MADRID.- No se encontraba bien, no estaba en condiciones anímicas para declarar. El empresario Alejandro de Pedro, considerado el"conseguidor" de contratos de la trama de corrupción descubierta en el caso Púnica, no ha querido declarar ante el juez instructor, quien mantiene la causa secreta. De Pedro ha aportado este jueves certificados médicos que acreditan su situación psicológica, según fuentes jurídica.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, le ha retirado el pasaporte a petición de la fiscalía, como medida cautelar ante su negativa a declarar. De Pedro continúa con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado central de instrucción 5, medida cautelar que le fue impuesta en octubre pasado, cuando compareció por primera vez ante el juez después de ser detenido.

De Pedro está imputado por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad y fraude fiscal, al lograr contratos de administraciones públicas para su empresa, centrada crear imagen positiva dentro de buscadores y redes sociales de empresas y personas. El juez lo había citado para que justificara los trabajos de su compañía, que con un número reducido de trabajadores logró numerosos contratos con administraciones públicas de León, Madrid y Murcia, además del Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, quien ha tenido que declarar también en la causa.

En cambio, el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario Utrilla, ha optado por declarar como imputado ante el juez Velasco. El martes perdió su condición de aforado ya que ha dejado de ser parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Contrato millonario para Suez

Utrilla ha respondido a preguntas del juez sobre los pormenores del mayor contrato de la trama: una adjudicación de eficiencia energética que llevó a cabo su hermano, concejal de Móstoles (Madrid), y por importe de 72 millones de euros.

La beneficiaria fue la multinacional francesa Suez, a través de Cofely, su filial en España. El juez quería saber la razón por la cual se iban a destinar 240.000 euros a Móstoles, según consta en el sumario. Se sospecha que dicha cuantía podría formar parte de una presunta ‘mordida’ de la trama. Por esta causa está imputado su hermano Alejandro, que era el concejal de Medio Ambiente de Móstoles.

Utrilla ha negado cualquier trato de favor a la empresa y ha sido puesto en libertad, con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

El alcalde de Moraleja de Enmedio y su mujer

Por la mañana han declarado otros dos imputados en el caso y que fueron detenidos el miércoles: Carlos Estrada, el alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio (Madrid) y su pareja, la técnico municipal Teresa Martín.

Ambos han quedado en libertad sin fianza, aunque tienen la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado. Se les imputan delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, por contratos supuestamente irregulares que adjudicó su ayuntamiento a la empresa Cofely.

El próximo jueves declarará el líder de la trama David Marlajiza, empresario y amigo del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, encarcelado por esta causa, así como José Miguel Moreno, exdiputado madrileño y exalcalde de Valdemoro.

A mediados de mes está prevista la declaración de Salvador Victoria, sucesor de Granados en el gobierno madrileño, así como de Lucía Figar, consejera de Educación hasta las últimas elecciones autonómicas.