Publicado: 30.10.2014 15:37 |Actualizado: 30.10.2014 15:37

El presidente de la Diputación de León recurrió a la red Púnica para perpetuarse en el cargo

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Prisión incondicional y sin fianza. El juez central de instrucción 6 Eloy Velasco ha enviado a la cárcel este jueves al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, quien utilizó la red de la trama Púnica para perpetuarse en el cargo. Llevaba sólo cinco meses en el cargo en sustitución de la asesinada Isabel Carrasco.

En el auto de prisión, el juez Velasco detalla que Marcos Martínez Barazón habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al conseguidor Alejandro de Pedro "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".Además, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

Según Velasco, "es una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos"

El juez envía también a prisión sin fianza al conseguidor Alejandro de Pedro, detenido también en la Operación Púnica, una trama de sobornos a políticos y funcionarios creada a cambio de contratos de obras y servicios públicos, con comisiones del 3%.
De Pedro Llorca era además creador de perfiles digitales de altos cargos del gobierno de la comunidad de Madrid por medio de facturas falsas con la ayuda del jefe de Informática de la autonomía.

El tercer detenido en declarar este jueves, el empresario José Luis Huerta, podrá eludir la cárcel si deposita una fianza de 300.000 euros. Huerta es administrador de la empresa Waiter Music que gestionó fiestas de Alcalá de Henares gracias a contratos adjudicados sin publicidad por valor de 425.000 euros.La Fiscalía Anticorrupción había pedido la prisión incondicional sin fianza para todos ellos.

También tiene previsto pedir esta medida para Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia y Justicia, y David Marjaliza, presuntos cabecillas de la red. Serán los últimos en declarar, posiblemente mañana.Por otra parte, los alcaldes de Parla -José María Fraile, PSOE- y Torrejón de Velasco - Gonzalo Cubas, PP- quedarán hoy libres tras pagar una fianza de 60.000 euros. También ha depositado la fianza de 25.000 euros requerida Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" Marjaliza. El juez ha librado los correspondientes mandamientos de libertad a la prisión.

La trama amañaba contratos públicos a adjudicar a empresas a cambio de comisiones que se pagaban a ediles y funcionarios. Cofeli, filial de GDF Suez, figura en el epicentro del escándalo. El dinero de las comisiones era colocado en bancos suizos. Las investigaciones realizadas "han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza, retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación", según el auto del juez Velasco dictado el miércoles por la noche.

El juez Velasco describe a esta red como "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos" en beneficio de sus integrantes.

Los contratos se plegaban a los intereses de los investigados, hasta el punto de que se crearon facturas falsas y se falsearon informes técnicos.
Todos ellos están considerados autores de supuestos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, utilización de información confidencial y revelación de secretos.

Permanecen en la prisión de Soto del Real, cercana a Madrid, tres de los detenidos que declararon ayer ante el juez.


http://www.quoners.es/q/trafico-influencias