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Procés El TSJ de Catalunya envía todas las causas del ‘proces’ al Supremo

Remite al alto tribunal la investigación abierta al Govern cesado por el 1-O y eleva una exposición razonada al juez Llarena para acumular allí la querella contra los líderes municipales Neus Lloveras y Miquel Buch.

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Imagen de archivo del edificio del TSJCat en el juicio contra Artur Mas. EFE/Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSCat) ha enviado las dos últimas causas sobre el ‘procés’ que instruía al Tribunal Supremo, con el fin de acumularlas en la investigación abierta contra 28 líderes independentistas por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

La magistrada Mercedes Armas, instructora de la querella de la Fiscalía por la convocatoria del referéndum ha remitido la pieza abierta en el TSJCat contra varios miembros del Govern de Carles Puigdemont.

Esta causa arrancó con la querella presentada por la Fiscalía el 8 de septiembre por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos contra los miembros del Govern que firmaron el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La querella se acumuló a una causa previa abierta contra la consejera Meritxell Borràs y el secretario de su departamento, Frances Esteve, por convocar un concurso para la compra de urnas para el 1-O.

La magistrada Mercedes Armas ha adoptado esta decisión después de que así lo solicitara Pablo Llarena, el instructor de la causa abierta en el Supremo contra miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

De esta manera todos los miembros del ejecutivo cesado de Puigdemont dejan de ser investigados en el TSJCat, para pasar al Supremo debido a la conexión que existe entre las diversas causas abiertas al ‘procés’.

Por su parte, el magistrado del TSJCat Jordi Seguí, ha elevado una exposición razonada al Supremo donde pregunta a Llarena si asume también la querella de la contra Neus Lloveras y Miquel Buch, los presidentes respectivos de la Asociació de Municipis per la Independencia y de la Asociació Catalana de Municipis.

Lloveras y Buch eran investigados en el TSJCat por desobediencia continuada al dirigirse a los alcaldes catalanes para que cedieran locales para el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Constitucional y que luego fue declarado ilegal. También pidieron a los ediles que se implicaran en la campaña en favor del ‘sí’ a la independencia. La querella recayó en el TSJCat porque Lloveras estaba allí aforada al ser entonces diputada autonómica.

Más de 30 causas abiertas por el 1-O

En Catalunya, los juzgados de instrucción de todas las provincias siguen investigando más de 30 causas abiertas por los incidentes ocurridos en la jornada del 1 de octubre de 2017, entre denuncias de agresiones, daños, así como por delitos de odio y de revelación de secretos por el uso irregular del censo electoral.

Además, el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ultima la investigación sobre la organización del 1-O que fue abierta a comienzos del año 2017 y donde se detuvo a Josep María Jové, el número 2 del líder de ERC Oriol Junqueras. El registro judicial a su despacho originó que una multitud de 40.000 personas bloqueara la consellería de Economía y es uno de los incidentes que apuntalan el supuesto delito de rebelión que se instruye en el Supremo.

Por último, la juez de instrucción 15 de Barcelona, María Concepción Cantón, prosigue la investigación sobre los cinco miembros que ejercían de Junta Electoral para supervisar el referéndum suspendido del 1 de octubre.

Los miembros de la llamada Sindicatura Electoral son investigados por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones -la supervisión es competencia de la Junta Electoral Central- y malversación por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum cuando ya había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Los integrantes de la sindicatura electoral se disolvieron después de que el 21 de septiembre el TC les comunicara una multa diaria de 12.000 euros si no cesaban en sus funciones.