la contestación por parte del Ejecutivo a una de sus preguntas planteadas. Una vergüenza en una democracia de calidad', denuncian desde el grupo socialista. Una opinión que se comparte desde otros grupos parlamentarios.

La cifra de preguntas 'bloqueadas supone el 15,45% del total de las formuladas a lo largo de los dos años de la actual legislatura, que comenzó en diciembre de 2011. De las 44.960 preguntas registradas por lo senadores en este tiempo han sido respondidas por el Gobierno la mitad. En concreto un 50,63% (unas 22.765 respuestas), un porcentaje calificado como 'bajo' desde la oposición.

Casi una tercera parte de las preguntas (el 31,54%, es decir 14.181 preguntas) se encuentran pendientes por parte del Gobierno, instancia que en no pocas ocasiones incumple su obligación de remitir a la Cámara la contestación en el plazo de un mes al que está obligado. De hecho, actualmente hay 702 preguntas (un 1,56%) que se convierten en preguntas orales para ser planteadas en la comisión correspondiente al haber superado un peculiar 'silencio administrativo' por parte del Ejecutivo.

Desde la oposición se califica como 'grave' la ausencia de reuniones de la Mesa del Senado porque 'conlleva un deterioro de la actividad parlamentaria'. Así, conocedores de las prácticas internas de la Cámara alta estiman que 'desbloquear' el tapón de casi 7.000 preguntas no se realizará en una única reunión del órgano de gobierno de la cámara. 'Por muy rápido que trabajen los servicios jurídicos el atasco tardará al menos un mes en aligerarse, periodo en el que seguirán entrando preguntas por escrito; en resumen, un deterioro serio de la calidad democrática', agregan las citadas fuentes.

Desde los grupos de la oposición se ha denunciado a la Presidencia de la Cámara Alta este estado de cosas en las últimas semanas, pero la respuesta siempre ha sido la misma: dar largas y restar importancia con la excusa de las vacaciones parlamentarias y el hecho de que el mes de enero sea considerado inhábil para el trabajo parlamentario. De hecho, en esos casi dos meses de parálisis, la Cámara alta tan solo ha celebrado una reunión de su Diputación Permanente (la semana pasada) en la que la mayoría absoluta del PP denegó la petición de celebrar un pleno extraordinario. Hasta la semana próxima no se reanudará la actividad normal: 54 días sin plenos.