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El PSC propone convertir cada estatuto en la "Constitución de la Comunidad Autónoma"

Los socialistas catalanes plantean una reforma federal de la Carta Magna que "culmine la lógica evolución del Estado de las Autonomías"

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El PSC propone una reforma federal de la Constitución que regule el sistema de financiación de Catalunya y el resto de autonomías en aras de la transparencia y lealtad institucional, al tiempo que aboga por dar 'un nuevo carácter' a los estatutos y se les considere 'Constitución de la Comunidad Autónoma'.

El documento del PSC se titula Por una reforma constitucional federal, consta de 41 páginas y ha sido elaborado por la Fundación Rafael Campalans, bajo la coordinación de Miquel Iceta y con la participación de Carme Chacón, Jaume Collboni, Meritxell Batet, Xavier Arbós, Eduard Roig, Joaquín Tornos y Francesc Vallès. Este documento, según fuentes del PSC, representa el 'punto de partida' desde el que este partido afrontará el debate territorial, tanto a nivel interno como externo, y será presentado oficialmente en Barcelona y en Madrid a nivel político, académico y social.

Los socialistas catalanes creen que 'el federalismo está especialmente indicado para vertebrar Estados que contienen distintas naciones y por eso resulta adecuado para España', de tal forma que sea una herramienta que delimite con mayor precisión que la actual el reparto de competencias entre el Estado y las administraciones territoriales. El PSC aboga por una 'nueva distribución de competencias' en la que éstas 'deriven de la misma Constitución, suprimiendo cláusulas de prevalencia o supletoriedad que eran fuentes de confusión'.

Asimismo, el PSC rechaza 'quedar impasibles' ante la brecha 'cada vez más grande entre catalanes y el resto de españoles' tras la sentencia del Tribunal Constitucional que 'alteró' el Estatut, y propone para luchar contra esta situación una reforma federal de la Constitución que 'culmine la lógica evolución del Estado de las Autonomías'.

Una de las cuestiones más novedosas del documento es su sugerencia de que 'las bases del sistema de financiación y la garantía de un comportamiento transparente y leal de todas las instancias' sean 'funciones que debe asumir la Constitución en un Estado compuesto'. Ante el 'silencio' de la actual Constitución, los socialistas catalanes quieren que la reforma sirva para 'constitucionalizar' cinco conceptos clave de la financiación autonómica, más allá de que luego se desarrolle una ley específica. Estos conceptos son 'suficiencia de recursos', 'solidaridad y ordinalidad', 'bilateralidad y multilateralidad', 'autonomía en la recaudación' y 'corregir las disfuncionalidades'.

El PSC quiere que la Carta Magna recoja el 'principio de ordinalidad', que debería impedir que las 'Comunidades Autonómicas más dinámicas -como Catalunya- pierdan incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto'. También habla de 'solidaridad y suficiencia', de tal forma que la Constitución dibuje 'un sistema transparente y generalmente aceptado que determine el criterio de equidad aplicable y los medios para lograrlo tanto en referencia a la nivelación de servicios como a las políticas de reequilibrio territorial'.

Los socialistas catalanes también tiene claro que debe haber una actuación compartida entre Estado y autonomías en la gestión y recaudación de los impuestos y en la lucha contra el fraude fiscal. De forma más detallada, el documento del PSC sugiere adoptar una 'horquilla' en la distribución de los porcentajes de recaudación de los grandes tributos estatales (IRPF, IVA, etc) entre el Estado y las comunidades teniendo en cuenta en cada caso la dinámica de gasto autonómico y estatal, sobre todo en el terreno social y de inversiones.

El documento recoge lo expresado hasta la fecha por Pere Navarro, primer secretario del PSC, que es contrario al concierto económico que en su día reclamó el Parlament con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA, pero que avala la necesidad de mejorar los recursos que tiene actualmente Catalunya limitando la solidaridad territorial.

La propuesta alude en varias ocasiones a las reivindicaciones soberanistas destacando la necesidad de promover un nuevo consenso constituyente porque, de lo contrario, algunas nacionalidades 'podrían desear iniciar un camino separado'. La propuesta de reforma del PSC no contempla el derecho a decidir de Catalunya, ya que como argumentó Navarro en su día, las constituciones no deben recoger esta cuestión, aunque tampoco prohibirla expresamente.

El documento del PSC es una reflexión amplia que no recoge propuestas concretas de articulado, pero que sí destaca la necesidad de 'reconocer las singularidad de algunas comunidades autónomas al proceder al reparto de competencias'. Así, se plantea reconocer 'competencias diferenciadas', por ejemplo, a Catalunya y el País Vasco en materias como la organización territorial, seguridad, tráfico y circulación, educación (vinculada a la lengua propia), justicia y acción exterior.

El PSC opta por una reforma profunda del actual marco constitucional, hasta el punto que planeta que la definición de España como Estado federal se incluya en el artículo uno de la Constitución y se revise el proceso de reforma de la Ley Fundamental.

En cuanto a la reforma del Senado, y tal como ya se había sugerido en alguna ocasión, el PSC propone convertirlo en un 'Consejo Federal' integrado por representantes de los gobiernos autonómicos, con un número mínimo de tres miembros por cada comunidad, más uno por cada millón de habitantes (Catalunya, por ejemplo, tendría 10 en total y Andalucía, 11).

Sus funciones principales serían aprobar las leyes básicas del Estado, junto con el Congreso de los Diputados, y dirigir las relaciones entre autonomías y el Estado y la Unión Europea (UE). 'La decisión del Senado sobre las leyes que de hecho vienen a delimitar las competencias autonómicas debe reducir drásticamente los conflictos en la medida que son las propias CCAA las que tienen la decisión en el Senado', apunta el documento del PSC.

Este informe también recoge la idea de que el recurso de inconstitucionalidad de los estatutos sea previo a su aprobación definitiva, así como antes del referéndum.