Todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, a escasas horas -o días- de que se conozca íntegramente la sentencia por la que previsiblemente condenará por un delito de sedición a la mayoría de dirigentes independentistas del procés, pero el laberinto judicial del procés es alargado. El fallo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal contra la cúpula del procés será el primero de varios, y sin duda será tenido en cuenta, si bien distintos juzgados y tribunales tienen entre manos decenas de causas relacionadas con esta cuestión.

La previsible euroorden contra Carles Puigdemont

Todo apunta a que la previsible condena a los 12 dirigentes acusados ante el Supremo servirá al juez Pablo Llarena para reclamar la detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, y del resto de exconsellers huídos -a los que se unen Marta Rovira y Anna Gabriel, aunque las dos residen en Suiza, y en este país no funciona la euroorden-. 

Después de la previsible y preceptiva petición por parte de Fiscalía, se espera que el magistrado Llarena -también del Supremo- emita la correspondiente euroorden. El varapalo de la Justicia Alemana, que rechazó la extradición de Puigdemont por no ver indicios de que hubiera cometido un delito de rebelión, sigue fresco en la memoria del Ministerio Público, como reconoció recientemente el fiscal Javier Zaragoza. Con una sentencia firme del Supremo por sedición, Llarena tendrá menos dificultad para reclamar la detención de Puigdemont para que sea juzgado.

El juicio al major Trapero y la cúpula de los Mossos

Por otro lado, a partir del 20 de enero de 2020 la Audiencia Nacional tiene previsto juzgar al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, al mando de la policía catalana en el otoñó del procés.

La sentencia del Supremo es importante también en relación a este punto, ya que uno de los debates recurrentes durante la vista oral tiene que ver con el rol adoptado por los Mossos: si cumplieron la ley, si se pusieron de perfil ante la hoja de ruta del Govern, o si realmente trabajaron para frustrarla, especialmente en la jornada del referéndum del 1 de Octubre de 2017. 

Como Trapero, en el banquillo se sentarán la intendente Teresa Laplana y los comisarios Pere Soler y César Puig, todos ellos procesados por sedición y organización criminal. No obstante, el Ministerio Público reclama hasta 11 años de cárcel para Trapero por rebelión, y supuestamente el Supremo ya ha descartado que se produjera este delito.

La Mesa del Parlament

En diciembre, el Supremo accedió a las peticiones de las defensas de 6 de los procesados en la causa de la cúpula del procés y accedió a que fueran juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, todos ellos acusados de desobediencia. Son cinco miembros de la Mesa del Parlament que participaron en la tramitación de las leyes de desconexión, y a ellos se suma la exdiputada de la CUP Mireia Boya. La desobediencia, no obstante, no supone penas de cárcel. 

Las cargas del 1-O

A más de 600 kilómetros del Salón de Plenos del Supremo, donde tuvo lugar el juicio del procés, hay decenas de causas abiertas en distintos juzgados catalanes en relación a las cargas policiales del 1-O. En noviembre de 2018, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, informó al Parlament de que entonces había abiertas cerca de 90 causas relacionadas con diversos aspectos del procés en distintos juzgados. El TSJC no ha aportado nuevas cifras, pese a las reiteradas consultas de Público.

Uno de los casos más conocidos es el del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que centraliza los casos de violencia policial que se dieron el 1-O en la ciudad. También hay otras causas abiertas por la supuesta pasividad de los Mossos. 

Eso, sin olvidar la causa contra otros mandos del procés, en este caso en manos del Juzgado 13 de Barcelona. En abril procesó a una treintena de personas por 
 contribuir "de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum”. Previsiblemente, la sentencia también acotará lo ocurrido el 1-O, al menos en parte.

Todo ello, además, sin olvidar el juicio pendiente contra el president de la Generlitat, Quim Torra, por rechazar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos -en solidaridad con los presos independentistas- de las fachadas de las sedes de instituciones públicas catalanas. 

El volumen de causas abiertas confirma lo evidente: el fallo del Supremo marcará un antes y un después, pero la salida del laberinto judicial del procés no se divisa.