ALICANTE.- La sección décima de la Audiencia de Alicante ha impuesto sendas penas de dos años de cárcel a una funcionaria de Hacienda y un asesor fiscal por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en lo que constituye la primera condena en la veintena de ramas del llamado caso Brugal.

El caso Brugal surgió hace casi una década a partir de unas supuestas irregularidades en la concesión de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela, pero la investigación posterior, con multitud de escuchas telefónicas, dio pie a casi una veintena de piezas separadas, como la fallada ahora.

La sentencia, hecha pública este lunes, avala además por primera vez la legalidad de varios pinchazos telefónicos efectuados por la Policía Nacional en el marco de este sumario por supuesta corrupción, legalidad que la mayoría de las defensas viene poniendo en duda.

El tribunal ha declarado probado que la funcionaria de la Agencia Estatal Tributaria Angélica Ch.E., destinada en el departamento de Discrepancias de Renta de la delegación de Alicante, facilitó en julio de 2007 al otro acusado, Jorge S.S., datos fiscales reservados "que no estaba autorizado a conocer" sobre el empresario Ángel Fenoll y sus empresas.

En concreto, comunicó al asesor información relacionada con "ingresos a efectos de la declaración de IRPF", participación en mercantiles y operaciones del industrial oriolano y su mujer, si bien no burló para ello medidas de seguridad de la AET ni tampoco se ha podido probar que desvelase datos de una inspección fiscal.

Fenoll es uno de los principales encausados del caso Brugal, que se desgajó en su día en una veintena de piezas separadas, entre las que destacan las investigaciones sobre la recogida y tratamiento de residuos en Orihuela y su comarca (Vega Baja) y otra centrada en el antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

En la primera están imputados Fenoll, el expresidente de la Diputación y del PP alicantino José Joaquín Ripoll y la exalcaldesa popular de Orihuela Mónica Lorente, junto con varios de sus antiguos concejales.

En las diligencias del PGOU están imputados, entre otros, el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes del PP de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, quien dimitió a raíz de su imputación judicial.