Publicado: 08.12.2015 19:29 |Actualizado: 10.12.2015 07:00

LOS PROGRAMAS | CORRUPCIÓN

Podemos quiere prohibir las puertas giratorias y C's los aforamientos

El PSOE plantea que los imputados en casos de corrupción no puedan ser indultados, mientras que Unidad Popular aboga por inhabilitar a los corruptos durante treinta años

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El extesorero del PP Luis Bárcenas, presunto responsable de la caja b del partido. / EFE

El extesorero del PP Luis Bárcenas, presunto responsable de la caja b del partido. / EFE

El programa del Partido Popular es blando con la corrupción y carece de novedades de calado. No plantea suprimir los aforamientos, como hace Ciudadanos, sino reducirlos, e invita a sus cargos a suscribir una Declaración de Compromiso para que dimitan en caso de estar encausados en un proceso con apertura de juicio oral. 

El PSOE, por su parte, quiere prohibir los indultos a los imputados en casos de corrupción, mientras que los partidos a su izquierda son más severos: Podemos aboga por prohibir las puertas giratorias y Unidad Popular-Izquierda Unida, por inhabilitar a los corruptos durante treinta años.

Podemos

1.- Uno de los pilares de la reforma constitucional de Podemos es la prohibición de las puertas giratorias y la inclusión de la lucha contra la corrupción en la Constitución.

2.- Realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y de la deuda asociada al déficit de tarifa. Puesta en marcha de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico.

3.- Ejecución de una auditoría de la deuda en el Congreso, pero también una auditoría ciudadana sobre grandes infraestructuras.

4.- Plan integral de lucha contra el fraude. Dentro irán las medidas para acabar con el secretismo sobre los titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales o la eliminación de las pantallas tributarias.

5.- Ampliación a diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales y tipificación del delito a partir de 50.000 euros defraudados, en vez de los actuales 120.000.

Podemos propone bajar los salarios a los parlamentarios para que no sean superiores a los de los funcionarios

6.- Limitación de privilegios de los cargos y excargos electos (diputados y senadores): bajada de salarios para que no sean superiores a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, revisión de complementos salariales y derogación de las pensiones de oro.

7.- Ampliación de la Ley de Transparencia. Aprobación de un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional y puesta en marcha de la Ley de Paredes de Cristal que afecte a la actividad parlamentaria.

8.- Reforma de los procedimientos de contratación pública: eliminación de procedimientos negociados sin publicidad e introducción de criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en los pliegos de condiciones, así como la participación ciudadana.

9.- Introducción de la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito de los altos cargos. Incorporación de delitos agravados de prevaricación administrativa en contrataciones públicas, y de cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos políticos.

10.- Nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíba o limite "severamente" el endeudamiento bancario. Prohibición de donaciones de bienes inmuebles que excedan el límite establecido para donaciones monetarias, y publicación de la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5.000 euros al año.

11.- Elección directa del Consejo General del Poder Judicial por parte de la ciudadanía, entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional.

12.- Derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como Ley Berlusconi, que limita a un máximo de entre seis y dieciocho meses las fases de instrucción.

13.- Prohibición de los productos financieros altamente especulativos. Aplicación de una tasa Tobin y estudio de un impuesto global sobre la riqueza.

PSOE

1.- Prohibir el nombramiento y obligación de cese de altos cargos en todas las Administraciones Públicas de quienes estén incursos como procesado/imputado una vez abierto juicio oral por algún delito contra las Administraciones públicas.

2.- Suspender a concejales y parlamentarios que se hallen incursos como imputados/procesados en un juicio oral por algún delito contra las Administraciones Públicas.

3.- Revisar las causas legales de prohibición de contratación con las Administraciones Públicas.

4.- Prohibición de contratar con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales.

5.- Prohibir los indultos a todos aquellas personas imputadas en casos de corrupción.

El expresidente del Gobierno Felipe González fue consejero de Gas Natural Fenosa. / EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González fue consejero de Gas Natural Fenosa. / EFE

Partido Popular

1.- Todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de Compromiso con obligación de dimisión y suspensión de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción. Obligatoriedad de cese en el cargo para los altos cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral.

2.- Reducción de aforamientos.

3.- Potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción garantizando una rendición periódica de cuentas por parte de su responsable.

4.- Adopción de medidas para proteger a aquellos cuya información haya sido relevante para destapar actividades ilícitas en el ámbito de la Administración.

5.- Regulación y registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.



Ciudadanos

1.- Lucha contra el fraude fiscal: no a la amnistía; hacer que paguen lo que deberían haber pagado quienes se acogieron a ella.

2.- Lucha contra facturas falsas: endurecimiento de las sanciones y fomento del uso de la factura electrónica

3.- Modificación del “delito fiscal”: agilizar el cobro de sanciones pendientes y endurecer las penas de los delitos más graves.

4.- Aumento recursos inspección Hacienda y Seguridad Social.

5.- Protección para los denunciantes dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra contra la corrupción: establecer unidades de investigación donde los ciudadanos y/o empleados públicos puedan denunciar anónimamente irregularidades. Incentivos positivos para los denunciantes, que podrán ser testigos protegidos.

Ciudadanos plantea que los ciudadanos que denuncien y ofrezcan información sobre casos de corrupción puedan ser testigos protegidos

6.- Considerar la imputación formal como causa del cese inmediato de su cargo de libre designación. Las personas que hayan sido imputadas judicialmente por delitos relacionados con la corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos mientras dure esa situación.

7.- Suprimir los aforamientos.

8.- Modificar la ley de indultos.

9.- Puertas giratorias: dotar de verdadera independencia la Oficina de conflicto de intereses. Reforzar la normativa existente en materia de incompatibilidades. Establecer un verdadero régimen de transparencia que permita conocer los intereses públicos que tiene la empresa que contrata a un ex alto cargo o político. Imponer sanciones de forma efectiva y con componente económicos.

10.- Imponer primarias en los partidos políticos. Auditorías externas obligatorias. Prohibir donaciones por parte de personas físicas o jurídicas que tengan relaciones económicas con la Administración. Prohibir donaciones a fundaciones. Responsabilidad patrimonial del partido por las actuaciones de sus miembros, especialmente en casos de corrupción.

11.- Recuperar la meritocracia en los nombramientos públicos.

12.- Contra el “capitalismo de amiguetes”, profesionalizar y despolitizar los órganos de gobierno de todas las autoridades administrativas independientes y reforzar su rendición de cuentas. Rediseñar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los expresidentes andaluces Griñán y Chaves fueron imputados por el caso de los ERE. / EFE

Los expresidentes andaluces Griñán y Chaves fueron imputados por el caso de los ERE. / EFE

Unidad Popular - Izquierda Unida

1.- Aprobación de una ley integral y severa anticorrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito. Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

2.- Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

3.- Ampliación hasta treinta años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos de corrupción.

4.- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

5.- Derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita el plazo de instrucción.

6.- Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

7.- Creación de una Policía Fiscal integrada por unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera.

8.- Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las señaladas en el punto primero. Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.

9.- Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor. Eliminación de los complementos por cargo.

10.- Reforma de la Ley de Incompatibilidades para restringir las posibilidades del paso de cargos ejecutivos a la empresa privada del sector en el que se había ejercido el cargo.