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La próxima legislatura tendrá el mismo número de senadores autonómicos

El PP finalmente da marcha atrás y la Diputación Permanente de la Cámara Alta rechaza por unanimidad reducir el número de escaños territoriales designados por Les Corts Valencianes que perjudicaba a Podemos

Imagen de archivo de un pleno del Senado. EFE

JUAN ANTONIO BLAY

MADRID.- La XII Legislatura que arrancará tras las elecciones generales del próximo 26 de junio contará con el mismo número de senadores territoriales designados por los parlamentos de las 17 comunidades autónomas que la legislatura que acaba de ser disuelta; en concreto son 58. Así lo ha decidido el pleno de la Diputación Permanente de la Cámara alta que ha rechazado una propuesta de sus servicios jurídicos que reducía en un escaño los correspondientes a la Comunitat Valenciana.

Esa reducción perjudicaba a Podemos ya que su senadora territorial, Pilar Lima, era la menos votada entre los seis senadores designados por les Corts Valencianes el pasado 22 de julio tras las últimas elecciones autonómicas. Según el citado dictamen, en la próxima legislatura a la Comunidad Valenciana se le asignaban cinco en lugar de los seis al haber reducido el número de habitantes.

El artículo 69.5 de la Constitución establece que cada comunidad elegirá un senador más otro adicional por cada millón de habitantes. Entre las pasadas elecciones generales y las próximas se ha cambiado el padrón municipal utilizado (el del 1 de enero de 2014 y el del 1 de enero de 2015) que variaba la cifra de habitantes de la Comunidad Valenciana que pasó de poco más de cinco millones a una cifra ligeramente inferior a cinco millones, por lo que debía reducir su representación.

Sin embargo, otro informe solicitado a Les Corts Valencianes argumenta que según el Estatut vigente y las normas electorales propias la elección y designación de los senadores por parte de Les Corts Valencianes mantienen su condición a lo largo de la legislatura autonómica y su mandato no está supeditado a los procesos electorales estatales. Este argumento, que fue respaldado por unanimidad por el pleno de la cámara autonómica el pasado 12 de mayo – incluido el PP valenciano – ha imperado en el debate de este mediodía en la Diputación Permanente de la Cámara alta.

El grupo parlamentario popular, que inicialmente suscribía el informe de la secretaría general del Senado favorable a la reducción de un senador territorial valenciano ha rectificado finalmente. Fuentes parlamentarias ha explicado a público que el temor a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la senadora de Podemos afectado, de su partido de de otra formación política ha pesado en la decisión del grupo conservador.

El debate ha durado apenas media hora, limitándose a las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Todos ellos han reconocido que la calidad técnica del informe de la secretaría general de la Cámara alta como del remitido por Les Corts eran “elevadas”. Pero prácticamente todos han destacado el papel “político” de la decisión y en en consecuencia han apostado por avalar el mantenimiento de los seis senadores territoriales valencianos para la próxima legislatura, los mismos que tenía en la que acaba de disolverse.

Formalmente, los miembros de la Diputación Permanente han rechazado la propuesta planteada por la secretaría general por lo que, según ha explicado el presidente garcía Escudero, se mantiene la que rigió para la anterior legislatura. Dada la unanimidad de las posiciones no ha habido réplicas ni interpelaciones entre los diversos portavoces.

Los representantes socialista y de Podemos, Óscar López e Isabel Mora, ha defendido con fuerza el criterio imperante y además han criticado la “laguna” legal que existe en torno a la discutible capacidad cdel Senado, especialmente desde un órgano limitado como la Diputación Permanente, para aplicar el criterio de cuántos senadores territoriales corresponden designarse para cada legislatura cumpliendo lo fijado por el artículo 69.5 de la Constitución.

Isabel Mora ha criticado que sea una práctica “implantada en 2008” la que rige para este trámite, mientras que en opinión de Óscar López “el Senado no es un tribunal que decida sobre normas, somos el legislativo; es como si los jugadores decidieran qué es penalty y qué no lo es. Hay que cerrar ese vacío legal”. Otros portavoces han empleado similares términos en sus exposiciones.

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