Del 21 al 10%. Esa es la bajada que vivirá el IVA del cine si se llegan a aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018. Así lo ha prometido el ministro del ramo, Iñigo Méndez de Vigo, que ha querido restar importancia al retraso en la aprobación de las cuentas. Es más, se mostró convencido de que lograrán un acuerdo con el resto de formaciones políticas, al menos, las que contribuyeron con sus votos a la aprobación del techo de gasto, para ello.

El titular de Educación bromeó incluso con sus esperanzas de no ser abucheado esta noche en el Festival de Cine de Donosti gracias a su anuncio que, con toda seguridad, será bien recibido en la industria cinematográfica. Pero también pretendía dar una muestra de confianza después de que el PNV amenazara con no apoyar, esta vez, los PGE.

Pese al cruce de declaraciones que obligó al ministro de Hacienda a aplazar al menos una semana la presentación de las cuentas para el próximo año, el portavoz del Ejecutivo quiso restar importancia al rifirrafe con el partido vasco. "No hay escollos con el PNV", aseguró Méndez de Vigo alegando que sería injusto" dejar la responsabilidad de los PGE sólo en una formación. De hecho, recordó que para aprobar las cuentas del 2017 el PP necesitó el apoyo de hasta ocho grupos parlamentarios. "Se trata de una negociación difícil y lo que me consta es que el ministro de Hacienda necesita más tiempo para llegar a un acuerdo", zanjó.

Sin embargo, no parece que la formación vasca vaya a cambiar de opinión de aquí en una semana. El PNV dejó la puerta abierta a la negociación, pero también advirtió a Mariano Rajoy de que si se excedía en sus medidas para frenar el referéndum independentista de Catalunya, no podría contar con ellos. Esa línea roja se rebasó con la detención de 14 cargos de la Generalitat que, pese a que este viernes han sido puestos en libertad, siguen teniendo cargos en sus espaldas. 

Además, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha enviado "refuerzos" a Catalunya. Se desconoce aún el número de agentes de Policía y Guardia Civil que se han desplazado como "apoyo" para los Mossos d'Esquadra (Méndez de Vigo negó que se trate de "desconfianza" del Gobierno hacia el cuerpo catalán), pero sí la excusa que el Gobierno ha empleado para justificar esta medida. "Ante las movilizaciones tumultuarias de estos días, para garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes, el Gobierno decide desplazar unidades de refuerzo para apoyar a los Mossos", argumentó el portavoz de Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Precisamente ese el término utilizado en el Código Penal para definir el delito de sedición. "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales", reza el texto de la normativa. 

No obstante, Méndez de Vigo quiso echar balones fuera y dejó en manos de la Fiscalía General del Estado la posible imputación de cargos de la Generalitat por dicho delito de sedición. "Es el fiscal general del Estado quien instará a las medidas oportunas", concluyó. Justo después de terminar su rueda de prensa, se conocía que el departamento que dirige José Manuel Maza ya ultima esa posibilidad.