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El PSOE dice que ésta es la peor legislatura en materia de Justicia en España

Denuncia retrocesos en materia de derechos civiles, la imposición de tasas judiciales a las clases más desfavorecidas, la falta de medios y la política de privatización del Gobierno del PP

El secretario de Política Federal, Antonio Pradas. | EFE archivo.

EFE

MADRID.- El secretario de Política Federal y responsable de Justicia en la Ejecutiva del PSOE, Antonio Pradas, ha señalado que la Conferencia Sectorial sobre Justicia de este miércoles es una auténtica "trampa electoral", que "culmina la legislatura más nefasta en materia judicial para la ciudadanía española".

Pradas ha mantenido una reunión previa con los consejeros de Justicia de las comunidades gobernadas por el PSOE que tienen transferida esta competencia, según ha informado su partido en un comunicado.

Durante el encuentro con los consejeros socialistas, Pradas ha acusado al ministro, Rafael Catalá, de "intentar maquillar" con la sectorial "el retroceso vivido en los cuatro años de legislatura con los recortes de derechos civiles, la imposición de tasas judiciales a las clases más desfavorecidas y la falta de medios materiales y humanos".

Según su criterio, el ministro ha convocado esta conferencia por electoralismo, pese a que ya no hay tiempo para desarrollar ninguna de las medidas propuestas, ni previsión presupuestaria para hacerlo.

Así, ha señalado que no será posible el objetivo de "papel cero" en la administración de Justicia con "financiación cero" a partir del próximo 1 de enero y ha argüido que es "un brindis al sol", porque apenas quedan tres meses y no se ha dotado a las comunidades del equipamiento necesario para hacer efectiva esta medida.


También ha calificado de "carente de realismo" la propuesta de ampliación de plazas judiciales y de fiscales, porque no se ha tenido en cuenta la "asfixia económica" de las comunidades mientras el Gobierno se "ha apoderado de casi 600 millones de euros provenientes del cobro de las tasas judiciales".

Ha denunciado asimismo "la política de privatizaciones" que el Gobierno de Mariano Rajoy ha intentado aplicar con los registros civiles y ha advertido de que pretende extenderla a la medicina forense primando a las aseguradoras sobre las posibles víctimas de accidentes de tráfico y otros siniestros

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