La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el órgano que sustituye a los plenos en periodos de vacaciones parlamentarias, ha vivido este martes por la tarde un debate un tanto surrealista: polemizar con argumentos de todo tipo sobre una iniciativa del Gobierno cuyo texto desconocen formalmente los miembros de la Cámara Baja, como es el anteproyecto elaborado por el ministro Gallardón para reformar la actual legislación sobre el aborto.

Lo han reconocido varios diputados que han intervenido sobre este asunto. Pese a que de momento el anteproyecto de ley todavía tardará en tomar forma articulada y entrar en la sede parlamentaria, su anuncio ha provocado toda una polémica social como no ha conocido otra el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Prácticamente todos los intervinientes, salvo la portavoz del grupo popular, Sandra Moneo, han asegurado que la iniciativa de Gallardón era innecesaria y no responde a una demanda social.

El hecho es que en este primer debate sobre este polémico asunto -en realidad no ha habido un cruce de argumentaciones, tan solo una exposición continuada de las respectivas posiciones de cada grupo parlamentario- el grupo parlamentario popular se ha quedado solo en la defensa intelectual del anteproyecto presentado por el ministro Gallardón. El resto de los grupos ha criticado con duras descalificaciones la iniciativa, que incluso ha generado tensión en las filas del propio partido conservador.

La intervención de la diputada Moneo ha sido seguida en silencio por sus compañeros de grupo sin las habituales muestras de apoyo que suelen manifestarse en temas polémicos, aunque al final ha recibido un aplauso generalizado. Con todo, la vicepresidenta de la Cámara Baja, Celia Villalobos, que ha solicitado libertad de voto en el grupo parlamentario para cuando la iniciativa gubernamental llegue a la sede parlamentaria, ha estado ausente en la mayor parte de este debate, incluida la intervención de su compañera.

La portavoz socialista en esta sesión, Elena Valenciano, ha lanzado duras críticas. 'Jamás la derecha española ha defendido la libertad sexual de las mujeres', ha sentenciado tras señalar que esta iniciativa 'nos traslada por un túnel del tiempo a más de 30 años atrás'. 'Retiren ese vergonzoso y abiertamente machista proyecto', ha exclamado finalmente. Valenciano también ha criticado la fórmula de acumulación en un solo debate las numerosas peticiones de comparecencias de varios miembros del Gobierno - la vicepresidenta y las ministros de Justicia y Sanidad -, así como la de la celebración de un pleno para debatir expresamente la retirada del anteproyecto legislativo anunciado por el Ejecutivo.

El resto de la oposición ha mostrado también su rechazo a la iniciativa del ministro Gallardón, quien ha sido objeto de no pocos calificativos críticos, especialmente por parte de la portavoz de La Izquierda Plural, María García, quien ha denunciado que la iniciativa responde a la derecha más extrema y clerical española. Incluso el diputado Joan Tardá, de ERC, ha llegado a decir en defensa de la actual legislación que 'es la ley de la que más orgullosos estamos de haber pactado con el partido socialista en la anterior legislatura'.

Incluso la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que recordó su voto contraria a la ley actual en 2010, criticó el contenido del anteproyecto de Gallardón porque, afirmó, 'estamos en contra de las formas en las que se ha elaborado y en los contenidos anunciados, sobre todo sin un debate abierto porque afecta a toda la sociedad'. Tan solo el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, perteneciente a Unió Democràtica de Catalunya, uno de los dos partidos de la coalición nacionalista catalana, ha dicho que 'por coherencia ideológica' no votaría a favor de uno de los puntos sometidos a votación, el de la petición de retirada de la iniciativa que planteaban los socialista. Así y todo explicó que esperaba que el anteproyecto mejorase sus contenidos en el debate parlamentario.

El resultado de los debates era el previsible, ya que la mayoría absoluta del PP hace imposible que prospere cualquier petición sin su acuerdo. Pues bien, formalmente ni una de las peticiones de la oposición fue admitida, aunque el PP respaldó las comparecencias en sesiones extraordinarias de sus respectivas comisiones de los ministros de Industria, José Manuel Soria, para explicar la polémica subida de la tarifa eléctrica, y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para explicar la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) porque lo han solicitado previamente ' a petición propia'.

Finalmente, la Cámara Baja celebrará un pleno extraordinario los próximos días 22 y 23 de enero en cuyas sesiones el presidente del Gobierno explicará los resultados del Consejo Europeo de la UE celebrado el pasado mes de diciembre en Bruselas y se tramitarán varias convalidaciones de iniciativas gubernamentales. La única concesión del PP y del Gobierno para el periodo de vacaciones parlamentarias - entre el pasado 19 de diciembre y el próximo11 de febrero - consiste en que en la sesión del pleno en la mañana del día 22 habrá control al Ejecutivo con preguntas al presidente Rajoy y a los ministros.