En medio de un escenario rocambolesco de incertidumbre política, el Gobierno de Susana Díaz acaba de garantizarse sin mucha dificultad un año más de estabilidad en Andalucía. El martes pasado, mientras el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso votaba en contra de la iniciativa de Ciudadanos contra el secesionismo catalán, esos mismos partidos en Andalucía cerraban con sigilo el acuerdo sobre los Presupuestos Autonómicos para 2018.

El PSOE y Ciudadanos, socios de investidura desde el inicio de esta legislatura, firmaron el miércoles un acuerdo para bajar el impuesto de sucesiones y donaciones, ampliando la exención fiscal a los andaluces que reciban herencias de un millón de euros. Este acuerdo allana la aprobación de los Presupuestos Autonómicos para 2018, los que a todas luces serán las últimas cuentas pactadas de esta legislatura. “El horizonte está despejado”, sentenció Díaz.

El pacto presupuestario andaluz ha llegado este año más pronto que nunca. La Junta tenía hasta el 31 de octubre de plazo legal para aprobar el anteproyecto de ley de presupuestos, pero se decidió comunicar el acuerdo en la mañana del martes pasado, un día complicado para anunciar la ley más importante del año, porque a esa hora se estaban practicando registros y detenciones de cargos públicos de la Generalitat vinculados al referéndum ilegal de autodeterminación en Catalunya.

El pacto entre el Gobierno de Díaz y Ciudadanos quedó eclipsado, una circunstancia sorprendente de la que se han hecho dos lecturas: la primera es que Díaz precipitó el anuncio del acuerdo presupuestario precisamente para contrastar la estabilidad política y económicas que reina en su comunidad al convulso escenario político que se vive en otras partes de España, principalmente en Catalunya, pero también en el Congreso de los Diputados.

El día antes, el PSOE de Pedro Sánchez había votado contra la proposición no de ley de Ciudadanos que brindaba su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto catalán, sin embargo, cuatro diputados susanistas -tres de ellos andaluces- rompieron la disciplina de voto “por error”, y se abstuvieron. Hay quien cree que no fue sólo un error, porque al mismo tiempo Díaz estaba cerrando el pacto presupuestario con Ciudadanos en Sevilla, y no le interesaba aparecer enfrentado a sus socios en Madrid. De hecho, esta semana el Parlamento andaluz debatirá la misma proposición no de ley que el partido naranja presentó en el Congreso, y los socialistas previsiblemente le darán su apoyo, al contrario de lo que ocurrió en Madrid.

La segunda lectura sobre por qué Susana Díaz dejó que las detenciones en Catalunya eclipsaran el pacto presupuestario andaluz es que precisamente buscaba eso. El pacto se ha desbloqueado porque el Ejecutivo de Díaz ha tenido que aceptar, finalmente, una rebaja fiscal a las familias más ricas de Andalucía, una demanda reiterada tanto de Ciudadanos como del PP, de la que los socialistas llevaban tres años renegando.

Según esta lectura, la presidenta confiaba en que el ruido catalán amortiguaría la noticia de que al final, pese a haber criticado mucho el dumping fiscal del Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes, la sevillana se había plegado a las demandas de la derecha. El impuesto de sucesiones prácticamente ha pasado a la historia en Andalucía, aunque la Junta asegura que no los ingresos que dejará de percibir no se detraerá del gasto social.

Ha sido una pequeña victoria para la derecha. Pequeñas en términos económicos, porque la exención fiscal sobre el impuesto de sucesiones a herencias de un millón de euros sólo benefició a 200 familias el año pasado, y apenas tendrá impacto en las cuentas de 2018: unos 83 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Hacienda, un pellizco ridículo en un presupuesto total que superará los 33.000 millones.

Sin embargo, en términos políticos la victoria de Ciudadanos es mucho mayor. La formación de Rivera, que en Andalucía está pilotada por Juan Marín, ha doblegado “el discurso ideológico” del PSOE, que hasta ayer defendía el impuesto de sucesiones porque gravaba a los más ricos -desde ayer dice que “a los más millonarios”-, y ha vencido la partida al PP, que había hecho casus belli para eliminar esta tasa desde hace 20 años. Ciudadanos, en tanto llave del Gobierno de Díaz, amenaza con seguir robándole espacio electoral a los populares, que comparten políticas y discurso pero tienen las manos atadas en la oposición.

Más fondos para Salud y Educación

El pacto presupuestario en Andalucía tiene una fuerte carga política, porque consolida la buena relación entre el PSOE de Susana Díaz y el partido de Albert Rivera más allá de este mandato, un vínculo de confianza que los socialistas no consiguieron ni con sus socios del Partido Andalucista (PA) en los noventa, ni con Izquierda Unida (IU) la legislatura pasada. Lo dijo con claridad el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez: “Este acuerdo no sólo vale un presupuesto. Permite culminar una legislatura”.

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad en garantizarse el presupuesto del año que viene, lo que permitirá a la Junta hacer políticas de larga distancia y ofrecer estabilidad a los futuros inversores.

El Gobierno de Díaz es el primero que amarra los Presupuestos autonómicos del año que viene, un mes y medio antes de la fecha tope legal para presentar el anteproyecto de ley (31 de octubre), lo cual da una idea de la comodidad con la que gobiernan los socialistas junto a C´s. La relación entre ambos está consolidada, apenas ha habido fricciones en estos tres años, gracias a que la formación de Rivera mantiene a raya las presiones del PP por la derecha, y a que la propia Díaz da la espalda a los grupos de la izquierda, Podemos e IU.

Las encuestas vaticinan que la composición actual del Parlamento no va a variar demasiado, y todo apunta a que PSOE y C’s volverán a necesitarse tras los comicios de 2019. Esta vez podrían formar gobierno de coalición, ya que el grupo naranja ha adelantado su intención de entrar en el gabinete.

El Presupuesto andaluz de 2018 se prevé “expansivo”, aumentará entre un 2,6 y un 3,1% respecto al presente ejercicio, en torno a los 35.000 millones de euros, con margen suficiente para recuperar derechos de funcionarios e inyectar más fondos a las políticas sociales.

Uno de los departamentos más beneficiados será precisamente el área del Gobierno más debilitada políticamente: la sanidad pública, que ha sufrido los duros envites de la oposición y las protestas de médicos y pacientes en las calles contra los recortes. El gasto para Salud subirá un 5% -465 millones de euros más-, en especial la inversión para la Atención Temprana, que crece un 44% más.

Le sigue la inversión para Educación, que aumenta un 3% -200 millones más-, y el gasto para Dependencia también crecerá un 2,2% -unos 25 millones más-.Las cuentas del año que viene introducen por primera vez una partida para la Renta Mínima de Inserción (198 millones), un proyecto frustrado del pacto PSOE-IU en la anterior legislatura. No es mucha inversión, pero ofrece una pátina izquierdista al Gobierno de Díaz. La Junta también prevé anunciar un nuevo aumento salarial a los 250.000 empleados públicos, que recuperarán en sus nóminas lo que han ido perdiendo durante los años de crisis.

Esto, sin embargo, va a depender mucho de lo que haga el Gobierno de Rajoy en los próximos días. Andalucía ha cuadrado sus cuentas para 2018 computando la jornada laboral de los empleados públicos en 35 horas semanales, y no en 37,5 horas, como implantó el Ejecutivo central por ley. Díaz restituyó las 35 horas el pasado 1 de enero, pero Rajoy recurrió la medida cuando llevaba seis meses en vigor -también la había recurrido antes en Extremadura y País Vasco- y el Tribunal Constitucional ordenó su suspensión.

Si se revierte la jornada de 35 horas, 7.000 empleos públicos andaluces (la mayoría sanitarios y profesores) están en juego. No obstante, la Junta confía en que el Ministerio de Hacienda llegue a un acuerdo con los sindicatos para implantar la jornada de 35 horas en toda España, evitando así que el Constitucional paralice la medida en Andalucía.